El deshollinador Bolaños: de Franco a los Presupuestos

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se ha convertido en una de las principales personas de confianza de Pedro Sánchez para desbloquear acuerdos. Como secretario general de la Presidencia, Bolaños ya negoció con la familia Franco la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos o la estructura del Ejecutivo de coalición con Unidas Podemos. Entre sus principales fracasos, aunque en este caso compartido con el exsecretario de Organización y el exdirector adjunto del gabinete de Sánchez Paco Salazar, se encuentra la fallida moción de censura en Murcia. El ministro es también el coordinador de la delegación del Gobierno en la mesa de diálogo con el Govern.

Con menos éxito, recibió también el encargo del presidente de llevar a cabo la fallida negociación para la renovación del CGPJ con el PP y ahora, ya como ministro de la Presidencia, ha encabezado el equipo de los socialistas para cerrar el proyecto de Presupuestos para 2022 y fue designado hace dos semanas para desbloquear la ley de vivienda, que llevaba cerca de ocho meses encallada. De forma paralela, ha abierto los contactos con los diferentes grupos parlamentarios para recabar los apoyos necesarios para las cuentas durante su tramitación en el Congreso.

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Responsable de actualizar los estatutos del PSOE y arquitecto jurídico del Gobierno, desde el decreto del estado de alarma hasta el decreto de estructura del Ejecutivo de coalición, Bolaños fue el designado por Sánchez para interlocutar con la familia Franco y encargarse de la coordinación de todo el dispositivo para la exhumación. Sus reuniones con los descendientes del dictador no estuvieron exentas de tensión, pero finalmente logró cerrar con el letrado de la familia, Luis Felipe Utrera-Molina, y con el nieto mayor, Francis Franco, todos los detalles para cumplir con un compromiso del Ejecutivo antes del fin de la anterior legislatura.

Tras el acuerdo de investidura entre PSOE y Unidas Podemos para el Gobierno de coalición, Bolaños negoció el reparto de las carteras y el encaje entre los socios con Ione Belarra, ahora ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos y entonces persona de la confianza de Iglesias para representar los intereses de los morados. Desde entonces, ambos fraguaron una relación de entendimiento que contribuyó a que Sánchez decidiese hace dos semanas delegar en el ministro de la Presidencia la negociación para la ley de vivienda con el objetivo de desbloquearla cuanto antes. Los mecanismos para la regulación de los alquileres dentro de la futura norma eran una de las principales exigencias que los morados pusieron sobre la mesa de negociación de los Presupuestos de 2022.

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Las conversaciones de las que dependía el pacto para las nuevas cuentas partieron de posiciones muy distantes y poco a poco fueron "eliminándose piedras del camino", como explicaron desde el entorno del ministro de la Presidencia. El pasado fin de semana se intensificaron las negociaciones, con horario de mañana, tarde y noche, hasta la madrugada.

Pese a limar asperezas y acercar posturas, con renuncias tanto por la parte del PSOE como de Unidas Podemos, la mañana del martes seguía sin sellarse el pacto. Bolaños había convocado a Belarra en Moncloa a las ocho de la mañana del martes, donde la esperaba junto a la ministra de Hacienda. Se intentó cerrar el acuerdo 'in extremis', pero todavía quedaron flecos pendientes. Tras ello, Sánchez convocó en su despacho a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y poco después a Bolaños, Montero y Belarra, y fue en esa reunión a cinco en la que finalmente se acabó de perfilar el pacto.

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Bolaños y Belarra ya han negociado otras leyes y tratado de engrasar la comisión de seguimiento del acuerdo de coalición. Un órgano de control al que se acude para solventar las discrepancias y que se encarga de "revisar el funcionamiento de la coalición y el cumplimiento de los objetivos propuestos, coordinar la acción entre ambos socios, unificar criterios, consensuar posiciones políticas para el desarrollo del programa de gobierno".

La última negociación para la renovación del CGPJ entre el Ejecutivo y el principal partido de la oposición la lideraron el pasado mes de febrero Bolaños, por un lado, y el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, por otro. El acuerdo estuvo a punto de sellarse, pero se rompió en el último momento por el veto a uno de los nombres propuestos por el Gobierno. Esa misma semana se había cerrado un pacto entre ambos partidos para la renovación del consejo de administración de RTVE. Este mismo mes de septiembre, y ya como ministro de la Presidencia, Bolaños abrió una nueva ronda de contactos para sondear a los grupos parlamentarios y fuerzas políticas sobre las posibilidades de renovar el caducado órgano de gobierno de los jueces, pero sin resultados hasta el momento.