Quién defiende qué en el nuevo TC: PSOE y PP nombran a cuatro jueces de perfil político

Tras más de 1.000 días con el mandato caducado, el PP y el PSOE desbloquearon el 21 de octubre la renovación del Tribunal Constitucional. Ambos partidos han elegido a cuatro magistrados con un marcado perfil político, entre los que destacan dos caras conocidas de la Audiencia Nacional: Concepción Espejel y Juan Ramón Sáez. El listado de candidatos lo completan la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Inmaculada Montalbán y el letrado de las Cortes Generales Enrique Arnaldo, quien este viernes se vio envuelto por la polémica: como revela El Confidencial en exclusiva, Arnaldo infringió la Ley Orgánica de Universidades durante años.

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A la espera de que el Congreso apruebe los nombramientos con los votos de PP, PSOE y Unidas Podemos, el Constitucional contaría así con una mujer más entre sus miembros: tres de 12. En cualquier caso, el considerado bloque conservador sigue ganando al progresista por siete a cinco, composición que se mantendrá al menos hasta junio de 2022, cuando está prevista una nueva renovación de cuatro plazas.

Concepción Espejel y el caso Gürtel

Concepción Espejel Jorquera llega al TC a propuesta del PP tras ocupar la presidencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional desde 2017. Ejerció como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) entre 2008 y 2013, donde coincidió con la actual ministra de Defensa, Margarita Robles. Se trata de la primera mujer que proponen los populares para una plaza de magistrado en el Constitucional.

En las filas progresistas, siempre se ha dado por hecho su cercanía al PP, lo que le valió la recusación en dos de los procedimientos abiertos en la Audiencia sobre la formación que ahora dirige Pablo Casado: quedó apartada de los juicios del caso Gürtel y del bautizado como los papeles de Bárcenas, donde se investiga la presunta caja B del PP. Las defensas del caso Alsasua también pidieron su recusación porque está casada con un coronel de la Guardia Civil, pero la solicitud cayó en saco roto.

Entre los juicios mediáticos en los que ha participado, se encuentra el del rapero Josep Miquel Arenas, más conocido como 'Valtònyc'. Se le acusaba de enaltecimiento del terrorismo, apología al odio ideológico, incitación a la violencia e injurias a la Corona por la letra de sus canciones y, en febrero de 2017, con Espejel como presidenta y ponente de la sentencia, se le condenó a tres años y medio de cárcel. Un año después, Valtònyc se fugó a Bélgica.

Entre 2019 y 2020, Espejel presidió también el juicio contra el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero. El tribunal, compuesto a su vez por Juan Ramón Sáez Valcárcel y Francisco Javier Vieira, terminó por absolver al policía, pero las deliberaciones estuvieron marcadas por el desacuerdo desde el primer momento. Esa falta de entendimiento se plasmó en que ella emitió un voto particular a favor de una condena por sedición.

Juan Ramón Sáez y la memoria histórica

Junto al magistrado José Ricardo de Prada, a Juan Ramón Sáez Valcárcel se le considera el mayor exponente del bloque progresista en la Audiencia Nacional. Llega al TC de la mano del PSOE como antítesis de Espejel, y las diferencias entre ambos ya quedaron claras en el mencionado juicio a Trapero. En su caso, ejerció como vocal del CGPJ entre 1996 y 2001 a propuesta de Izquierda Unida.

Sáez coincidió con Fernando Grande-Marlaska cuando este ejercía como presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y, en 2013, ambos elevaron la voz junto a otros dos magistrados contra Juan Carlos I. En concreto, en un voto particular frente a la sentencia que confirmaba la condena al coronel del Ejército Amadeo Martínez Inglés, que llamó "putero, borracho y cabrón" al Rey emérito. "Cuanto más arriba en la pirámide de poder, mayor sometimiento al control", defendieron en su escrito.

Destaca además su papel como ponente en la sentencia que absolvió en primera instancia a los autores del cerco al Parlament en 2011. Posteriormente, el Tribunal Supremo revocó esta decisión y condenó por un delito contra las instituciones del Estado a tres años de prisión a ocho de los acusados, pero este tipo de resoluciones han permitido a Sáez erigirse como una voz autorizada en cuanto a la defensa de la libertad de expresión y el derecho de reunión.

Autor de numerosos artículos sobre cuestiones relacionadas con la memoria histórica, también apoyó la investigación del exmagistrado Baltasar Garzón sobre las fosas mediante la formulación de un voto particular. Su compañero acabó imputado ante el Supremo al acusarle el sindicato Manos Limpias y la asociación Libertad e Identidad de un delito de prevaricación, pero él no dudó en salir en su defensa: "Se trataba de reparar a las víctimas de crímenes masivos", criticó en una entrevista en 2010.

Enrique Arnaldo y el estado de alarma

Enrique Arnaldo Alcubilla llega al TC a propuesta del PP. Catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad Rey Juan Carlos, ejerció como vocal del CGPJ entre 1996 y 2001, y colabora habitualmente con FAES, la fundación presidida por José María Aznar. Finalizado su mandato en el órgano de gobierno de los jueces, fundó un despacho de asesoramiento jurídico e intervino en la defensa del secretario de Justicia del PP, Enrique López, cuando fue detenido por conducir ebrio.

En el caso Palma Arena, estuvo imputado por su relación con el expresidente de Baleares Jaume Matas. Según informó en 2010 el diario 'Última Hora', investigaron si había blanqueado dinero del político. También se le imputó en 2015 cuando era presidente del Tribunal Administrativo del Deporte por presunta prevaricación y falsedad al inhabilitar al presidente de la Federación Española de Tenis. En ambos casos resultó absuelto, pero en 2018 se vio salpicado por otra polémica: las escuchas de la operación Lezo revelaron una conversación suya con el expresidente madrileño Ignacio González en la que ambos hablaban sobre cómo colocar a fiscales afines.

En 2020, recibió el premio de la Asociación de Juristas San Raimundo de Peñafort al mejor estudio jurídico por su artículo "Las razones del aforamiento". En la sinopsis, defiende esta especial protección que se otorga a determinados magistrados y fiscales, pero cuestiona la misma en el ámbito autonómico: "No solamente no reposa sobre bases sólidas, sino que requiere una cierta poda por utilizar palabras del prologuista Antonio del Moral".

Letrado de las Cortes Generales y candidato al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en 2012, ha publicado diversos artículos en 'Diario la Ley'. Entre ellos, uno de 2020 en el que abordaba el estado de alarma aprobado por el Gobierno durante la pandemia, un tema que ha dividido al TC en los últimos meses: "Ha comportado una tan extensa como intensa restricción de derechos fundamentales que sobrepasa con creces las previsiones que contiene para aquel la ley", aseguraba en el mismo.

Inmaculada Montalbán y la violencia de género

Inmaculada Montalbán se incorpora al TC de la mano del PSOE. Magistrada de lo Contencioso-Administrativo en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ejerció como vocal del CGPJ entre 2008 y 2013, asumiendo a su vez la presidencia del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género. Pionera en la interpretación de las normas desde esta perspectiva, ha sido galardonada con la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort, entre otros premios.

Primera magistrada andaluza en acceder al órgano de gobierno de los jueces, siempre se ha mostrado crítica con la falta de representación femenina en los ámbitos de decisión de la judicatura: "Tengo que declararme totalmente a favor de las cuotas. Sin cuotas, no avanzamos, por muy buena voluntad que queramos poner en nuestras políticas, porque a la hora de la verdad funcionan los mecanismos de autoselección masculina", defendió en una entrevista concedida a 'Diario Sur' en 2013.

Habitual en los medios de comunicación, en el último año también se ha pronunciado sobre el posible indulto a Juana Rivas: "Es muy importante que en casos de separación y divorcio donde exista algún antecedente de violencia de género, que en este caso existía, ese contexto sea analizado por gente con perspectiva de género, peritos y psicólogos, que ofrezcan elementos más completos a quien tiene que tomar la decisión final", argumentó en una entrevista concedida al 'Ideal de Granada'.

Como magistrada de lo Contencioso-Administrativo, destaca también su reciente voto particular contra la decisión del TSJ de Andalucía de tumbar el confinamiento de la localidad de Montefrío, el primero ordenado en Andalucía tras el final del decreto de estado de alarma. El tribunal consideró que la medida no era proporcionada y carecía de una buena justificación, pero ella se desmarcó de sus compañeros y defendió avalar el mismo.