El inminente pacto de PSOE y PP deja en el aire nuevos nombramientos del CGPJ

El acercamiento entre el PSOE y el PP de cara a un pacto sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial es ya un hecho que puede alterar los planes originales del órgano de gobierno de los jueces ante su próximo pleno, previsto para la semana que viene. Los dos partidos con más peso del Congreso prevén cerrar un acuerdo con la vista puesta en la Semana Santa. La idea del Gobierno es que los nuevos vocales tomen posesión antes de los festivos o inmediatamente después, informan fuentes conocedoras de los contactos. El PP se muestra abierto al compromiso.

Este impulso de las negociaciones, que ha arrancado después del 14-F con el prólogo de una llamada efectuada por el presidente del Gobierno Pedro Sánchez al líder de la oposición, Pablo Casado, ya ha tenido un efecto inmediato. El presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, estudia si se debe aplazar la aprobación de ocho nombramientos previstos para el último jueves de febrero. En caso de que lo haga, sería la tercera ocasión en la que la aprobación de la cobertura de plazas vacantes quede congelada a la espera del pacto.

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En principio, la idea que se manejaba era impulsar la aprobación de las plazas correspondientes a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y del País Vasco, de la Sala Social del País Vasco, dos puestos en la Sala Civil del Tribunal Supremo, uno en la Sala Social del alto tribunal y las Audiencias Provinciales de Almería y Salamanca. Todas ellas contaban con amplios consensos y se preveía sacarlas adelante pese a la oposición frontal del gobierno que ha lanzado una iniciativa legislativa para impedir que el CGPJ en funciones nombre.

La reforma anunciada ha perdido su razón de ser original y fracasado en su objetivo. Aunque en principio el Congreso preveía votarla esta última semana de febrero ha quedado aplazada a marzo. Así, sea cual sea la decisión que adopte Lesmes, no servirá para detener los nombramientos. Si esta última tanda se incluye en el orden del día, no llegará a tiempo. Si no se incluye y hay renovación, el nuevo Consejo estará en funciones cinco años y podrá nombrar sin límites normativos.

Vocales consultados reconocen distintas posturas al respecto. Al menos seis de los 20 defienden que deben paralizarse los nombramientos. Otros, sin embargo, apuntan que tanto el anuncio de la llamada como las buenas perspectivas que trasladó el Ejecutivo tras ella han tenido en gran parte como objetivo desactivar que se siga nombrando. Destacan también que ya ha habido dos ocasiones anteriores en las que el acuerdo se rozó con los dedos y todo acabó en agua de borrajas. En enero y julio de 2020 quedaron paralizados en circunstancias similares, recuerdan otras fuentes.

La negociación

Tanto el PSOE como el PP partirán para el acuerdo con la base que cerraron el pasado verano. Entonces existían puntos de encuentro entre las dos formaciones respecto al Tribunal Constitucional del que saldrán tres magistrados y entrarán cuatro. En el caso del tribunal de garantías, existe un compromiso de repartir dos a dos los cuatro puestos que deben ser renovados. Entre ellos, se encuentran el de su actual presidente, Juan José González Rivas, y el de la vicepresidenta, Encarnación Roca.

En cuando al propio CGPJ, el principal punto de roce se encuentra en la presidencia, para la que se busca un consenso de las dos partes. Hasta el momento, se han barajado varios nombres, como el de la magistrada del Supremo Pilar Teso, pero, según aseguran fuentes jurídicas, en la última etapa se ha fortalecido la posibilidad de proponer a González Rivas, saliente del TC, para dirigir el TS y el Consejo. Teso era en verano la candidata del PSOE, pero no convence al PP. Por su parte, González Rivas era entonces la apuesta de los 'populares' y los socialistas no acababan de verle para la presidencia.