8.160€ al año hasta 2021: el candidato del PP al TC esquivó la ley con un contrato secreto

El profesor Enrique Arnaldo (Madrid, 1957), propuesto por el Partido Popular para ocupar una plaza en el Tribunal Constitucional, firmó en 2017 un contrato privado y confidencial para burlar presuntamente la Ley de Universidades hasta este mismo año. El acuerdo le permitió cobrar de dos universidades al mismo tiempo, la pública Rey Juan Carlos y la privada Cardenal Cisneros, en contra de lo que dicta la norma. Además, colocó como profesor del segundo centro a un empleado de su propio bufete, Ibor Fernandes Romero, e ingresó dinero adicional por esa labor de subcontratación, una situación inédita en el mundo universitario.

El contrato, que no había trascendido hasta ahora, lleva las firmas de Arnaldo y de Raúl Canosa Usera, director del centro universitario Cardenal Cisneros, una institución privada de Madrid adscrita a la Universidad Complutense que imparte varias titulaciones. El artículo 72.3 de la ley de universidades de 2007 prohibió que, después de 2011, los centros privados y los centros privados adscritos tuvieran en nómina a funcionarios docentes de universidades públicas. Miles de profesores que trabajaban al mismo tiempo en los dos sectores tuvieron que decantarse por uno de ellos para no vulnerar el régimen de incompatibilidades.

Arnaldo, catedrático de Derecho Constitucional y profesor en activo de la Rey Juan Carlos desde hace décadas, era uno de los afectados por la prohibición porque llevaba años simultaneando su salario del centro público con un segundo empleo de docente en la Cardenal Cisneros. Pero, como reveló El Confidencial este viernes, pese a lo que decía la ley, Arnaldo siguió vinculado a la universidad privada al menos hasta el curso 2014/2015 impartiendo clases de Derecho Constitucional II. Por ese segundo trabajo habría percibido más de 1.500 euros mensuales, según la documentación en poder de este diario.

Los hechos serían constitutivos de una presunta infracción muy grave, castigada con entre tres y seis años de suspensión de empleo y sueldo, y podrían acarrear responsabilidades de carácter penal. Con todo, las infracciones muy graves prescriben a los tres años, por lo que el curso 2014/2015 no tendría consecuencias administrativas. Sin embargo, el contrato al que ha tenido acceso El Confidencial revela que el candidato del PP al Constitucional siguió infringiendo presuntamente la ley hasta hace solo unos días.

Hasta 2015, Arnaldo tenía un contrato laboral de profesor con la Cardenal Cisneros pero, el 1 de octubre de 2017, pasó a firmar con esta institución un acuerdo de carácter mercantil y cuatro ejercicios de duración por el que se aseguró unos ingresos anuales de 8.160 euros a cambio de la prestación de diferentes servicios de docencia.

TE PUEDE INTERESAR

PSOE y PP se desentienden del caso Arnaldo y le dejan toda la presión: "Que lo explique"

Fernando H. Valls Pablo Gabilondo

El documento, que sometía a las partes a la obligación de guardar secreto sobre su contenido, precisó que el jurista firmó en calidad de abogado y efectivamente figura como domicilio su despacho profesional, Estudio Jurídico Balbuena. Sin embargo, de las cláusulas se desprende que Arnaldo únicamente habría recurrido a esta otra forma de vinculación con Cardenal Cisneros para camuflar su continuidad como profesor y eludir una posible sanción. De hecho, el contrato decía claramente que Cardenal Cisneros necesitaba un "profesor" y que el motivo del pacto era "establecer el marco de la relación del Profesor D. Enrique Arnaldo Alcubilla con el CES Cardenal Cisneros". En ninguna parte se aludía a su condición de abogado.

La primera cláusula del contrato de 8.160 euros al año aporta nuevos indicios de irregularidades. En virtud del acuerdo, el catedrático de la Rey Juan Carlos se comprometió hasta este mismo curso 2021/2022 a dar durante "un total de 50 horas de clase" al año, "en formato de conferencias o charlas especializadas en el seno de la asignatura Derecho Constitucional II", la misma materia que había impartido hasta 2017.

Arnaldo reconoce en conversación con El Confidencial la autenticidad del contrato, pero asegura que no hay nada incorrecto. Manifiesta que dejó de dar clases en Cardenal Cisneros en 2015 y que, pese a lo que recoge el contrato de 2017, este solo se refiere a charlas y conferencias relacionadas con su materia, en ningún caso a clases. Del mismo modo, rechaza que ese contrato fuera una maniobra para burlar la ley de universidades y seguir cobrando de dos centros a la vez. Sin embargo, fuentes del centro explican que las 50 horas de docencia que recoge el contrato se acercan a las que comprendía la totalidad de la asignatura y el importe que se garantizó el profesor, 8.160 euros, es casi idéntico al que cobraba por dirigirla antes de 2017.

TE PUEDE INTERESAR

El candidato del PP al TC infringió la ley para cobrar de dos universidades al mismo tiempo

José María Olmo

El acuerdo privado con Cardenal Cisneros estipulaba un segundo compromiso aún más extraño. Además de las 50 horas de clase, Arnaldo también se encargaría durante el curso 2017/2018 y los tres años siguientes de dirigir "la actividad docente desarrollada por el profesor D. Ibor Fernandes Romero" en la misma asignatura, Derecho Constitucional II. No hay precedentes de un acuerdo de ese tipo, ni en Cardenal Cisneros ni en el resto de la comunidad educativa.

El propio centro privado reconoce en su página web que está sujeto a un reglamento del año 1997 por el que debe cubrir las plazas vacantes de profesor mediante un concurso de méritos. Sin embargo, su director, Raúl Canosa, encargó a dedo a Arnaldo la subcontratación de un profesor para el Grado de Derecho y le retribuyó por esa labor. El concurso de méritos sirve precisamente para impedir que se elija a un docente inexperto que requiera la asistencia o dirección de otro profesional. Pero el contrato permitió, contra toda lógica académica, que se seleccionara a alguien no preparado para desempeñar la función para la que había sido seleccionado.

Se da la coincidencia de que el elegido, Ibor Fernandes, trabajaba en el despacho privado de Arnaldo desde dos años antes de la firma del contrato. En concreto, en 2015, cuando aún no había completado el Máster de Acceso a la Abogacía, Fernandes empezó a hacer prácticas en Estudios Jurídicos y Procesales, el despacho que tenía en ese momento el candidato al TC.

Arnaldo también ha colocado en Cardenal Cisneros a su hijo, Enrique Arnaldo Benzo, que está, además, en su despacho de abogados

Pese a su falta de experiencia y acreditación, Arnaldo ya logró ese mismo año que la Cardenal Cisneros contratara a su becario como responsable del departamento de Asesoría Jurídica. Y en 2017, cuando Fernandes ya estaba en el nuevo despacho de Arnaldo, Estudio Jurídico Balbuena, el antiguo becario pasó a convertirse en profesor de Derecho Constitucional II. En la actualidad continúa trabajando en Balbuena e impartiendo clases en Cardenal Cisneros de esa asignatura. También sigue al frente de la Asesoría Jurídica del centro y es director de Recursos Humanos.

Arnaldo también ha colocado en Cardenal Cisneros a su hijo, Enrique Arnaldo Benzo, que está igualmente en plantilla de su despacho de abogados. Según el último organigrama de la institución adscrita a la Universidad Complutense, Arnaldo hijo es en la actualidad el coordinador del Instituto de Posgrado e Investigación, un puesto que ocupaba hasta hace solo unos días su padre.

Además del acuerdo de docencia de 8.160 euros, Arnaldo firmó un contrato privado el 1 de octubre de 2017 con Canosa por el que pasó a convertirse en "asesor académico" de este último con otra retribución anual de 18.600 euros al año. Este segundo pacto se habría renovando cada ejercicio hasta llegar también a este curso, por lo que las posibles responsabilidades tampoco habrían prescrito. La Universidad Rey Juan Carlos no participó en ninguno de estos acuerdos de colaboración, a pesar de que el artículo 83 de la ley de universidades establecía que Arnaldo debió comunicar estas relaciones comerciales al departamento del que es catedrático.