El reparto de fondos UE reabre tensiones y anticipa la gran guerra por la financiación

El 'España nos roba' que el independentismo catalán cultivó durante años vuelve, pero ahora en boca de comunidades gobernadas por el PP como Madrid o Andalucía. Las tensiones territoriales que se esconden tras la financiación autonómica, caducada y pendiente de reforma desde 2014 y uno de los compromisos de Pedro Sánchez en el aire, afloran cada vez que el Ministerio de Hacienda impulsa un reparto de fondos entre las comunidades. Esa será la gran batalla, la del reparto del dinero, tras una pandemia cuya gestión ha tensado las costuras del Estado de las autonomías en España.

Ocurrió con el llamado fondo covid y vuelve a reabrirse con fuerza con el fondo de reconstrucción de la Unión Europea. Mientras que el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos refuerza sus alianzas con territorios estratégicos para mantener la estabilidad, como Cataluña o el País Vasco, las tensiones se desplazan. Ahora, el Gobierno se apoya en independentistas, nacionalistas y regionalistas, mientras que PP y Cs agitan el discurso del agravio que antes mantenían desde esas periferias. La propuesta de armonización fiscal lanzada por el Ministerio de Hacienda también mostró la beligerancia de las comunidades del PP frente a Hacienda.

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El vicepresidente andaluz, Juan Marín (Cs), acompañado del consejero de la Presidencia, Elías Bendodo (PP), fue directo a cuenta del reparto de 10.000 millones de euros de fondos europeos React anunciado el pasado lunes. Acusó al Gobierno de Pedro Sánchez de “robar” a Andalucía para “pagar favores políticos a [Gabriel] Rufián y [Arnaldo] Otegi”. Consideró un “atropello” que la comunidad vaya a recibir 1.880 millones de euros, el 18,8% del total y en un porcentaje que coincide con el de su población, y reclamó el 32%, 3.200 millones. Exigen aplicar los mismos criterios que ha utilizado Bruselas para repartir los fondos de reconstrucción entre sus Estados miembros. Los mismos que el Ministerio de Hacienda asegura que rigen para este reparto.

El discurso de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso (PP), fue muy similar en fondo y forma al de Andalucía. Denunció “el maltrato” que sufre Madrid en comparación con Cataluña o la Comunidad Valenciana. “Habrá 422 millones de euros menos para los madrileños por culpa del apoyo del Gobierno de Sánchez al independentismo catalán”, señaló Ayuso. Andalucía cifró el 'robo' a su comunidad en 1.400 millones. “Denunciaremos esta discriminación, por injusta, ante la UE”, recalcó la presidenta madrileña.

La estrategia de Génova

Desde el Gobierno de Castilla y León, también de PP y Cs, su consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, lamentó que el Ejecutivo haya aplicado al reparto criterios que "perjudican más a las comunidades autónomas que están tomando medidas más adecuadas y más acertadas para la crisis" "Es decir, que paradójicamente, lo que han buscado son unos criterios en donde cuenta la pérdida del PIB y de empleo durante estos últimos meses, mientras a las comunidades autónomas que estamos haciendo mejor las cosas se nos perjudica, y esto, generalmente, acaba perjudicando de forma especial las más despobladas", afirmó Carriedo en declaraciones a Europa Press.

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La confrontación es con el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos, y el agravio siempre con comunidades gobernadas por otro signo político. Madrid se comparó con Cataluña, que recibirá el 17% de fondos frente al 13% que llegará a la capital, y con la Comunidad Valenciana, “gobernada por la izquierda y la ultraizquierda”, que recibirá una cantidad muy similar pese a que su peso en el PIB y su población son inferiores, denunció Ayuso. Andalucía mira siempre a Cataluña y País Vasco.

El PP de Pablo Casado apoya buena parte de su oposición en las comunidades donde gobierna y quiere trascender Madrid y mirar más a otras comunidades, como Andalucía. En este caso, la ofensiva abierta por el reparto de fondos React se extenderá con los Next Generation y alcanzará su apogeo si el Gobierno cumple su promesa de abrir la reforma de la financiación autonómica. Es el gran melón por calar y en el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero, que se comprometió a impulsarlo a partir de febrero en el enésimo aplazamiento, saben de las grandes dificultades.

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El actual modelo, que perjudica de forma importante a unas comunidades frente a otras, está pendiente de renovación desde 2014. Sánchez selló en enero, en su acuerdo con Compromís, reformar la financiación en nueve meses. La pandemia ha sido la coartada excepcional para arrinconar este debate, pero la vuelta a la normalidad, esperada tras la vacuna, volverá a poner este asunto crucial del Estado de las autonomías sobre la mesa. El PP ya prepara su ofensiva, aunque es siempre difícil que sean criterios políticos los que guíen a los barones y normalmente no son alianzas políticas sino territoriales las que predominan al hablar de reparto de dinero del Estado entre las autonomías. Por ejemplo, Andalucía y la Comunidad Valenciana comparten más criterios comunes que benefician sus intereses que Andalucía y Madrid.

Así es el reparto

La propuesta de reparto de fondos React de la UE, formalizada este lunes, fue adelantada por la ministra de Hacienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de octubre y sigue el modelo y los criterios de distribución utilizados por la UE con sus Estados miembros para hacer frente a las consecuencias de una pandemia, asegura el ministerio. Mandan tres indicadores. El más relevante, el impacto de la pandemia en la riqueza de cada comunidad, en el PIB, que supone dos tercios del total. El impacto de la crisis en el desempleo y su efecto concreto en el paro juvenil (15 a 24 años) son los otros dos medidores. Adicionalmente, se incluye una ayuda para regiones ultraperiféricas como Canarias.

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El fondo React-EU forma parte de un paquete de ayudas europeo más amplio aprobado por la Comisión Europea en julio de este año que alcanza una cifra total de 750.000 millones. De esa cantidad, a España le corresponden aproximadamente 140.000 millones y ha logrado ya una preasignación de 76.724 millones correspondiente al plan Next Generation.

La mayor parte de esos recursos se enmarcan en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, con una asignación estimada para España de 64.300 millones. El resto corresponde al React, con una asignación de unos 12.436 millones de euros (los 10.000 millones repartidos entre las CCAA y los 2.436 millones gestionados por el Ministerio de Sanidad, fundamentalmente para la compra de vacunas).

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El reparto de vacunas ya evidenció la guerra entre las comunidades del PP y el Gobierno de Pedro Sánchez tras meses de tensiones territoriales por la pandemia. Un inédito estado de alarma durante la primera mitad del año, que centralizó todas las competencias en el Gobierno, y un giro de 180 grados para la segunda parte, con un decreto que ahora deposita toda la responsabilidad en las comunidades autónomas. Con las heridas aún abiertas, el reparto de fondos UE será el preludio definitivo de una guerra que tendrá su capítulo más duro con la reforma de la financiación autonómica.

Cifras entre CCAA

Andalucía recibirá 1.881 millones de euros (18,8%), consolidándose en la primera posición, seguida de Cataluña, con 1.706 millones (17,1%), la Comunidad de Madrid, con 1.284 millones (12,8%), y la Comunidad Valenciana, con 1.254 millones (12,5%).

Por la cola, se encuentran Aragón, con 267 millones (2,7%), Asturias, con 196 millones (2%), Extremadura, con 1,9 millones (1,9%), Navarra, con 148 millones (1,5%), Cantabria, que recibirá 96 millones (1%), y las ciudades autónomas de Ceuta (24 millones) y Melilla (17 millones).

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Castilla-La Mancha, por su parte, percibirá 486 millones de euros (4,9%) quedando por encima, aun con una población menor, de Castilla y León, que se beneficiará de 335 millones (3,4%). Las islas Baleares recibirán 300 millones (3%), mientras que Canarias se hace con más del doble, 630 millones (6,3%).

Los fondos deben destinarse a financiar el impacto sufrido en los ámbitos de la educación, la sanidad y los servicios sociales como consecuencia de la pandemia. Asimismo, deben impulsar un cambio en el modelo productivo para lograr un crecimiento sostenible e inclusivo, así como fomentar la transición ecológica y digital, la cohesión social y territorial y la igualdad.