¿Quién controla que los fondos europeos no sean un despilfarro? Por ahora, nadie

Tal como está planteado el Real Decreto 36/2020 para la gestión de los fondos de reconstrucción europeos, existe un peligro real de corrupción, de arbitrariedad y de ineficiencia en las inversiones realizadas. Es cierto que ese real decreto no es definitivo, ya que debe tramitarse por la vía del proyecto de ley para incorporar enmiendas de los partidos políticos, pero el Gobierno se niega a tocar los pilares del acuerdo y los principales auditores y juristas del país ya avisan de lo que viene. No es solo el agujero en el control del dinero que apuntó en su dictamen el Consejo de Estado, es la falta de recursos humanos para tramitar los proyectos y la inexistencia de un órgano que vele por la eficacia de las inversiones aprobadas.

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"El caso de los ERE en Andalucía está relacionado con el uso del Fondo Social Europeo, el peligro de que se repita un escándalo parecido está ahí", advierte Elisa de la Nuez, abogada del Estado en excedencia y coeditora de 'Hay Derecho'. "Ese peligro existe porque lo que ha hecho el Gobierno para agilizar la llegada del dinero es levantar los controles que se pusieron por ley en el año 2017 para erradicar los problemas con los contratos públicos, las concesiones y subvenciones. Si tú relajas todos esos mecanismos de control preventivo para correr más y poder tramitar todos los proyectos, es evidente que la corrupción, el despilfarro y la mala gestión vuelven a ser un riesgo real. No tiene por qué suceder pero ya ha ocurrido antes y no hay motivos para pensar que ahora no puede ocurrir. Una cosa es correr y la otra saltarte todas las garantías".

"Si tú relajas todos esos mecanismos de control, es evidente que la corrupción, el despilfarro y la mala gestión vuelven a ser un riesgo real"

El Cuerpo Superior de Interventores y Auditores del Estado es quien ha de velar por la legalidad y transparencia en la tramitación de los miles de contratos públicos que lloverán a partir de este año, destinados a modernizar la economía española y salvar el tejido empresarial. El real decreto contempla apoyos puntuales de auditores externos, pero el grueso de la tramitación y control del dinero europeo recaerá en los funcionarios del Estado. Eso genera dos problemas enormes: el primero, no hay manos para gestionar tantos papeles; y el segundo, los interventores son expertos en analizar la legalidad de los contratos, pero más allá de la burocracia no entran en si una inversión tiene sentido económico o es un disparate.

El Gobierno no ha hecho una sola mención a esto y es la clave para evitar que estos fondos ‘Next Generation’, que dotarán a España con 140.000 millones de euros, corran la misma suerte que los miles de millones que nos ha entregado Europa durante 20 años en fondos de cohesión: mucha infraestructura, poca rendición de cuentas sobre la eficacia de cada proyecto aprobado y, finalmente, un escaso impacto en la transformación del modelo productivo español, a pesar de haber sido, igual que lo será ahora, el país europeo más favorecido con los distintos tipos de fondos de cohesión desde mediados de la década de los 90.

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"Entiendo la urgencia por traer los fondos 'Next Generation', ya que no duran todo el marco financiero plurianual de la Unión Europea (2021-2027)”, indica Antonia Díaz, doctora en Economía, profesora en la Universidad Carlos III de Madrid y editora de 'Nada es gratis'. "Pero no he visto ninguna propuesta sobre el control ‘ex post’ de los proyectos que se van a financiar. El control puede ser ‘ex ante’, que es valorar previamente qué proyecto nos parece mejor, y también control 'ex post', que es analizar si ese proyecto se ha ejecutado con éxito y poder premiar o sancionar, incluso con la devolución de las subvenciones, a quien lo haya hecho mal. En esto último España tiene graves deficiencias y es fundamental crear esos protocolos".

Un embudo en el Gobierno

Todo parece indicar que ese control ‘ex post’, igual que el control 'ex ante', recaerá exclusivamente en el Gobierno. El Ejecutivo de Pedro Sánchez quiere tener un control total de esos 140.000 millones, y lo demuestra en su negativa a crear una agencia independiente para canalizar los fondos de recuperación. “Si por un lado relajas los controles de los interventores y por el otro tienes a los funcionarios colapsados, se crea un contexto en el que los cargos políticos tienen un control absoluto sobre la gestión del dinero y eso genera inseguridad”, afirma De la Nuez.

Antoni Gómez, presidente del Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña, lo expone de otro modo: los interventores, ante la presión de los políticos y la cantidad ingente de trabajo, se pueden ver obligados a revisar proyectos a destajo, velando simplemente por que se cumpla la pura legalidad de lo que los políticos ponen sobre sus mesas, pero poco más.

"Los problemas que veremos en la asignación de fondos no serán de irregularidades, sino de criterios de eficiencia"

"Los interventores son profesionales magníficos e independientes, pero tienen una formación muy específica y el control de estos fondos europeos es algo que va mucho más allá. En la contabilidad interviene mucho el factor de criterio: ¿cómo amortizamos un polideportivo? Por eso hay que contar con auditores externos en la adjudicación de contratos, porque el cuerpo de interventores no dará abasto y al final suele caer en un síndrome de Estocolmo, ya que no te vas a estar peleando todo el día con el alcalde de turno. Los problemas que veremos en la asignación de fondos no serán de irregularidades, porque eso estará controlado, sino de principios, de criterios de eficiencia, ya que los políticos y los interventores serán juez y parte".

José María Gimeno, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza y director del Observatorio de Contratación Pública (ObCP), quita importancia a la supresión de controles en las adjudicaciones de contratos, ya que considera que el real decreto garantiza la legalidad, y centra su preocupación justamente en el nulo control de qué se hará con el dinero. "Se piensa mucho en cómo poner en marcha los proyectos europeos y no se piensa nada en su fase de ejecución. Necesitamos órganos de control externo, una auditoría paralela a medida que se vayan ejecutando, porque el riesgo de que no cumplamos bien con los fondos es real, y luego podemos tener problemas si Europa nos exige la devolución de las cantidades".

De nuevo, el dudoso ejemplo dado por España con los fondos de cohesión no permite ser demasiado optimistas con que estos 140.000 millones sirvan para un cambio real en el modelo productivo español, principalmente en las áreas de transición ecológica y cambio de modelo industrial, que es donde Bruselas quiere poner el foco.

"Los fondos europeos siempre han estado controlados, pero más en el aspecto formal, que las facturas estén bien, que la documentación sea correcta, pero en España no tenemos ninguna cultura de la evaluación y eso es una de las razones del despilfarro de fondos públicos", explica De la Nuez. "Por eso el modelo de gobernanza de los fondos 'Next Generation' que plantea el Gobierno, basado en el control político sin contrapesos, puede ser una receta para el desastre porque tienes todos los riesgos acumulados. Quizá sale bien, pero hay muchos precedentes y no me creo que ahora de repente todos seamos angelitos y no se produzcan casos de corrupción e inversiones arbitrarias".

"El modelo de gobernanza de los fondos 'Next Generation' puede ser una receta para el desastre porque tienes todos los riesgos acumulados"

Díaz sí comprende que el timón del Plan de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea lo lleve el Consejo de Ministros, ya que es quien debe articular las políticas públicas que exige Bruselas, pero también subraya que el Congreso ha de ser partícipe en la toma de decisiones. "La política económica es una responsabilidad del Gobierno, pero hay que dejar muy claro qué organismos gestionan los fondos y poner luz y taquígrafos, sobre todo ahora que a raíz de la pandemia hemos comprobado los déficits en nuestras instituciones públicas. Necesitamos organismos que asesoren a los gobiernos autonómicos y a los parlamentos para contarles los pros y los contras de cada proyecto: perfiles técnicos, científicos, académicos… Sin eso, será casi imposible que las administraciones puedan procesar todos los proyectos".

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El ejemplo de Reino Unido

Los expertos señalan hacia Reino Unido como ejemplo en la auditoría de fondos públicos. "Allí también tienen un cuerpo parecido al de interventores, pero tienen además la obligación de someter los contratos públicos a una auditoría externa", explica Gómez. "Esto pasa en Reino Unido, Nueva Zelanda, países nórdicos y hasta Portugal; en varios países las inversiones públicas están 100% auditadas externamente. ¿Por qué en España no? Porque tenemos ese tic de pensar que, como la Administración pública tiene un interventor que controla la legalidad, es suficiente. Y es verdad y nadie discute eso, pero necesitamos, por poner un ejemplo, que un auditor valore si el precio de salida de unos 'stocks' que figuran en la contabilidad de una empresa es veraz o si quizá es menor a consecuencia de la crisis".

Solo un 58% de los ayuntamientos españoles presentan sus cuentas dentro de plazo, y eso no significa que estén bien hechas

Según datos del Portal de Rendición de Cuentas, solo un 58% de los ayuntamientos españoles presentan sus cuentas dentro de plazo, y eso no siginfica necesariamente que estén bien hechas. El Colegio de Censores Jurados de Cuentas de Cataluña lleva años solicitando sin éxito que los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes se sometan a una auditoría externa regular, ya que sus cuentas solo son revisadas internamente.

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"El Tribunal de Cuentas Europeo ya ha advertido en alguna ocasión que los estados toman decisiones con criterios políticos, lo hizo con las inversiones en puertos y en líneas de tren de alta velocidad", subraya Gimeno. "Europa va a estar muy atenta a esto y por eso debemos repensar muy bien la arquitectura para gestionar estos fondos, olvidándonos de ideologías y aprendiendo de los errores cometidos en la gestión de fondos anteriores. Por ejemplo, olvidarnos del criterio del precio más bajo como adjudicación de un contrato; si la Administración no puede vigilar todos los proyectos, que cuente con empresas auditoras certificadas; si como Gobierno no hay capacidad, que se cuente con las comunidades autónomas. En ese sentido este real decreto es muy conservador, no hay innovación en la gestión pública, es un decreto que podria haber firmado perfectamente el Partido Popular hace cuatro años".

"Muchos ayuntamientos piensan que esto será un nuevo Plan E para hacer calles y fuentes"

Aunque todo es muy difuso todavía, las comunidades autónomas y ayuntamientos ya están preparando sus dosieres para aspirar a subvenciones. Sin embargo, muchos siguen pensando a la vieja usanza. Así lo confirma Agustín Hervías, secretario municipal de Haro (La Rioja) y miembro del ObCP: "Muchos ayuntamientos piensan que esto será un nuevo Plan E para hacer calles y fuentes, pero Europa no quiere calles nuevas, sino cambios productivos y sociales como la transición ecológica y la resiliencia".

Los países de la Unión Europea tienen tiempo de presentar sus planes nacionales de recuperación y resiliencia hasta el próximo 30 de abril.