La lucha entre poderes del Estado se extiende entre el Congreso y el Constitucional
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NUEVO CHOQUE INSTITUCIONAL

La lucha entre poderes del Estado se extiende entre el Congreso y el Constitucional

El fallo del Constitucional en contra de la suspensión de ciertos trámites parlamentarios en marzo de 2020, en pleno estallido de la pandemia, provoca un duro comunicado de Batet, en defensa de su proceder

Foto: La presidenta del Congreso, Meritxell Batet. (EFE)
La presidenta del Congreso, Meritxell Batet. (EFE)

Se veía venir, pero no por ello dejó de producir perplejidad. El Tribunal Constitucional decidió por un ajustado margen, seis magistrados frente a cuatro, que el acuerdo de la Mesa del Congreso para suspender los plazos parlamentarios, adoptado a finales de marzo, cuando el Gobierno metió a la gente en sus casas para cortar la propagación de la pandemia, es inconstitucional. A la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, a pesar de acatarlo, le molestó semejante fallo y emitió un comunicado duro.

No paran los torpedos cruzados entre los poderes del Estado. Es sabido que el ejecutivo y el judicial están a la gresca por la imposibilidad de renovar el Consejo General del Poder Judicial, que depende, por cierto, del Congreso de los Diputados. Este intercambio incesante de golpes alcanza ahora a la Cámara Baja. El alto tribunal consideró hace unas semanas contrario a la Carta Magna el primer estado de alarma precisamente por el confinamiento domiciliario, una limitación de la libertad de movimiento que requirió una medida de más alcance, es decir, el estado de excepción. Dentro de unos días, se pronunciará en contra del segundo estado de alarma, el que el Gobierno propugnó desde noviembre de 2020 a mayo de 2021.

Foto: Fachada del Tribunal Constitucional. (EFE)

Entretanto, ha emitido un fallo contra un acuerdo de la Mesa del Congreso, fechado el 19 de marzo de 2020, cinco días después de ese primer estado de alarma. Conviene recordar que entonces el coronavirus ya circulaba por la Cámara. El miedo se podía tocar durante aquellos días. El diputado de Vox Javier Ortega Smith dio positivo, y por seguridad sanitaria, los parlamentarios de su grupo se fueron a casa y se suspendió el pleno de aquella semana. Los servicios médicos aconsejaron detener la actividad y el órgano de gobierno del Congreso, en línea con ello, decidió suspender también el cómputo de los plazos reglamentarios de iniciativas en tramitación. Ese acuerdo es el que ha anulado el Constitucional este martes.

Un cambio de posición

Una anulación que se ha producido en circunstancias anormales. El ponente, el magistrado Antonio Narváez, estaba en principio a favor de avalar la decisión de la Mesa de la Cámara Baja, y por extensión, de dejar caer el recurso de Vox. Pero en el pleno del mes pasado, tras escuchar a los otros nueve colegas, decidió cambiar de opinión y modificar la redacción. Entonces había empate a cinco, lo que el presidente del alto tribunal, de corte socialista, habría roto con su voto de calidad. Pero Narváez, al cambiar de criterio, auguró un desenlace diferente, que es el que se conoció este martes. De empate a victoria del recurso de Vox por un exiguo 6-4.

Lo que dice la ponencia es que al suspender una serie de trámites parlamentarios queda lesionado el artículo 23 de la Constitución, el que consagra el derecho a la participación política de los ciudadanos por sí mismos o a través de sus representantes, en este caso, los diputados. Batet, sin replicar semejante noción, defendió su proceder mediante un comunicado, en el que rememora aquella sesión de la Mesa para argumentar que todo lo que hizo estuvo encaminado a "la continuidad de la actividad parlamentaria". Entre las decisiones tomadas, extender el uso del voto telemático. En el poder legislativo, el voto es fundamental, lo primero, lo primordial.

La presidenta del Congreso no omite una queja velada a Vox, el grupo recurrente. "Señalar que el acuerdo referido tuvo lugar una semana después de haberse producido la suspensión de una sesión plenaria del Congreso a petición del grupo parlamentario recurrente, que había comunicado su decisión de cumplir una cuarentena por el positivo en covid-19 de uno de sus miembros, y unos días después de que otros órganos constitucionales, entre ellos el propio Tribunal Constitucional, tomaran decisiones similares".

Foto: La presidenta del Congreso, Meritxell Batet. (EFE)

La diputada socialista, por tanto, tira un dardo a los magistrados, a los que indica que ese acuerdo generó unos efectos temporales limitados, ya que la Mesa, el 7 de abril, resolvió que terminase esta suspensión una semana más tarde.

"Reiterar que la finalidad de todas esas decisiones fue mantener las funciones constitucionales del Congreso de los Diputados que, a diferencia de otras Cámaras legislativas, siguió reuniéndose sin que se produjera la interrupción de su funcionamiento ni, en concreto, la suspensión de ninguna otra sesión plenaria", destaca Batet en su comunicado, antes de enumerar los plenos de entonces, en concreto los de las prórrogas del estado de alarma, y las comisiones, sobre todo la de Sanidad, que se reunió hasta en 80 ocasiones en ese periodo de sesiones de febrero a junio de 2020.

El aviso de Cayetana Álvarez de Toledo

La decisión de la Mesa generó controversia. En marzo, en un Congreso cerrado a cal y canto, al que solo iban unos pocos diputados, la entonces portavoz del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, criticó el acuerdo en rueda de prensa y pronunció una frase que es aún recordada: "El Congreso no se cierra ni en una guerra". El entorno de la Presidencia fue muy crítico con esta actitud de la entonces máxima representante del grupo popular, destituida por Pablo Casado unos meses después. Vox no protestó tanto aquellos días, pero decidió llevar el asunto al Constitucional. No le ha ido mal.

placeholder Cayetana Álvarez de Toledo, en un acto reciente. (EFE)
Cayetana Álvarez de Toledo, en un acto reciente. (EFE)

No es el primer conflicto entre el Congreso y el alto tribunal. En 2018, los magistrados adoptaron una decisión también polémica: la de permitir que los diputados controlaran el Gobierno aunque estuviera en funciones. Era una reclamación del PSOE que el Ejecutivo de Mariano Rajoy esquivó. Hablamos de los tiempos que transcurrieron entre las elecciones de diciembre de 2015 y las de junio de 2016. El socialista Patxi López fue el efímero presidente del Congreso durante aquella época.

Pero esta escaramuza de ahora se enmarca en un litigio más amplio. El CGPJ contra el Gobierno, el Gobierno contra el PP, el PP contra el Gobierno, el Tribunal Constitucional contra los estados de alarma, el Gobierno contra el Tribunal Constitucional... Y, por si fuera poco, el Congreso. Mientras siga el bloqueo del poder judicial y nadie haga nada por desinflamar el panorama, la lucha institucional seguirá también.

Cayetana Álvarez de Toledo Meritxell Batet
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