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PSOE y PP se desentienden del caso Arnaldo y le dejan toda la presión: "Que lo explique"
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Cobró de dos universidades

PSOE y PP se desentienden del caso Arnaldo y le dejan toda la presión: "Que lo explique"

El candidato para el TC vulneró durante años la Ley Orgánica de Universidades. Los hechos serían constitutivos de una infracción administrativa de carácter muy grave

Foto: El candidato Enrique Arnaldo, en el Congreso. (EFE/Chema Moya)
El candidato Enrique Arnaldo, en el Congreso. (EFE/Chema Moya)

Los dos partidos que han pactado la renovación del Tribunal Constitucional se desentienden ahora de la irregularidad que cometió Enrique Arnaldo. Según ha desvelado El Confidencial, el candidato propuesto por el PP vulneró durante años la Ley Orgánica de Universidades para simultanear el cobro de dos salarios públicos, una nómina en el sector privado y la gestión de su propio bufete de abogados. Los hechos, que se habrían prolongado hasta hace unos días, serían constitutivos de una infracción administrativa de carácter muy grave, sancionada con una suspensión de empleo y sueldo públicos de entre tres y seis años. Las formaciones que alcanzaron el pacto constitucional dejan ahora solo al catedrático.

El PP se desmarca totalmente de la irregularidad cometida por Arnaldo. Fuentes de Génova afirman que no van a responder por hechos que no ha cometido ningún dirigente ni militante del PP. Se desvinculan totalmente de Arnaldo y reclaman que sea él quien ofrezca detalles de los hechos. "Es Arnaldo quien tiene que dar explicaciones", defienden los populares.

Foto: Enrique Arnaldo. (EFE/Rafael Peña)

El PSOE descarga la responsabilidad del nombramiento en el PP y no quieren saber nada del caso. "Es una persona elegida por el PP, nosotros pusimos por delante la renovación de unos órganos caducados para el cumplimiento de la Constitución", defienden fuentes del grupo socialista. El PP lo ve diferente y considera que el PSOE también votó en el Congreso a favor del nombramiento de Arnaldo para el TC y, por tanto, los socialistas también estarían implicados en su elección. Desde Ferraz responden a esta acusación con que ellos no pusieron encima de la mesa su nombre. Las dos formaciones, por tanto, se cruzan responsabilidad.

"Votamos esta elección del PP", añade el PSOE. El propio ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, que fue quien negoció con Teodoro García Egea el reparto de los candidatos, afirmó que los socialistas hubieran elegido a otros nombres y que escoger a Arnaldo se trató, por tanto, de una decisión del PP. Unidas Podemos, por su parte, guarda silencio, una actitud que ya tuvieron durante la comisión de nombramientos cuando se negaron a preguntar a los candidatos populares.

Foto: Periodistas toman imágenes de la fachada del Tribunal Constitucional. (EFE)

Enrique Arnaldo, catedrático de Derecho Constitucional y profesor en activo de la Universidad Rey Juan Carlos, llevaba más de una década impartiendo clases en el centro Cardenal Cisneros, una institución privada de Madrid adscrita a la Universidad Complutense. En 2011, tenía que haber elegido uno de los dos centros. Sin embargo, el candidato del PP al Constitucional siguió vinculado a la Universidad Rey Juan Carlos —donde continúa en la actualidad— y se mantuvo en nómina del centro privado Cardenal Cisneros, como acredita la abundante documentación a la que ha tenido acceso El Confidencial.

Arnaldo prorrogó esa situación irregular al menos hasta el curso 2014-15. Durante ese año, dio clase en la Universidad Rey Juan Carlos en hasta ocho titulaciones de grado y un curso de máster, en las asignaturas de Derecho Constitucional, Historia del Constitucionalismo Español y Litigación Constitucional. Pese a lo que dictaba la ley, ese mismo ejercicio fue profesor de Derecho Constitucional II en el Grado de Derecho del Cardenal Cisneros. En este centro logró precisamente Pablo Casado su título de Derecho, tras aprobar 12 de las 25 asignaturas de la carrera en apenas cuatro meses.

Esta situación infringe la ley universitaria que estableció en 2007 que un funcionario docente de un centro público no podía impartir clases al mismo tiempo en uno privado. El objetivo era evitar que los profesores de instituciones de la Administración dedicaran una parte de su jornada a otra universidad. Para dar margen a los afectados, la ley concedió un plazo de carencia de cuatro años. A partir del curso 2011, todos los docentes de centros públicos que también trabajaban en el sector privado tuvieron que decantarse por una u otra opción. El artículo 72.3 no dejaba lugar a la duda: “El profesorado de las universidades privadas y de los centros privados de enseñanza universitaria adscritos a universidades no podrá ser funcionario de un cuerpo docente universitario en situación de activo y destino en una universidad pública. La misma limitación se aplicará al personal docente e investigador a tiempo completo”.

Las preguntas del PSOE en el Congreso

Pero el pasado martes, en la comisión de nombramientos del Congreso, el socialista Odón Elorza sí pidió explicaciones a Arnaldo sobre su trayectoria profesional. "Siendo sincero, he analizado su currículum y, por lo que cuenta en él, y por lo que no cuenta, su candidatura genera desconfianza a la hora de garantizar a la sociedad democrática la independencia e imparcialidad en el ejercicio", lanzó el diputado nada más arrancar su intervención. "Mi objetivo es que usted ofrezca una expectativa razonable sobre la inexistencia de perturbaciones y condicionantes personales o externos para hacer su labor en el Tribunal Constitucional". A partir de ahí, una batería de preguntas:

  • "Primera: es usted letrado del Congreso, ¿cuándo obtiene la plaza y cuándo la empieza a simultanear con el trabajo en su despacho particular?".
  • "Segunda: ¿cuándo obtuvo la compatibilidad del Congreso para trabajar en el ámbito privado desde su cargo en la empresa Estudios Jurídicos y Procesales y durante qué periodo?".
  • "Tercera: ¿los trabajos desempeñados desde su empresa para otras administraciones públicas eran compatibles con el estatuto del personal del Congreso y, en concreto, con el artículo 60.C? ¿Podemos saber el número de contratos que obtuvo de 2003 a 2011?".
  • "Cuarta: ¿ha respetado el régimen legal de incompatibilidades?".
  • "Quinta: ha obtenido alguna vez la excedencia del Congreso, supongo, ¿cuándo y con qué extensión?".
  • "Sexta: ¿durante cuántos años y hasta cuándo ha realizado actividades privadas gestionando contratos públicos no compatibles con su plaza de letrado en esta casa?".
  • "Séptima: ¿cuándo cesó en el despacho Estudios Jurídicos y Procesales del que era socio administrador?".
  • "Octava: usted apunta en su currículum que fue en mayo de 2017, pero en el Boletín Oficial del Registro Mercantil aparece su cese como administrador solidario de la empresa con fecha de 26 de noviembre de 2020, esto es tres años después. ¿Es esto cierto o se ratifica en que dejó de pertenecer a esa empresa en 2017?".
  • "Novena: ¿siguió compatibilizando su gestión como letrado con el trabajo particular entre 2017 y 2021? ¿Cómo se explica realmente eso?".
  • "Décima: señor Arnaldo, ¿obtuvo o no un contrato de servicios para defensa jurídica por adjudicación a su empresa desde la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de las Rozas, del Partido Popular, con fecha 29 de noviembre de 2020 por un importe de 133.000 euros al año y una duración de cinco años? ¿Cómo es posible que usted figure expresamente adscrito al contrato si cesó en su empresa tres días antes, según el escrito, y tres años antes, según su currículum?".

El portavoz socialista siguió lanzando distintas preguntas sobre artículos escritos por el candidato y su cercanía al PP, pero, con estas 10 primeras, ya dejaba claras sus dudas respecto a los trabajos que ha ido solapando entre el sector público y el privado. Arnaldo, sin embargo, evitó responder a estas cuestiones durante su último turno de palabra: "No soy más digno que ninguno de ustedes, pero tampoco menos. No soy más honrado que ninguno de ustedes, pero tampoco menos. No tengo más méritos que ninguno de ustedes, pero tampoco menos", se limitó a decir. Tres días después, El Confidencial desvela que infringió la Ley Orgánica de Universidades durante años.

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