Vox y Cs abandonan la comisión del Congreso sobre los jueces del TC: "Esto es un teatrillo"

Los cuatro juristas que el Gobierno y PP han elegido como nuevos magistrados del Tribunal Constitucional comparecieron este martes en la comisión de nombramientos del Congreso. Sobre el papel, el acto debía centrarse en examinar su idoneidad, pero los partidos no tardaron en dejar atrás sus méritos para criticar el reparto de sillones. "Ya está todo el pescado vendido", resumió el diputado de Ciudadanos Edmundo Bal. "Nos parece que lo de hoy es la culminación de un proceso en el que se falta al respeto a las instituciones", lanzó Iván Espinosa de los Monteros, de Vox. Tras sus primeras intervenciones, ambos anunciaron que abandonaban el "teatrillo" de la comisión.

La marcha de Vox y Ciudadanos terminó por descafeinar el acto de este martes, pues ERC, Bildu, PNV y los representantes del Grupo Mixto ni siquiera acudieron al mismo. Josep Pagés i Massó, del grupo que incluye a Junts per Catalunya, sí lo hizo y se mostró crítico con el modo en que se ha propuesto a los cuatro, pero evitó salir de la sala.

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A partir de la segunda comparecencia, las intervenciones quedaron así limitadas al diputado independentista y a los de los propios partidos que han elegido a los juristas: Txema Guijarro, de Unidas Podemos, se puso de perfil y solo aplaudió a los progresistas; Isabel Borrego, del PP, insistió en la "idoneidad" de los cuatro dada su "trayectoria", y, por parte del PSOE, hablaron Odón Elorza y Francisco Aranda. El primero elevó el tono contra Enrique Arnaldo, candidato a propuesta del PP. Su compañero, por el contrario, quiso remarcar la "presunción de imparcialidad" de Concepción Espejel, quien también llega al tribunal de la mano de los populares.

Finalizada la sesión, la comisión avaló la idoneidad de los cuatro juristas con los 242 votos a favor del PSOE, PP y de Unidas Podemos, además de 12 abstenciones del Grupo Parlamentario Plural, en el que se enmarca Junts. La decisión se eleva ahora a la Mesa del Congreso y el debate para su elección definitiva se espera el próximo 11 de noviembre.

Enrique Arnaldo

El primer jurista en comparecer la mañana de este martes fue Enrique Arnaldo Alcubilla, que llega al Tribunal Constitucional a propuesta del PP. Letrado de las Cortes Generales desde 1986, defendió su trayectoria como jurista tanto a nivel académico como por los cargos que ha ejercido en las últimas décadas, entre ellos el de vocal del Consejo General del Poder Judicial de 1996 a 2001. Sus méritos, sin embargo, no tardaron en quedar en segundo plano al tomar la palabra los diputados.

"Créame, de verdad, que lamento mucho tener que estar aquí para decirle a la cara que no me parece usted una persona idónea", criticó Bal. "Esto no va de su currículum, esto va de que usted es amigo de alguien del PP". El diputado mencionó para ello las escuchas de la operación Lezo que revelaron una conversación suya con el expresidente madrileño Ignacio González en la que hablaban sobre cómo colocar a fiscales afines, tras lo que anunció su marcha de la comisión: "Esto no va de usted, que le tengo un gran aprecio y usted lo sabe, pero, en cuanto usted termine, me voy a marchar". El mensaje fue tajante: "Mi grupo no va a participar en este teatrillo".

Josep Pagés i Massó, del Grupo Plural en el que se enmarca Junts per Catalunya, siguió una línea similar: "No nos interesa tanto el títere como los hilos que lo mueven... Y quién los mueve". En su caso, recordó la relación de Arnaldo con el expresidente de Baleares Jaume Matas, así como sus habituales colaboraciones con FAES, la fundación presidida por José María Aznar. Txema Guijarro, de Unidas Podemos, evitó lanzar crítica alguna contra el candidato y solo le pidió que muestre la misma "altura ética" que los cinco jesuitas españoles asesinados en 1989 en el Salvador. Al formar parte del pacto de renovación, el diputado no quiso ir más allá.

Pero Espinosa de los Monteros sí elevó el tono a continuación. No contra Arnaldo, sino contra el acuerdo por el que se convierte en candidato. "El pacto de las tres 'P': PSOE, Podemos y PP". Un pacto que, según defendió, implica "la entrega de las últimas posiciones de resistencia del Estado al separatismo". Los dardos contra el Gobierno eran esperados: "Desde la llegada al poder de Pedro Sánchez, nunca en tan poco tiempo tantas instituciones del Estado han sido atacadas". Pero tampoco dudó en cargar contra el PP: "Ustedes están hoy aquí porque han recibido una llamada de Ferraz o de Génova". "De PSOE y Podemos no esperamos nada. Del PP, cada vez menos".

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Las intervenciones se cerraron entonces con la diputada del PP Isabel Borrego, quien subrayó que "su perfil es el idóneo", y con el socialista Odón Elorza, quien, pese a formar parte del acuerdo, cargó con dureza contra el jurista. "Su candidatura genera desconfianza a la hora de garantizar a la sociedad democrática independencia e imparcialidad", aseguró. "No cuestionamos que cumpla los requisitos", pero "lo que hoy está también en juego" es "la recuperación de la confianza de una buena parte de la ciudadanía en el Constitucional". Según el socialista, con Arnaldo no puede darse por hecha la "inexistencia de perturbaciones y condicionantes externos".

Tras estos ataques, el jurista retomó la palabra, pero no quiso entrar en las cuestiones "políticas" que le habían echado en cara: "No soy más digno que ninguno de ustedes, pero tampoco menos. No soy más honrado que ninguno de ustedes, pero tampoco menos. No tengo más méritos que ninguno de ustedes, pero tampoco menos". Con tono tranquilo, les pidió reflexionar sobre reformar el CGPJ con "el mejor acuerdo posible" y, antes de dar la comparecencia por finalizada, citó a Winston Churchill: "No estoy de acuerdo con nada de lo que usted afirma, pero daría mi vida por que pudiera decirlo". Finalizada su intervención, Bal y Espinosa de los Monteros abandonaron la comisión.

Concepción Espejel

Con los representantes de Ciudadanos y Vox ya fuera de la sala, llegó el turno de Concepción Espejel, también elegida a propuesta del PP. Una vez más, dedicó sus primeras palabras a repasar los méritos que acumula, desde ejercer como vocal del CGPJ entre 2008 y 2013 hasta su presidencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Destacó, además, su experiencia en la lucha contra el terrorismo o la corrupción: "Toda mi vida he ejercido la jurisdicción con imparcialidad, atendiendo exclusivamente a criterios de tipo jurídico y, por supuesto, asumo el compromiso en el caso de que finalmente fuera designada para el cargo que he sido propuesta".

Massó abrió la ronda de intervenciones políticas e incidió en la idea de que la comisión carece de utilidad alguna: "Lo único que podemos hacer aquí es dar por buenos los currículums aportados, sin hacer una verdadera valoración de sus perfiles profesionales y también personales". En concreto, se centró en que "es de todos conocidos su voto particular de la sentencia del caso Trapero", en el que Espejel defendió una condena por sedición frente a la absolución que acordó el tribunal. También en su "vinculación" con la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal o en cómo quedó apartada de los juicios del caso Gürtel.

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Pero Guijarro, de Unidas Podemos, no quiso entrar en estas cuestiones: "Buenos días, Sra. Espejel. No tengo ninguna pregunta". Borrego siguió el mismo razonamiento que con Arnaldo —"Su trayectoria la avala como candidata"— y la ronda se cerró con el PSOE, en cuyo nombre habló Aranda y no Elorza. Con él como portavoz, quedó atrás el tono crítico para dar paso a uno conciliador: "Señora Espejel, yo le otorgo, sinceramente, esa presunción de imparcialidad", defendió el diputado.

A diferencia de Arnaldo, Espejel sí respondió a las críticas del diputado independentista por su cercanía al PP, idea que rechazó durante su último turno de palabra: "Es muy fácil montar una campaña desde un sector de los medios de comunicación, porque por naturaleza los magistrados tenemos poco contacto y no debemos entrar en discusiones a nivel mediático", denunció. Expuesta esta idea, insistió en su papel "detrás de miles de sentencias dictadas". "No sé si por ser mujer. Es muy difícil en estas circunstancias compatibilizar mi vida personal y profesional. Ese trabajo ha ido en detrimento de mi familia, y esa carga es la que someto a la consideración del pleno".

Inmaculada Montalbán

Tras Arnaldo y Espejel, llegó el turno de los candidatos propuestos por el Gobierno. La primera en comparecer fue Inmaculada Montalbán, magistrada de lo Contencioso-Administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y vocal del CGPJ entre 2008 y 2013, donde asumió su vez la presidencia del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. "Para el caso de ser nombrada magistrada del Tribunal Constitucional, quiero seguir mi experiencia de vida y mi experiencia profesional, reiterando mi compromiso y empeño con los valores constitucionales y con la función asignada de ser garante del Estado de derecho con imparcialidad e independencia", defendió.

A diferencia de lo ocurrido con los anteriores candidatos, Massó señaló que "su perfil es absolutamente idóneo" y destacó su especialidad en cuestiones relacionadas con la violencia de género, pero repitió la crítica de fondo: "Nos preocupa especialmente no tanto el quién se nos está presentando, (...) sino el cómo está funcionando este sistema". "Creemos que este procedimiento es absolutamente opaco e incluso inconstitucional, porque está en contra de los propios principios de la Constitución".

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A continuación, Guijarro sí cambió de rumbo y, frente a su silencio con los propuestos por el PP, quiso aplaudir la candidatura de Montalbán: "Consideramos que su aptitud técnica está sobradamente demostrada. No solo eso, pensamos que su propia biografía ahonda en la pertinencia de que usted pueda representar tan altas funciones". Borregó siguió la misma argumentación que con los anteriores y reconoció el "presitigo" de la magistrada, tras lo que Elorza volvió a tomar la palabra en nombre de los socialistas y cargó contra las críticas del diputado independentista: "Sabemos muy bien cómo se eligen, por ejemplo, representantes en TV3", denunció.

Montalbán cerró su comparecencia sin responder de forma directa a Massó ni tampoco a las preguntas sobre algunos recursos que el Constitucional mantiene sobre la mesa, entre ellos el que hace referencia al aborto: "Simplemente, yo he venido a someter mi currículum de vida y profesional a esta comisión", alegó frente a lo expuesto por el diputado independentista. "Es deseable que todos los órganos constitucionales y judiciales den una respuesta pronta y eficaz", señaló sobre los recursos.

Juan Ramón Sáez

La sesión se cerró entonces con Juan Ramón Sáez. Junto al magistrado José Ricardo de Prada, se le considera el mayor exponente del bloque progresista en la Audiencia Nacional. Llega al Constitucional de la mano del PSOE como antítesis de Espejel y, entre 1996 y 2001, ejerció como vocal a propuesta de Izquierda Unida. "El juez de nuestro Estado de derecho hace hábito de la Constitución y la sumisión exclusiva a la ley", sostuvo durante su primera intervención. "Constitución e independencia".

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Massó insistió a continuación en el mismo razonamiento que ante Montalbán: defendió su "idoneidad" para, acto seguido, poner en duda que el procedimiento por el que se la aúpa al Constitucional garantice "perfiles imparciales" en el mismo. Guijarro aplaudió una vez más sus "capacidades técnicas" y se preguntó "quién no presenta una cierta carga ideológica", tras lo que Borrego volvió a defender el papel de su partido en la renovación. "Le deseo un buen trabajo", concluyó Aranda en nombre del PSOE.

Tras escuchar a los diputados, Sáez cerró la sesión con una reflexión: "¿La política puede ser sometida a juridicidad? ¿El debate político puede ser trasladado y resuelto o zanjado en criterios y pautas que solo obedezcan a la Constitución y a las leyes, es decir, al mundo del derecho? Yo creo que sí". "Yo creo que el juez de nuestro Estado de derecho vive esa tensión: el juez solamente está apartado de la política de partido y por eso no puede ni vincularse ni militar en partidos o sindicatos, solamente tiene la posibilidad de las asociaciones judiciales". Apoyándose en este razonamiento, el mensaje fue claro: "En nuestra caja de herramientas solo están esas razones jurídicas".