Los jueces redoblan la presión en Europa para acabar con el bloqueo del CGPJ

Con el arranque de septiembre, los jueces redoblan sus contactos con la Comisión y el Parlamento europeo en denuncia por la situación en la que se encuentra el poder judicial con la renovación de dos de sus órganos bloqueada sin remedio y una ley que ata el nombramiento de nuevos cargos. La ofensiva se abrió de la mano de tres de las principales asociaciones el pasado abril y tuvo efectos inmediatos. Ahora suben un escalón e intensifican la denuncia, reclamando entrevistarse con el comisario de Justicia Didier Reynders.

"Las asociaciones judiciales Asociación Profesional de la Magistratura, Asociación Judicial Francisco de Vitoria y Foro Judicial Independiente solicitamos una reunión con el Comisario de Justicia de la UE, Didier Reynders", señalan este miércoles en un comunicado. "Reclamamos que se modifique el sistema de elección de 12 de los 20 vocales del CGPJ, tal y como lo exige: el Consejo de Europa a través del Grupo de Estados contra la corrupción GRECO, la propia Comisión Europea, el TEDH en recientes sentencias y los propios ciudadanos españoles según el Eurobarómetro de 2018".

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En el último semestre, las críticas y avisos a la situación actual se han ido multiplicando. El pasado julio y por segundo año consecutivo llegó la última de ellas. El informe sobre la calidad del Estado de Derecho de la UE incluyó serias advertencias hacia España. La institución destacaba que el sistema judicial español continúa teniendo "problemas". Ponía el acento en la falta de renovación del CGPJ que persiste -decía- en ausencia de un acuerdo en el Parlamento para renovar varios órganos constitucionales.

"No puedo más que repetir en nombre de la Comisión que es importante llevar a cabo la renovación del Consejo y garantizar que no sea percibido como vulnerable a la politización. Por supuesto que hemos tomado nota de la realidad política, la complejidad de la situación política y el bloqueo (en España), pero debemos reiterar que es necesario que el CGPJ funcione, que no sea politizado y que los nombramientos refuercen su independencia", indicó entonces la vicepresidenta del Ejecutivo comunitario, Vera Jourova.

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Poco antes de esa valoración, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI) habían remitido una misiva a la vicepresidenta y al comisario denunciando el "riesgo de violación grave" del Estado de Derecho en España y la amenaza a la independencia judicial.

Las tres asociaciones, en representación de 2.500 jueces, plantearon al Ejecutivo la activación del procedimiento previsto en el artículo 7 del Tratado de la UE para actuar ante amenazas graves del Estado de derecho, un mecanismo que abre la puerta la suspensión del derecho a voto en el Consejo europeo para los países que pongan en peligro los derechos fundamentales.

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La postura de Europa ha tenido por el momento acogidas opuestas desde el Gobierno y el principal partido de la oposición. De hecho, la forma de renovación del CGPJ se ha convertido en la nueva manzana de la discordia y en un motivo más para dilatar un recambio que ya va para los tres años de retraso. El PP reivindica la activación inmediata de un nuevo sistema que implique la elección directa por parte de los miembros de la carrera de los doce vocales jueces. El PSOE, sin embargo, se resiste, consciente de que renunciar a la actual fórmula le dejaría sin influencia en el Consejo.

El procedimiento actual implica la elección por parte de una mayoría de tres quintos del Congreso y de tres quintos del Senado de seis vocales-´jueces en cada cámara. Desde el Gobierno se lanza el mensaje de que la ley que rige esta forma de nombrar ha funcionado durante las últimas tres décadas y no tiene por qué dejar de servir ahora. El Ejecutivo limita los avisos de Europa a una urgencia para sacar adelante la renovación al margen de la fórmula.

Sin embargo, el PP exige ahora como condición insoslayable que ese sistema se modifique para pasar a una elección directa. Quiere un compromiso parlamentario de reforma legislativa para que los jueces puedan elegir a la mayoría de los vocales en el siguiente mandato. Esta condición se suma a las anteriores impuestas para negociar, a las que los 'populares' no han renunciado. Los de Casado requieren, además, que el socio del Gobierno Unidas Podemos no participe en el pacto, que entre los vocales juristas no haya antiguos cargos políticos y que se fomenten medidas para mejorar la independencia del órgano.