La Iglesia confía en el "negociador" Bolaños para recuperar la interlocución con Moncloa

Una de las consecuencias inesperadas de los últimos cambios en el Ejecutivo es que la Iglesia católica se ha quedado sin interlocutores en el Gobierno. Tras la salida de Carmen Calvo, los obispos han perdido, en apenas unos meses, todas sus vías directas de negociación. Una circunstancia que, desde fuentes cercanas a la Conferencia Episcopal, contemplan con “prudencia”, aunque con un cierto optimismo, pues, señalan que “siempre, incluso en las peores circunstancias, se han acabado habilitando formas de diálogo”. Pero, aun así, los cambios han pillado fuera de juego a los obispos, que contemplan con “expectación e incertidumbre” cómo puede llegar a ser la obligada relación con quien debe ser el interlocutor necesario, el nuevo ministro para la Presidencia, Felix Bolaños.

Desde el nombramiento de Carmen Calvo al frente de Presidencia, la subdirección General de Relaciones con las Confesiones quedó ligada a este ministerio en vez de a Justicia, de donde había dependido hasta ese momento. Una acción que convertía a Calvo en la mujer fuerte frente a los obispos y que generó algunas tensiones en los primeros momentos, que se fueron suavizando con la llegada del cardenal Juan José Omella a la presidencia de la Conferencia Episcopal. Ahora Bolaños también hereda esa responsabilidad. Por el camino, los obispos han perdido otras dos posibles interlocuciones. En enero, Salvador Illa —el único ministro que se había mostrado abiertamente católico— dejaba el Ejecutivo para iniciar la campaña a las autonómicas catalanas. Al día siguiente, fallecía de covid-19 el arzobispo castrense, Juan del Río, que había conseguido establecer una cercana relación con la ministra Margarita Robles, que se quebró con su inesperada muerte.

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Así, la opción de Bolaños pasa por ser la oficial, pero también la única. El nuevo ministro de la Presidencia llega al Ejecutivo con la etiqueta de conciliador y, en su haber, destaca su “capacidad negociadora”. El presidente Sánchez lo presentó como “un hombre preparado y tenaz, que conoce como pocos las estructuras del Gobierno”. Pero, desde el episcopado, apenas le conocen a él. Salvo por las imágenes de la exhumación de Francisco Franco, cuando, de riguroso luto, aparecía omnipresente, siempre junto a Carmen Calvo. Y también por ser uno de los organizadores de la ceremonia aconfesional que se celebró en recuerdo de las víctimas del covid-19 en el Palacio Real, que no gustó a los sectores más conservadores de la Iglesia, que la llegaron a tachar de “acto masónico”.

Sin embargo, quienes sí han tratado con él de forma directa afirman a El Confidencial que “es correcto en las formas, minucioso y educado”. “No es una persona religiosa, pero en nuestra larga negociación tuvimos ocasión de hablar de lo divino y de lo humano, incluso una vez le dije que rezaría por él y me lo agradeció”, señala una persona que ha trabajado junto a Bolaños y que prefiere mantener su anonimato. Y tranquiliza a los obispos al destacar que “no me dio la impresión de que tuviera una animadversión hacia lo religioso, no es una persona beligerante”, aunque sí les advierte de que es un “hábil negociador, con las cosas claras, e implacable”.

"No me dio la impresión de que tuviera una animadversión hacia lo religioso, no es una persona beligerante"

Con este escaso conocimiento mutuo, el futuro estatus del Valle de los Caídos puede ser la primera piedra de toque de esta nueva relación. El anteproyecto de la Ley de Memoria Democrática —que tendría que haberse aprobado ayer en el Consejo de Ministros, pero que Bolaños ha preferido dejar para más adelante— prevé la extinción de la Fundación de la Santa Cruz, que da sustento jurídico a la presencia de los monjes benedictinos en el lugar. Aunque no se establece de forma concreta, la presencia de una institución religiosa en el monumento parece comprometida después de que la norma considere el Valle “como un lugar de memoria democrática y un cementerio civil”.

La Iglesia católica siempre se ha opuesto a la desacralización del lugar y pretende que conserve el carácter de basílica pontificia “en la que se ore por el eterno descanso de los difuntos, para que la celebración de la eucaristía sea una referencia de esperanza para aquellos que quieren consolar su dolor y avivar su esperanza”. “Si hay cruz y basílica, tiene que haber una comunidad que mantenga el culto”, llegó a afirmar en su momento el portavoz de los obispos, monseñor Luis Argüello.

Bolaños conoce bien la situación. Como representante del Gobierno en la negociación con la familia Franco tuvo oportunidad de pensar en el Valle de los Caídos y participar, en primera línea, de aquel evento, considerado un “hito histórico” por el anteproyecto que ahora se ha reservado para su estudio. En su relación con la Iglesia, aunque no tuvo un trato directo con los monjes, sí que tuvo que lidiar con la firme oposición del prior al traslado, a la vez que constató la división episcopal entre los prelados que 'sottovoce' se mostraban contrarios a la iniciativa y los que preferían una “actitud de no injerencia”, sugerida desde el Vaticano, y llevada a rajatabla por algunos de ellos, como los cardenales Osoro, desde Madrid, y Omella, desde Barcelona. Unas referencias mutuas que, a buen seguro, supondrán el punto de partida para tratar de cerrar una situación que incomoda a ambas partes.

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Otro frente de conflicto, y que obligará a ponerse al día a Bolaños y los obispos, es la posible negociación de la ley de libertad religiosa y laicidad, que Sánchez anunció en campaña electoral, pero que todavía no ha visto la luz. Entonces, la prioridad del presidente era “reformar el Estado y convertirlo en un Estado laico” e incluso llegaba a hablar de denunciar el Concordado entre España y la Santa Sede. Queda por ver si Bolaños asume el reto y comienza lo que puede ser una espinosa y compleja negociación o prefiere dejar que el tiempo sepulte la iniciativa, como ha ocurrido en las anteriores ocasiones que gobiernos de corte progresista han hecho anuncios similares.

Quedan poco más de dos años de legislatura por delante y otros temas sobre la mesa, siempre recurrentes, como la aplicación de la nueva ley de educación y su repercusión en la concertada, mayoritariamente católica. De momento, la vía Bolaños parece la única que pueden explorar los obispos en su relación con el Ejecutivo. O esperar a que el Rey y la Santa Sede se pongan de acuerdo en el nuevo arzobispo castrense, que puede llegar en breve con el encargo de sus “hermanos en el episcopado” de desbrozar de nuevo el sendero que abrió Del Río, como posible alternativa por si falla el método Bolaños.