Las autonomías arrancan la carrera por captar los fondos covid de la UE para España

Las comunidades autónomas se preparan para participar en el reparto de los 140.000 millones de euros que la economía española recibirá del instrumento Next Generation EU, pactado por los países de la Unión Europea para compensar los efectos económicos de la crisis sanitaria del covid-19 y tratar de lanzar la recuperación. El Gobierno ha calculado que al menos 72.200 millones serán trasferencias sin contrapartida con cargo a deuda continental mutualizada. Sin embargo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez no será el responsable de gestionar en solitario ese dinero, que comenzará a recibir a partir del año que viene y hasta 2023. Inevitablemente, tendrá que contar con el sector privado y con el resto de administraciones públicas, que ya han comenzado a posicionarse.

Como ocurre con el resto de recursos canalizados a través de la Comisión Europea, los fondos de reconstrucción no son meras trasferencias sin destino fijo. Tienen carácter finalista y para poder recibirlos España tendrá que presentar planes nacionales de recuperación "sobre la base de las prioridades de inversión y de reforma establecidos en el semestre europeo, en consonancia con los planes nacionales de energía y clima, los planes de transición justa y los acuerdos de asociación, además de los programas operativos en el marco de los fondos de la UE", según recogía la primera propuesta comunitaria del llamado Mecanismo Europeo de Recuperación y Resiliencia, dotado con 673.500 millones, de los cuales 312.500 serán trasferencias, 59.900 millones para España.

A esta última suma habrá que añadir 12.400 millones encuadrados en el llamado programa React EU, dotado con 47.500 millones y que se concibe como un complemento a las ayudas a la cohesión, es decir, a propiciar la convergencia entre países y regiones.

Como ocurre con los fondos estructurales, a la espera de conocer la letra pequeña del acuerdo, lo lógico es que los Estados tengan asignadas unas cantidades, pero su ejecución dependerá en gran medida de su capacidad de presentar proyectos y propuestas de gasto e inversión, como ocurre con los programas operativos de los fondos de cohesión. Si esos programas no se llevan a cabo, España perderá los fondos. Es algo que ocurre habitualmente. En el arranque de este año, el país tenía pendientes de ejecución 12.000 millones de euros de dinero europeo cuando apenas restaba un año para que finalice el periodo presupuestario 2014-2020, tal como relató El Confidencial.

Optimizar el aluvión de recursos procedentes de Bruselas para que no se queden en la caja requerirá del concurso y las propuestas de todas las administraciones. La Junta de Andalucía, que preside el popular Juanma Moreno Bonilla, reclamaba este martes a Sánchez que tenga en cuenta criterios similares a los que han pesado en Europa a la hora de redistribuir los recursos millonarios entre los territorios, esto es: población, renta per cápita o niveles de desempleo. "Andalucía no va a ser convidada de piedra ni va a aceptar que se le dé un céntimo menos de lo que le corresponde", manifestó el consejero andaluz de Presidencia, Elías Bendodo, marcando terreno político.

Opinión

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Sin embargo, el pulso entre autonomías tendrá en esta ocasión un importante matiz que lo diferencia del que se ha producido con el fondo no reembolsable de 16.000 millones que el Gobierno ha habilitado para ayudas a las comunidades por el impacto de la pandemia. El mecanismo de la UE requerirá de la presentación de proyectos e iniciativas ajustados a sus objetivos, que deben recibir el visto bueno de los socios europeos. Además, hay que darse prisa. El desembolso de los fondos comenzará en 2021 y se extenderá hasta 2023. Para este último año, solo puede quedar pendiente de pago el 30%. En los dos primeros ejercicios, se tendrá que haber desembolsado el 70% del dinero.

"Habrá que ponerse las pilas"

"Habrá partes que se distribuirán entre países, pero incluso habrá que presentar proyectos, como por ejemplo en el tramo que ampliará los fondos estructurales. Otras partes serán de concurrencia competitiva y habrá que ponerse las pilas. Requerirá un esfuerzo para saber aprovechar los recursos, incluso aunque sean fondos asignados", señala Juan Viesca, ex director general de Proyectos y Fondos Europeos de la Generalitat valenciana y actualmente responsable de fondos de la Fundacion Finnova, con sede central en Bruselas.

En esta línea, el 'president' valenciano, Ximo Puig, avanzó que su Administración, que calcula un mínimo de 7.000 millones en trasferencias directas para la Comunidad Valenciana, ha iniciado ya trabajos para encontrar la forma de acceder a los recursos. "Tenemos que ser capaces de gestionar adecuadamente y, por eso, ya desde hace meses se está trabajando intensamente en diferentes departamentos de la Generalitat para ver de qué manera podemos contribuir y avanzar en la implementación de proyectos en Europa", señaló tras una encuentro con el patronato de la Fundación Comunitat Valenciana-Regió Europea (FCVRE). Puig tiene previsto comparecer en las Cortes valencianas para informar sobre la posición del Gobierno autonómico y los proyectos europeos básicos sobre los que se va a trabajar, relacionados con la transición energética, la digitalización y el fortalecimiento del estado de bienestar.

El barón socialista insistió en que los años 2021, 2022 y 2023 "serán fundamentales en el diseño del presupuesto europeo" y "esto exige que el Consell mire de manera prioritaria la acción europea, pues es fundamental para nuestra reactivación económica y nuestro bienestar social".

También Cataluña ha movido ficha. El vicepresidente, Pere Aragonès, avanzó que la Generalitat que preside el posconvergente Quim Torra cuenta ya con "20 proyectos transformadores articulados en torno a cuatro ejes sectoriales y un eje transversal", y cifró en 30.000 millones de euros el importe que cree que debería recibir su comunidad.

Tras la dura negociación de Bruselas, empieza el baile autonómico en España por el reparto del dinero. Otro clásico.