A LA COLA EN EUROPA EN GASTO EJECUTADO

España arriesga 12.000M de fondos UE por falta de ejecución en plena crisis del covid

La burocracia o la necesidad de cofinanciar explican el riesgo de perder millonarios recursos comunitarios. Cambios en los reglamentos como se hizo con Grecia en 2015 podrían desatascarlos

Foto: Sede de la Comisión Europea en Bruselas. (Reuters)
Sede de la Comisión Europea en Bruselas. (Reuters)
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España se juega más de 12.000 millones de euros de fondos estructurales europeos en un momento crítico para su economía como consecuencia del impacto de la pandemia del covid-19. El país cerró el ejercicio de 2019 a la cola de la Unión Europea en ejecución de este tipo de recursos, solo por delante de Luxemburgo en términos porcentuales y cuando apenas faltan unos meses para el cierre de la ventanilla para desplegarlos. De los 56.367 millones planificados en su programa operativo para el periodo 2014-2020, con una proporción media de cofinanciación de 70/30 (70% UE-30% administraciones públicas españolas), arrancó el último año del sexenio presupuestario con un 31% de los proyectos sin comprometer y un 67% de la financiación sin gastar de forma efectiva.

En total, a 1 de enero, quedaban iniciativas sin ejecutar por valor de 17.264 millones, de los cuales, 12.084 millones son recursos directos aportados por la Unión a punto de perderse que podrían jugar un papel clave como inyección complementaria al tejido productivo español, que acaba de entrar en un túnel de recesión de duración incierta y con elevados costes sociales en términos de empleo y renta per cápita.

Las cifras más bajas de ejecución se concentran en los fondos Feder (desarrollo regional) y Feader (fondo europeo agrario de desarrollo rural), con tasas de ejecución de menos del 60% en ambos casos. Son dos instrumentos clave para la convergencia entre territorios comunitarios y como dique para frenar el cada vez mayor fenómeno de la despoblación de ciudades y localidades de interior en España. Entre los dos, suman más de 41.000 millones de euros programados para proyectos relacionados con competitividad de pymes, I+D+i, empleo sostenible, protección del medio ambiente, control de emisiones de carbono, inclusión social o tecnologías de la información y las comunicaciones. El Parlamento Europeo aprobó el pasado mes de abril la posibilidad de destinar parte del dinero a cubrir gastos relacionados con costes sanitarios por el coronavirus, como compra de material de protección, contratación de personal o investigaciones ligadas a la lucha contra la enfermedad.

¿Por qué hay tanto dinero disponible sin ejecutar? Las razones son variadas, según los expertos. Juan Viesca, ex director general de Proyectos y Fondos Europeos de la Generalitat valenciana y actualmente responsable de fondos de la Fundacion Finnova, con sede central en Bruselas, cree que no hay un único factor que explique el alarmante riesgo de desertificación de proyectos, pero cita tres en especial: la elevada cuantía de las sumas, la burocracia en la gestión de los programas y el hecho de que las administraciones españolas tengan que colaborar con porcentajes de cofinanciación que alcanzan el 50%, lo que limita la puesta en marcha de iniciativas cuando una autonomía o un ayuntamiento no disponen de recursos propios para desplegarlas y llevarlas a buen término.

España es, en cifras absolutas, el tercer país que más dinero tenía asignado en el programa operativo 2014-2020 de fondos estructurales y de inversión, por detrás de Polonia e Italia. Pero mientras la Administración polaca ha logrado situarse en un meritorio décimo quinto puesto en niveles de ejecución pese al importante volumen de recursos gestionado, españoles e italianos se han quedado rezagados, según las propias estadísticas que publica la Comisión Europea.

Por tanto, ahora que la economía afronta un periodo de convulsión, urge encontrar la forma de habilitar todos los recursos disponibles. El país no puede permitirse desperdiciar la posibilidad de incorporar a su PIB más de 12.000 millones de euros. El Ministerio de Hacienda ha habilitado a las autonomías para que reprogramen partidas y destinen 3.200 millones de euros de fondos Feder a gastos de salud y compras relacionadas con la batalla del coronavirus. Muchas de ellas ya están poniendo en marcha sus mecanismos para tirar de esa caja en sus contratos de emergencia, tal como ha relatado El Confidencial.

El antecedente de Grecia en 2015

Sin embargo, Viesca cree que todavía pueden explorarse modificaciones y cambios para hacer que el dinero europeo fluya con más eficacia y no se pierda. Este consultor, que trabajó ocho años como alto funcionario en la Comisión Europea para el programa Leonardo Da Vinci, cita, por ejemplo, bonificar las cuotas de la Seguridad Social a las empresas o autónomos que se hayan visto directamente afectados por la aplicación del real decreto del estado de alarma. Podría ser una forma de recurrir a ese dinero, tal y como ya ejecuta el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Se trataría sencillamente de hacer un traspaso de fondos ya justificados para o bien proceder a la devolución de cuotas ya abonadas, o bonificarlas en el futuro sin coste para el Estado, que podría compensar el descenso de los ingresos vía Fondo Social Europeo.

Otra de las alternativas es promover ayudas directas, prestamos e instrumentos financieros para empresas, con tipo de interés cero y periodos de carencia, por ejemplo, a través de la Iniciativa Pyme, una herramienta ya existente que facilita financiación empresarial.

Se trata de la fórmula que empleó la CE en 2015 para Grecia cuando el país atravesaba por graves problemas de estabilidad en sus cuentas

Pero el responsable de fondos de Finnova cree que una de las fórmulas más ágiles de inyectar liquidez en las administraciones sería elevar de forma automática el porcentaje de cofinanciación de los fondos estructurales al 100%, no solo para el ejercicio contable 2020-2021 sino con efectos retroactivos a 1 de enero de 2014. "Esto permitiría tener liquidez y fondos de manera inmediata aplicando este nuevo porcentaje a los gastos ya certificados desde el 1 de enero de 2014, pudiendo aplicarlos a medidas excepcionales para pymes", señala Viesca.

Se trata de la fórmula que empleó la Comisión Europea (pinche aquí para ver el cambio en la norma) en 2015 para Grecia cuando el país atravesaba por graves problemas de estabilidad en sus cuentas y tuvo que ser rescatado financieramente. En aquel momento, se optó por modificar el reglamento de los fondos estructurales con el fin de que los programas certificados pudieran cofinanciarse al 100% por la UE. Así, sin modificar el presupuesto existente, Grecia pudo recibir de forma inmediata recursos pendientes de ejecución y abordar nuevas inversiones sin necesidad de acompañarlas de tesorería propia de la que no disponía. Una solución que tendría justificación ahora por la emergencia de la pandemia y que movilizaría todo el dinero pendiente de distribuir en fondos europeos ya planificados.

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