La gestión de los fondos europeos: agilidad no debería implicar descontrol
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La gestión de los fondos europeos: agilidad no debería implicar descontrol

No cabe duda de que la intensidad del agujero generado por la pandemia en la economía española supone un incentivo acuciante para desplegar el mayor volumen de ayudas de forma rápida

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Desde que Europa puso sobre la mesa el pasado verano el plan Next Generation para la recuperación de la economía regional tras el 'shock' del coronavirus, han sido muchas las expectativas generadas en España. No solo porque el país está llamado a ser uno de los principales receptores, tras Italia, de las ayudas comunitarias, sino porque una cantidad tan relevante de fondos a invertir ha sido vista como una gran ocasión si no la última ocasión de redirigir la economía nacional, superando las vulnerabilidades específicas que han lastrado el crecimiento durante las últimas décadas y activar otras palancas para un crecimiento potencial más sólido y sostenible. Hay 140.000 millones de euros para ello.

Así planteado, el Next Generation se presenta como una oportunidad, pero también como un enorme desafío ante el que resulta esencial no errar. Diseñar un plan estratégico coherente, que perfile los objetivos principales, las actividades que se pretende convertir en vectores principales del crecimiento futuro y la mejor estrategia de estímulo de los mismos, representa una misión de una hondura que casa mal con el cortoplacismo que, lamentablemente, ha tendido a primar en la política económica española.

Pero esa necesidad de acierto podría llegar a verse comprometida por el afán por desplegar esos fondos con la mayor celeridad posible. Las advertencias del Consejo de Estado sobre la necesidad de reforzar los sistemas de garantía y control de esas ayudas representan un recordatorio punzante de este peligro.

Países como China han primado las ayudas urgentes frente a objetivos de transformación

No cabe duda de que la intensidad del agujero generado por la pandemia en la economía española supone un incentivo acuciante para desplegar el mayor volumen de ayudas de forma rápida, para ayudar a empresas y familias a restañar sus heridas financieras y situarse en posición de aprovechar la recuperación posterior. Esta y no otra ha sido la estrategia seguida por un país como China, de lejos el más exitoso entre los grandes en dejar atrás los estragos de la crisis, que no ha dudado incluso en aparcar temporalmente sus objetivos estratégicos de transformación económica en aras de obtener una salida acelerada de la crisis.

El problema es que muchos países del entorno europeo han asumido con decisión esa tarea de proteger su tejido productivo casi desde el primer minuto de la crisis, sin aguardar a la llegada de los fondos regionales, mientras en España han sido constantes los titubeos y escasas las ayudas directas a los sectores más penalizados por la crisis, fiando casi en exclusiva la superación de la crisis al respaldo que ofrecerán los fondos europeos. Esto, inevitablemente, agrava las urgencias en la ejecución de estas inversiones, que pueden resultar esenciales para la supervivencia de múltiples negocios.

"Conviene dar un uso rápido a una parte de las ayudas europeas, es decir, todas aquellas que sirven para evitar el cierre de empresas. De cara a Bruselas, se pueden justificar incentivos a la digitalización del turismo. En clave española, estos sirven para ayudar al sector a sobrevivir hasta el verano. La misma lógica se puede seguir para la formación o recolocación de personas en ERTE", considera Raymond Torres, de Funcas.

Es preciso señalar, en cualquier caso, que una ejecución rápida no tiene necesariamente que estar reñida con la eficacia. Y de hecho, una de las graves trabas que ha enfrentado la actividad económica en España desde hace años es la lentitud de los procedimientos burocráticos, que han supuesto más una rémora que un apoyo a la iniciativa empresarial. En este sentido, solo cabe aplaudir las medidas incluidas en el decreto relativo a los fondos europeos para la simplificación y agilización de un amplio número de procedimientos administrativos.

Son de celebrar los pasos dados por el Gobierno para agilizar procedimientos burocráticos

Pero agilidad no debe confundirse, en ningún caso, con improvisación y descontrol. Y menos cuando lo que está en juego es el diseño de la estrategia de crecimiento a largo plazo de la economía nacional. Tampoco cabe engañarse. Cuando se pone en funcionamiento una cantidad tal de recursos públicos, resulta casi inevitable que parte de la misma se dirija a proyectos que resulten erróneos y fallidos, pero como subrayaba recientemente el economista jefe de UniCredit, Erik F. Nielssen, este es un riesgo inherente a todo proceso de inversiones, en el que también incurren las empresas privadas.

Lo que resulta fundamental es que existan unas líneas estratégicas claramente definidas y unos sistemas de control efectivo que permitan minimizar las desviaciones y limar los errores que se puedan ir detectando en un proceso que, por mucha premura que quiera darle el Gobierno, está llamado a extenderse durante más de un lustro. Especialmente cuando el vicepresidente segundo del Gobierno ha dicho públicamente que quiere usar los fondos para crear una nueva élite empresarial.

Señalaba con cierta sorna en un artículo reciente Enrique Feás, investigador sénior asociado del Real Instituto Elcano, con que el título dado por el Gobierno a los denominados Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (Perte) tiene como acrónimo un término que en francés se traduce como pérdida. Convendría poner en marcha todos los mecanismos necesarios para asegurar que ninguna precipitación en el despliegue de los fondos acabe convirtiendo en esencia estos proyectos en una pérdida que puede acabar resultando muy gravosa para el futuro del país.

Desde que Europa puso sobre la mesa el pasado verano el plan Next Generation para la recuperación de la economía regional tras el 'shock' del coronavirus, han sido muchas las expectativas generadas en España. No solo porque el país está llamado a ser uno de los principales receptores, tras Italia, de las ayudas comunitarias, sino porque una cantidad tan relevante de fondos a invertir ha sido vista como una gran ocasión si no la última ocasión de redirigir la economía nacional, superando las vulnerabilidades específicas que han lastrado el crecimiento durante las últimas décadas y activar otras palancas para un crecimiento potencial más sólido y sostenible. Hay 140.000 millones de euros para ello.

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