La jueza elegida por el PP se arriesga a quedar apartada de los asuntos que afecten al partido

El Gobierno y el Partido Popular cerraron a última hora de este jueves un reparto para el Tribunal Constitucional que puede complicar los planes del partido de Pablo Casado. Los populares pactaron con el PSOE la entrada en el tribunal de garantías de la presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Concepción Espejel. Más allá de su cercanía al partido, que la promovió como vocal del Consejo General del Poder Judicial, sobre la elegida pesa un precedente que la pondrá en riesgo permanente de quedar fuera en aquellos asuntos que afecten a la formación, incluyendo los recursos que presente, apuntan fuentes jurídicas.

Hace ahora 10 años, Espejel fue recusada para enjuiciar la trama de corrupción que más daño ha hecho al PP, la trama Gürtel. Sus compañeros de la Audiencia y la Fiscalía Anticorrupción consideraron entonces que su apariencia de imparcialidad y la del también miembro del tribunal en esa etapa Enrique López quedaban cuestionadas por sus vínculos con la formación. Aquella ocasión abrió la espita a sucesivas recusaciones en las distintas ramas de la trama. Acumula hasta media docena.

La inhibición forzada por la Audiencia Nacional, fundamentada en la apreciación objetiva de esa marcada proximidad al partido, se combina contra la magistrada con el criterio restrictivo que ha ido desplegando el TC recientemente. Hace unos meses, el Constitucional aceptó la renuncia de dos de sus miembros para tratar todos los recursos relacionados con el 'procés'. La abstención de Cándido Conde-Pumpido y de Antonio Narváez se produjo por un motivo mucho más intangible. Puigdemont cuestionó su imparcialidad por dos intervenciones públicas en las que dieron su opinión sobre los hechos sucedidos en Cataluña durante la etapa del referéndum de independencia.

Solo un cierre de filas de la mayoría conservadora del tribunal evitaría así que prosperaran nuevas recusaciones una vez asuma su cargo. El TC tiene pendientes numerosos recursos promovidos por el PP. Como el del aborto, congelado desde hace años, o los más recientes sobre el control independiente de los fondos europeos.

Todo menos técnica e independiente

El PP se enfrenta de este modo al peligro de reducir las filas del bloque conservador en las cuestiones que más le interesan después de una renovación que, pese a las promesas de los dos partidos, ha sido todo menos técnica e independiente. El PP, pero también el Gobierno, ha elegido perfiles marcadamente políticos dentro de la judicatura. Magistrados que nunca han ocultado su adhesión a los partidos que ahora les promocionan. No solo Espejel ha pasado por el CGPJ. También lo hicieron Ramón Sáez Valcárcel, a propuesta de Izquierda Unida, e Inmaculada Montalbán, escogida por el PSOE. Podemos reconoce que el juez de la Audiencia Nacional es su elección para el tribunal de garantías.

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Pablo Gabilondo

Más allá de estas vinculaciones políticas, la selección de estos tres candidatos —a los que se suma el catedrático Enrique Arnaldo por elección del PP— rompe con una tradición que no tendrá buena acogida. Hasta el momento, los miembros del Constitucional se elegían por un "reconocido prestigio" que implicaba de forma implícita que aquellos procedentes de la carrera judicial o fiscal pertenecieran a la primera categoría. Lo más habitual es que dieran el salto desde el Tribunal Supremo, cuyas decisiones fiscaliza e incluso modifica en ocasiones. Tampoco los perfiles seleccionados ayudarán a apaciguar una tensión en el seno del TC que ha ido incrementándose en su última etapa. La primera decisión de los elegidos será la de votar, junto al resto de integrantes del órgano, a su nuevo presidente.

El anuncio del reparto se producía a última hora del jueves después de una maratón de negociaciones que han liderado Félix Bolaños y Teodoro García Egea. Además del TC, el Ejecutivo y el PP cerraron una distribución seis a seis de los nuevos delegados del Tribunal de Cuentas, donde también tuvo voz y voto Podemos, que eligió a uno de los abogados que han trabajado para la formación. Ángel Gabilondo, candidato socialista por Madrid en las últimas autonómicas, fue el designado para dirigir el Defensor del Pueblo. El político vasco será así rehabilitado para las instituciones después del fiasco electoral del 4-M en la Comunidad de Madrid.