Gobierno y PP acuerdan la entrada de los jueces Sáez y Espejel en el Constitucional

El Gobierno y el Partido Popular han cerrado en la noche de este jueves el acuerdo de renovación del Tribunal Constitucional y el resto de órganos pactados, con excepción del CGPJ. Las dos partes han colocado en el tribunal de garantías a señalados magistrados de la Audiencia Nacional. Mientras desde el Ejecutivo incluyen en sus candidatos al juez Ramón Sáez Valcárcel, afín a Podemos y propuesto por los morados según fuentes conocedoras de las negociaciones, el PP ha promovido a la presidenta de la Sala Penal, Concepción Espejel. También acceden al Constitucional la jueza del TSJ andaluz Inmaculada Montalbán Huertas y el catedrático Enrique Arnaldo. Según fuentes parlamentarias, la sesión plenaria para la ratificación de los nombramientos se celebrará entre la semana del 2 y del 10 de noviembre.

Para el Tribunal de Cuentas, se han consensuado seis nombres por parte de los socialistas y otros seis por parte del PP. Se trata de Enriqueta Chicano Jávega (consejera del Tribunal de Cuentas); Isabel Fernández Torres (profesora de Derecho Mercantil de la UCM); Dolores Genaro Moya (consejera del Tribunal de Cuentas); Elena Hernáez Salguero (expresidenta del Tribunal Económico-Administrativo de la Comunidad de Madrid); Diego Íñiguez Hernández (magistrado del Tribunal Contencioso-Administrativo); Rebeca Laliga (subdirectora general del Notariado y de los Registros del Ministerio de Justicia); José Manuel Otero Lastres (catedrático de Derecho Mercantil); Joan Mauri Majós (profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Barcelona); Javier Morillas (catedrático de Economía Aplicada); Luis Antonio Ortiz de Mendivil Zorrilla (abogado del Colegio de Vizcaya); María Luz Rodríguez Rodríguez (gerente tributaria de la Diputación de Barcelona), y Miguel Ángel Torres Morato (fiscal jefe del Tribunal de Cuentas).

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Después del primer 'sprint', que desembocó hace unos días en un anuncio conjunto de acuerdo para renovar el Tribunal Constitucional, el Tribunal de Cuentas y otros órganos como el Defensor del Pueblo, el PSOE y el PP han cambiado el paso para convertir las negociaciones sobre los nombres elegidos en una maratón. Tras una semana de reuniones y llamadas y bajo la batuta de Félix Bolaños y Teodoro García Egea, los dos partidos han realizado el anuncio, que se ha alargado más de lo esperado. Fuentes socialistas han calificado el acuerdo como "un primer paso", subrayando que el pacto debe extenderse ahora también al CGPJ. "El Gobierno y los grupos parlamentarios que lo apoyan están dispuestos a lograrlo sin dejar pasar más tiempo", señalan estas mismas fuentes.

La fumata blanca se esperaba para este mismo jueves. El acuerdo para la renovación partía de la base de que "las personas que formarán parte de estos órganos en la nueva etapa serán de reconocido prestigio y de consenso". Independientes y perfiles técnicos, indicaban fuentes cercanas a las negociaciones, en referencia tanto al TC como al Tribunal de Cuentas. Sin embargo, los dos magistrados elegidos han simbolizado de forma histórica las posturas progresista y conservadora en la Audiencia Nacional.

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La clave del éxito del acuerdo ha sido, sin embargo, una discreción que no se dio en las anteriores intentonas frustradas. Se ha hablado mucho en los despachos y poco fuera de ellos, y ese control del mensaje ha evitado resquemores y vetos. La experiencia es un grado y socialistas y populares han tenido tiempo, en estos años de bloqueo, de aprender cómo deben hacerse las cosas.

A por el CGPJ

Los nuevos nombramientos pactados entre los dos grandes partidos, que excluyen el CGPJ, también pendiente de renovación, se intentarán aprobar en un máximo de 15 días, en función de los tiempos parlamentarios. La intención, tras este acuerdo, es seguir negociando para llegar a un consenso que alcance también al órgano de poder de los jueces. Las posiciones de ambos partidos siguen distantes aquí, aunque el deshielo es evidente por la voluntad negociadora de las dos partes y se entrevé cierta disposición a poner fin a los meses de bloqueo.

Una de las claves, según fuentes socialistas conocedoras de las negociaciones, es que se están buscando "vías de encuentro". Esto es, un punto intermedio entre la exigencia de los populares de avenirse a negociar una renovación solo si se cambia el actual modelo de elección y la posición de los socialistas de rechazar cualquier debate a este respecto. "Hay diferentes opciones", aseguran las mismas fuentes, sin entrar a concretar, para mantener la máxima de la discreción y evitar que vuelvan a encallar las conversaciones. Eso sí, estas 'diferentes opciones' se desarrollarían siempre una vez se hayan acordado los nombramientos.

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Los pactos sobre nombres concretos se han ido confirmando con cuentagotas. La intención de descartar perfiles políticos —que aleja al exministro Juan Carlos Campo de obtener una plaza— no se ha aplicado en el caso del Defensor del Pueblo, donde se excluyó el requisito, al igual que para la Agencia de Protección de Datos. La propuesta del Ejecutivo fue la del histórico político donostiarra Ángel Gabilondo, que obtuvo el consenso de los populares. El que fuera portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, hasta su dimisión tras el fracaso electoral del pasado 4-M, siempre fue el eterno aspirante. Sin embargo, en los últimos días su designación había perdido peso en las quinielas ante la posibilidad de que se propusiera a una mujer en pos de la paridad en el conjunto de los nombramientos para los diferentes órganos. Como su segunda, se designará a la diputada por Sevilla Teresa Jiménez Becerril.

Esta elección para el Defensor del Pueblo es un gesto de la actual dirección socialista. Gabilondo no dudó en ponerse al frente de la candidatura por Madrid cuando Sánchez recurrió a él ante el adelanto electoral de la presidenta Díaz Ayuso tras la moción de censura en Murcia presentada por el PSOE y Ciudadanos en marzo. El mismo día del anuncio en la Puerta del Sol, el presidente del Gobierno convocó una comida de urgencia con el por entonces secretario general del PSOE-M, José Manuel Franco, y llamaron a Gabilondo para que repitiese como candidato.

Renovación de órganos

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL:

• Enrique Arnaldo Alcubilla (letrado de las Cortes Generales).
• Concha Espejel Jorquera (presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional).
• Inmaculada Montalbán Huertas (magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía).
• Juan Ramón Sáez Valcárcel (magistrado de la Audiencia Nacional).

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TRIBUNAL DE CUENTAS:

• Enriqueta Chicano Jávega (consejera del Tribunal de Cuentas).
• Isabel Fernández Torres (profesora de Derecho Mercantil de la UCM).
• Dolores Genaro Moya (consejera del Tribunal de Cuentas).
• Elena Hernáez Salguero (expresidenta del Tribunal Económico-Administrativo de la Comunidad de Madrid).
• Diego Íñiguez Hernández (magistrado del Tribunal Contencioso-Administrativo).
• Rebeca Laliga (subdirectora general del Notariado y de los Registros del Ministerio de Justicia).
• José Manuel Otero Lastres (catedrático de Derecho Mercantil).
• Joan Mauri Majós (profesor de Derecho Administrativo en la Universidad de Barcelona).
• Javier Morillas (catedrático de Economía Aplicada).
• Luis Antonio Ortiz de Mendivil Zorrilla (abogado del Colegio de Vizcaya).
• Mª Luz Rodríguez Rodríguez (gerente tributaria de la Diputación de Barcelona).
• Miguel Ángel Torres Morato (fiscal jefe del Tribunal de Cuentas).

 

DEFENSOR DEL PUEBLO:

• Defensor del pueblo: Ángel Gabilondo Pujol (catedrático de Metafísica de la UAM).
• Adjunta primera al defensor del pueblo: Mª Teresa Jiménez Becerril (presidenta de la Fundación Alberto Jiménez-Becerril).

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AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS:

• Directora: Belén Cardona Rubert (catedrática de Derecho del Trabajo en la Universidad de Valencia).
• Adjunto a la directora de la Agencia de Protección de Datos: Borja Adsuara Varela (abogado y consultor en derecho digital).