El PSOE y el PP priorizan ahora la renovación urgente del TC y rozan ya un acuerdo

A pesar de que el distanciamiento se mantiene, el PSOE y el PP han logrado ponerse de acuerdo en algo. Las dos formaciones han iniciado un tímido deshielo provocado por una convicción común: consideran ahora prioritaria y urgente la renovación del Tribunal Constitucional y han dado pie a un acercamiento que, al menos en lo que respecta exclusivamente al órgano de garantías, tiene visos de prosperar.

Fuentes de ambos partidos reconocen a El Confidencial que el TC nunca supuso un problema. La renovación que socialistas y populares deben abordar aquí es la correspondiente al tercio del tribunal que designa el Congreso. Afecta a cuatro plazas cuya sustitución no cambiará el actual equilibrio de fuerzas progresistas y conservadoras. En concreto, tienen el mandato caducado el presidente, Juan José González Rivas, la vicepresidenta, Encarnación Roca, y el magistrado Andrés Ollero. La cuarta plaza quedó desierta después de que su titular, Fernando Valdés, abandonara tras verse inmerso en un procedimiento judicial por violencia de género.

Pese a que el acuerdo no es difícil, como admiten ambas partes, el PSOE y el PP se ocuparon de complicarlo. Unieron el destino del Constitucional al del Consejo General del Poder Judicial, irremediablemente embarrado, y con ello alargaron la agonía. Durante un tiempo, contar con dos barajas resultaba provechoso a los negociadores, que tenían así capacidad para intercambiar cartas de una de las instituciones a la otra. Sin embargo, los hipotéticos beneficios de este doble juego se han evaporado. La actual situación del TC preocupa a ambos.

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En el lado del PSOE, el interés es evidente. En los últimos meses, el Constitucional ha propinado duros golpes a las decisiones de gestión de la pandemia. Además de declarar inconstitucional el primero de los estados de alarma, prevé hacer lo mismo con el segundo y ha considerado ilegal el parón de iniciativas del Congreso de los Diputados durante el primer mes del covid. La prisión permanente revisable, recurrida por los socialistas y otros partidos, ha quedado avalada hace unos días. La baja de Valdés deja a este sector con un magistrado menos. La urgencia es incuestionable.

Para los de Pablo Casado, y en contra de lo que pueda parecer, la composición actual del Constitucional tampoco resulta un caramelo. El disgusto en Génova con el presidente ha ido incrementándose después de que González Rivas votara en varias decisiones con el sector progresista. Además, el resto de miembros del bloque conservador fue designado hace años, en la etapa 'marianista', y se encuentran por ello fuera de la esfera de la actual dirección.

Así las cosas, solo el empeño del PSOE en renovar las instituciones al completo puede dar al traste con esta intentona en la que, si se sigue la propuesta popular, el CGPJ quedará fuera. Las quinielas han comenzado ya a circular. Los favoritos para ser designados miembros del TC son el catedrático de Penal de la Universidad de Valencia José Luis González Cussac y el magistrado de la Sala de Contencioso del Tribunal Supremo Pablo Lucas, por la parte socialista, y el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos Enrique Arnaldo y el catedrático de Derecho Procesal Nicolás González-Cuéllar, por la de los populares.

Opinión

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El sistema de renovación del TC implica que se renueve por ciclos, como dicta la Constitución. Cada uno de sus magistrados es designado por un periodo de nueve años y van cambiando por terceras partes cada tres años. Cuando llega el momento del cambio, este depende por turnos de distintos órganos: cuatro de sus 12 miembros son nombrados a propuesta del Congreso por una mayoría de tres quintas partes, cuatro a propuesta del Senado por el mismo umbral, dos a propuesta del Gobierno y dos a propuesta del Consejo General del Poder Judicial.

Conversaciones abiertas

El Gobierno y el PP no habían perdido la interlocución durante las últimas semanas para explorar la renovación de los órganos constitucionales caducados. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario general del PP, Teodoro García Egea, mantenían una línea de comunicación para buscar salidas al bloqueo, aunque no fue hasta este miércoles cuando tanto desde el Ejecutivo como desde Génova se mostró la disposición formal para sentarse con el objetivo de llegar a un consenso. Las negociaciones ya están en marcha, y a ellas se ha incorporado por la parte de los populares su portavoz en el Congreso, Cuca Gamarra. La tarde de este miércoles se celebró una reunión y ambos se emplazaron a seguir hablando tratar de llegar a un acuerdo.

El deshielo, al menos en público, se produjo por una propuesta del líder del PP, Pablo Casado, lanzada solo un día después de la Fiesta Nacional, para renovar los órganos constitucionales caducados, a excepción del CGPJ. Fue durante la sesión de control al Gobierno y el presidente del Ejecutivo ni respondió ni valoró el ofrecimiento. Casi una hora después, el ministro de la Presidencia recogió el guante y telefoneó a Génova. Sin condiciones, sin vetos y con la prioridad enfocada en renovar el TC.

La prioridad del Ejecutivo y del PP para llegar a un punto de entendimiento pasa por consensuar los nombramientos para el alto tribunal, seguidos de los correspondientes al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo. Y hacerlo con la mayor premura posible. Por parte del Gobierno, no solo se acepta dejar fuera de las negociaciones al CGPJ, sino que fuentes conocedoras de las conversaciones reivindican que esta era una propuesta suya para tratar de recuperar la normalidad institucional al menos en el alto tribunal.

“El Gobierno decía que o todo o nada, por lo que si no negocian, serán ellos quienes bloquean”

Los populares, por su parte, invierten el relato y defienden esta propuesta como suya, tratando de desprenderse de la etiqueta de autores del bloqueo. “Somos alternativa de gobierno y hay que renovar los órganos constitucionales”, indican fuentes de la dirección del partido, reconociendo que este paso se produce en el contexto de haber dejado atrás su convención nacional. Aseguran, asimismo, en contra de algunas declaraciones públicas en distintas entrevistas como las del portavoz del PSOE en el Congreso, Héctor Gómez, quien sigue de cerca las conversaciones y ofreció comenzar a negociar por el TC, que “el Gobierno siempre decía que o todo o nada, por lo que si no negocian, serán ellos quienes bloquean”.

Eso sí, advierten de que no están dispuestos a que se incluyan en estas negociaciones los nombres para el órgano de gobierno de los jueces. Mantienen para ello la exigencia de modificar el sistema de elección y que sean los propios togados quienes elijan a sus colegas. “De ahí no nos vamos a mover”, indican estas mismas fuentes de los populares. En Moncloa, no renuncian a renovar todos los órganos caducados, incluido el CGPJ, pero se muestran dispuestos a dejarlo de lado en esta fase de las conversaciones para “avanzar” en los nombramientos del TC.