Cinco años después del recurso del PP contra el aborto, el TC sigue sin verlo urgente

La escueta reforma –realizada a iniciativa del Grupo Parlamentario Popular–de la ley del aborto que salga una vez concluya el trámite parlamentario será tenida en cuenta por el Tribunal Constitucional de cara a la resolución del recurso interpuesto por 71 diputados hace ahora cinco años. Así lo han admitido fuentes jurídicas consultadas, que añaden que, sin embargo, esta modificaciónno alterará en modo alguno elritmo de trabajo del alto tribunal, que por el momento no considera urgente abordar la reclamación realizada por 71 diputados del PP y por el Gobierno de Navarra en 2010.

Según fuentes jurídicas, el alto tribunal está analizando la modificación legislativa con el fin de aclarar si conviene reformar algunos de los puntos solicitados en el mencionado recurso, ya sea en el sentido reclamado o en el contrario, o si no es necesario porque ya han sido cambiados. Se trata, por otro lado, de un análisis habitual cuando se trata de abordar un tema que, durante el proceso, sufre modificaciones, como es el caso.

No se alterará, por lo tanto, el ritmo de trabajo del tribunal en lo que respecta a este asunto, indican las mismas fuentes, que no pueden confirmar si quiera si está hecha ya la ponencia que luego debería ser votada por el pleno en relación con el recurso, como señaló El País hace unos meses. Desde el Constitucional se limitan a subrayar que el tema está pendiente de ser abordado, como otros muchos asuntos que llevan cinco años o incluso más a la espera de ser estudiados por los magistrados. En algunos casos, de hecho, el Alto Tribunal lleva un retraso de hasta diez años en la tramitación.

Los 71 diputados del PP interpusieron el recurso en 2010, con lo que muchos de ellos ni siquiera son parlamentarios ahora. De hecho, explican algunos juristas, el PP no podría retirar el recurso como grupo parlamentario ni como partido porque no fue el conjunto el que lo interpuso, sino los mencionados diputados a título individual. Son estos, por lo tanto, los que en principio tendrían que desistir de su iniciativa, extremo que actualmente parece poco probable.

En cualquier caso, sin embargo, esta opinión relativa al desistimiento no es unánime en la doctrina jurídica, por lo que en el caso de que el Grupo Popular decidiera echarse atrás, el Constitucional estudiaría el asunto y se pronunciaría, aunque en este momento no está clara cuál sería su postura.

Con esta última salvedad, en principio, el Constitucional parece estar abocado a pronunciarse sobre el recurso en un momento o en otro, aunque sin ninguna urgencia. Por el momento, hay tiempo para que la resolución sea tramitada en el plazo en el que se resuelven otras cuestiones –han pasado cinco años y hay temas que llevan hasta diez aparcados–, por lo que no parece previsible que se produzcan atajos al menos en el corto plazo o mientras se mantenga el actual presidente del tribunal, que ha dado muestras de no considerar el asunto como prioritario.

Además del recurso interpuesto por los parlamentarios populares, el tribunal tiene pendiente resolver otro requerimiento que en el mismo sentido fue presentado por el Gobierno de Navarra, entonces presidido por Miguel Sanz. El Ejecutivo foral, sin embargo, acaba de cambiar de color y ahora está presidido por la nacionalista de izquierdas Uxue Barkos, de Geroa Bai, formación claramente contraria a la postura que eligió Miguel Sanz.

En el caso de que el nuevo Gobierno de Navarra decidiese desistir, el criterio jurídico sería más claro, ya que se trata de la misma institución, por mucho que sea distinto el piloto que conduce la nave, según entienden las fuentes jurídicas consultadas. Aun así, tampoco en este punto sería fácil adelantar el posicionamiento del Constitucional. En cualquier caso, en una hipotética retirada del Ejecutivo foral, aún quedaría por resolver el virtual desistimiento de los diputados populares, que parece menos probable y más difícil de solucionar jurídicamente.

La pasada semana, el Congreso aprobó una pequeña reforma de la Ley del Aborto. Con los únicos votos del PP –salvo cinco diputados díscolos–, la cámara modificó el punto de la norma que permite a las mujeres de entre 16 y 18 años abortar sin el permiso de sus padres. Si la modificación sale adelante como propone el PP –ahora queda el trámite del Senado–las menores de 18 años estarán obligadas a contar con el visto bueno de sus progenitores para abortar.

En principio, esta reforma limitada de la norma no tiene consecuencias en el recurso del Tribunal Constitucional más allá de las descritas arriba, que repercutirán en el análisis global que lleven a cabo los tribunales. Sin embargo, para una de las diputadas disconformes del PP, Lourdes Méndez, la votación de la pasada semana suponía admitir de facto la ley de plazos que los 71 diputados populares recurrieron ante el Constitucional.