El Gobierno esquiva el caso Arnaldo y no se hace cargo de su nombramiento para el TC

El Gobierno está visiblemente molesto con la elección de Enrique Arnaldo como nuevo magistrado del Tribunal Constitucional, pero no abortará su nombramiento este jueves en el Congreso, junto con el resto de magistrados pactados entre PSOE y PP para la renovación del órgano. La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, ha descargado en el PP toda la responsabilidad por su elección, después de que este diario publicase las irregularidades que cometió el candidato propuesto por el PP burlando presuntamente la prohibición de cobrar de dos universidades distintas con la firma de un contrato privado con el centro Cardenal Cisneros que le permitió seguir dando clase hasta este mismo curso. Asimismo, habría infringido el estatuto del Congreso, según ha revelado el diario 'El País', al compaginar su actividad como letrado de la Cámara con la asesoría del Gobierno balear durante la presidencia del popular Jaume Matas.

"Si hay grupos que lo único que pueden ofrecer es esto, quizá la pregunta debería ser para esas formaciones políticas", ha argumentado la portavoz del Gobierno a la pregunta de si seguían considerando a Arnaldo como el más idóneo para ocupar el cargo. "No nos podemos hacer cargo de los nombramientos que proponen otros grupos políticos", ha esquivado Rodríguez. Aunque Arnaldo ha sido propuesto por el PP, los cuatro nuevos magistrados cuyos nombramientos están previstos que ratifique este jueves el pleno del Congreso fueron pactados entre el Gobierno y el principal grupo de la oposición.

Desde el Gobierno justifican el acuerdo y los nombramientos, incluido el de Arnaldo, porque "lo importante es dar cumplimiento al mandato de las leyes, que es renovar los órganos". Eso sí, señalan que "cada grupo ha de hacerse cargo de las propuestas que hace. Nosotros desde el Gobierno lo que pedimos es cumplir el mandato constitucional". Desde el PP consideran que "es Arnaldo quien tiene que dar explicaciones".

El candidato propuesto por el PP vulneró durante años la Ley Orgánica de Universidades para simultanear el cobro de dos salarios públicos, una nómina en el sector privado y la gestión de su propio bufete de abogados. Los hechos, que se habrían prolongado hasta hace unos días, serían constitutivos de una infracción administrativa de carácter muy grave, sancionada con una suspensión de empleo y sueldo públicos de entre tres y seis años. Las formaciones que alcanzaron el pacto constitucional dejan ahora solo al catedrático.

Enrique Arnaldo, catedrático de Derecho Constitucional y profesor en activo de la Universidad Rey Juan Carlos, llevaba más de una década impartiendo clases en el centro Cardenal Cisneros, una institución privada de Madrid adscrita a la Universidad Complutense. En 2011, tenía que haber elegido uno de los dos centros. Sin embargo, el candidato del PP al Constitucional siguió vinculado a la Universidad Rey Juan Carlos —donde continúa en la actualidad— y se mantuvo en nómina del centro privado Cardenal Cisneros, como acredita la abundante documentación a la que ha tenido acceso El Confidencial.

Arnaldo prorrogó esa situación irregular al menos hasta el curso 2014-15. Durante ese año, dio clase en la Universidad Rey Juan Carlos en hasta ocho titulaciones de grado y un curso de máster, en las asignaturas de Derecho Constitucional, Historia del Constitucionalismo Español y Litigación Constitucional. Pese a lo que dictaba la ley, ese mismo ejercicio fue profesor de Derecho Constitucional II en el Grado de Derecho del Cardenal Cisneros. En este centro logró precisamente Pablo Casado su título de Derecho, tras aprobar 12 de las 25 asignaturas de la carrera en apenas cuatro meses.

Esta situación infringe la ley universitaria que estableció en 2007 que un funcionario docente de un centro público no podía impartir clases al mismo tiempo en uno privado. El objetivo era evitar que los profesores de instituciones de la Administración dedicaran una parte de su jornada a otra universidad. Para dar margen a los afectados, la ley concedió un plazo de carencia de cuatro años. A partir del curso 2011, todos los docentes de centros públicos que también trabajaban en el sector privado tuvieron que decantarse por una u otra opción. El artículo 72.3 no dejaba lugar a la duda: “El profesorado de las universidades privadas y de los centros privados de enseñanza universitaria adscritos a universidades no podrá ser funcionario de un cuerpo docente universitario en situación de activo y destino en una universidad pública. La misma limitación se aplicará al personal docente e investigador a tiempo completo”.