Un informe independiente alerta de la falta de controles en la gestión de los fondos UE

Las alertas ante la falta de controles suficientes en el sistema de gestión de los fondos europeos no solo llegan desde los organismos públicos, como ya sucedió con el Consejo de Estado, en su dictamen sobre el real decreto-ley que simplificaba la tramitación administrativa. También desde el ámbito privado. La World Compliance Association (WCA), entidad especializada en el cumplimiento normativo por parte de empresas y organizaciones, ha remitido un informe a la Comisión Europea, a los ministerios de Economía y de Justicia y al Tribunal de Cuentas en el que muestra su "inquietud" por la ausencia de determinadas garantías que aseguren los principios de integridad y transparencia en este procedimiento, lo que puede convertirlo en un foco de corrupción y arbitrariedad.

El Real Decreto-ley 36/2020, expone el texto, "propone, en su exposición de motivos, una nueva Administración Pública moderna y capaz de salvar los obstáculos burocráticos (...). Pero adolece, en nuestra opinión, de una merma importante de controles en cuanto a su tramitación". Por lo que desde la WCA plantean un conjunto de "soluciones técnicas" que permitan gestionar el 'maná' europeo de forma "neutra, profesional e íntegra". No solo está en juego la lucha contra la corrupción y otras prácticas irregulares, subrayan, también la reputación de España ante sus socios comunitarios.

TE PUEDE INTERESAR

Bruselas recela del impacto de los fondos UE en 2021: “Somos más cautos que el Gobierno”

Nacho Alarcón. Bruselas

De momento, la WCA ya ha recibido respuesta desde Bruselas. Según informan desde la asociación, Giulio Federico, jefe de la unidad de Recuperación y Resiliencia de la Comisión Europea, ha asegurado que tendrá en cuenta algunas de las apreciaciones realizadas en el documento y ha agradecido las aportaciones de sus expertos.

Las fallas del sistema

Uno de los "vacíos" más "notorios" que detecta la WCA es la falta de constitución de una comisión profesionalizada con capacidad ejecutiva que lleve a cabo labores de control de la gestión. "No se define qué órgano va a apoyar y dar el soporte técnico que será necesario en cada proyecto", subraya el texto. También aprecia que no hay un encaje correcto entre los eslabones de la toma de decisiones y los órganos de control. Tal y como explica Felipe García, miembro de la junta directiva de la WCA, la capacidad decisoria descansa de forma excesiva sobre la presidencia del Gobierno y el Consejo de Ministros. "La ausencia de una capa de profesionales técnicos que apoyen sus decisiones abona la percepción de que puede haber bastante arbitrariedad en su adopción y hace peligrar el correcto empleo de los fondos", señala.

Por otra parte, desde la organización también se advierte de que el procedimiento diseñado difícilmente podrá poner fin a la "parálisis general" que afecta a la actividad de las administraciones públicas desde 2015, provocada en buena medida "por el exceso de burocracia, sin dejar de lado la falta de medios humanos y materiales", si no se realiza un esfuerzo de contratación de personal. Profesionales, inciden, que deben contar con un perfil cualificado, familiarizado con las nuevas tecnologías (preferiblemente del entorno STEM). Y ello debe combinarse con "ambiciosos planes de formación para el conjunto de empleados públicos" que ya integran la Administración. "Todo ello, con el objeto de que puedan manejar y controlar las nuevas tecnologías que habrán de habilitarse para las personas que estén al frente de la gestión de los fondos", indica el informe.

TE PUEDE INTERESAR

El Consejo de Estado aprecia falta de control en el plan del Gobierno sobre los fondos UE

Ángel A. Giménez Itziar Reyero

García amplía esta sugerencia recomendando incorporar herramientas de revisión documental masiva, que permitirían el examen de pliegos, contratos y otros documentos. Además, estos mecanismos aportarían una dosis de objetividad e imparcialidad necesaria al sistema de gestión de los fondos.

La WCA estima necesario reforzar los organismos del sector público ya existentes, para involucrarlos en el control del dinero europeo. Al Consejo de Transparencia, plantean, "hay que dotarlo de cometidos y objetivos claros, así como reasignarle recursos materiales y humanos para poder realizar una fiscalización efectiva de los proyectos". También encuentra insuficiente el refuerzo del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales que plantea el real decreto-ley.

El Tribunal de Cuentas de la UE ha requerido a los Estados que tomen medidas para que los proyectos puedan auditarse correctamente

Asimismo, el texto se hace eco del pronunciamiento del Tribunal de Cuentas de la UE, que ha dado instrucciones al Europarlamento y al Consejo para que requieran a todos los Estados miembros que adopten medidas que permitan auditar correctamente los proyectos. En este sentido, la organización aprecia que "hay un excesivo recorte de los plazos para el ejercicio de la función interventora. La Intervención General de la Administración del Estado podrá aplicar técnicas de muestreo para cumplir los plazos, un ejercicio peligroso y que puede resultar un auténtico coladero para el control". Lo mismo sucede, agrega, con el control documental, lo que provocará que este no se haga de forma exhaustiva.

Finalmente, entre las propuestas de la asociación, destaca la trasposición de la directiva que obliga a implantar canales de denuncia y un sistema de protección efectiva de los alertadores. Por las manos de funcionarios y empleados públicos, explica el documento, pasan con frecuencia adjudicaciones sospechosas e irregulares. "Si no existe esa plena protección, tememos que muchas de ellas quedarán inadvertidas", resaltan, por lo que ven necesario contar de "antemano" con garantías para quien dé el paso y denuncie.