Sánchez irrita a algunas de las CCAA más azotadas con el nuevo reparto del fondo covid

Los 16.000 millones del fondo no reembolsable que el Gobierno entregará a las comunidades de aquí a final de año abren otra fuente de conflicto. El Ejecutivo cambia los criterios de reparto que había dibujado inicialmente y que, en principio, podría perjudicar a las comunidades más afectadas por la emergencia del covid-19, como Cataluña y las dos Castillas, y beneficiaría a otras como Andalucía o Comunidad Valenciana. La principal novedad es que se introduce un nuevo tramo, de 2.000 millones, para la educación.

Aunque ya los gobiernos autonómicos tenían en los últimos días conocimiento de los cambios introducidos por Hacienda, este domingo se los confirmó Pedro Sánchez a los mandatarios regionales en la decimotercera conferencia de presidentes, también telemática, como todas las anteriores. Y enseguida llegó la protesta, liderada primero por el jefe del Govern, Quim Torra; seguida por el primer barón del PP, Alberto Núñez Feijóo, y también por el líder castellanomanchego, el socialista Emiliano García-Page, quien considera la nueva distribución "injusta". El relato del nuevo dibujo del fondo fue el eje de la intervención inicial de Sánchez, en la que también introdujo algunos apuntes sobre la apertura de fronteras (finalmente para el 1 de julio), el decreto de nueva normalidad que aprobará el Consejo de Ministros el martes y el Consejo Europeo del próximo 19 de junio en el que España se juega la recepción de unos 140.000 millones de euros entre transferencias y préstamos.

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El fondo de 16.000 millones, que las CCAA no tendrán que devolver al Estado, se dividirá finalmente en tres grandes bloques, tal y como explicó Sánchez este domingo a los presidentes. Uno primero, de 9.000 millones de euros, para cubrir la inversión sanitaria. Uno segundo, de 2.000 millones, para ayudar a la educación, que será "uno de los hitos en septiembre", con la vuelta al cole. El tercero, de 5.000 millones, buscará paliar la minoración de ingresos. De estos últimos, 800 millones están pensados para compensar la disminución de la facturación de los servicios de transporte, como metro, cercanías o autobuses interurbanos. En el diseño inicial, se preveían 10.000 millones para cubrir el gasto sanitario, otros 1.000 M € para políticas sociales y el tercero, de 5.000 millones, para compensar la pérdida de ingresos.

El primer bloque, de 9.000 M €, irá para cubrir el gasto sanitario. El segundo, de 2.000 M, para educación. Y 5.000 M, por la caída de ingresos

Estos 16.000 M € se abonarán en cuatro tramos. El primero, de 6.000 millones y en base a criterios de gasto sanitario, en julio. Se aprobará a mitad de este mes. El segundo, de hasta 3.000 M, también en base al gasto sanitario, se liquidará en noviembre. El tercero, de hasta 2.000 millones, los del gasto educativo, se pagará en septiembre. Y el cuarto y último tramo, de 5.000 M, el que tiene en cuenta la bajada de ingresos de las CCAA (y que solo se repartirá entre las autonomías del régimen común, o sea, todas menos Euskadi y Navarra), se abonará en diciembre.

Ahora gana peso el factor poblacional. Porque de los primeros 6.000 millones, la población protegida equivalente pasa de pesar un 20% a un 35%. En el segundo tramo, de 3.000 M, el peso de la población pasa del 40% al 45%. Respecto al fondo de 2.000 M para educación, el 80% se repartirá según la población de 0-16 años y el 20%, de 16 a 24 años.

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7.907 millones más

Sánchez puso en valor que el fondo no reembolsable supone "un esfuerzo extraordinario por ser la mayor transferencia de recursos a las CCAA al margen de la financiación autonómica", y "la situación financiera del Estado es la que es". La distribución final del fondo se ha decidido, alegó tras hablarla con las comunidades y con los distintos grupos parlamentarios. La dotación se vehiculará a través de un real decreto ley que el Consejo de Ministros, confirmó Sánchez en rueda de prensa posterior en la Moncloa, el 16 de junio, y que después habrá de convalidar el Congreso.

El presidente remarcó que la CCAA van a recibir 7.907 millones más que el año anterior. Además, les recordó, se ha repartido el fondo extraordinario de principio de la pandemia, con lo que el Gobierno "ha facilitado 24.500 millones de euros a las comunidades". El jefe del Ejecutivo defendió en su comparecencia [aquí en PDF] que la propuesta inicial se ha "mejorado y modulado" con la intención de reflejar "con la mayor fidelidad posible" el impacto de la pandemia.

También remarcó que se trata de "transferencias directas, no de préstamos", por lo que las CCAA "no deberán devolver este dinero, ni les incrementará la deuda, ni les generará intereses de ningún tipo". "Es una entrega definitiva" y son recursos "que se reparten sin condicionalidad", por lo que cada comunidad usará el dinero recibido y "no rendirá cuentas al Gobierno, aunque sí lo hará ante los ciudadanos a través de sus respectivos parlamentos autonómicos".

Sánchez defiende que es "la mayor transferencia" de recursos al margen del sistema de financiación y que las CCAA no deberán devolver ni justificar

El primero en intervenir tras Sánchez en la cumbre dominical fue el jefe del Govern. Torra cree que el nuevo modo de reparto le perjudica, porque su comunidad —al igual que Madrid y las dos Castillas— ha sido de las más azotadas por el virus. Los nuevos criterios "suponen una pérdida de decenas de millones de euros", según los cálculos realizados por su 'vicepresident', Pere Aragonès (ERC). "¿Por qué siempre es Cataluña quien ha de asumir todos los gastos?". Torra acusa al ejecutivo de "asfixiar" a su comunidad, "entorpecer la recuperación económica" y "comprometer las políticas sociales absolutamente necesarias". El 'president' de la Generalitat exigió, dadas las cifras "devastadoras" que su Govern tiene sobre la mesa, conseguir para Cataluña 15.000 millones, 5.000 de los cuales han de ser transferencias directas del Estado por los gastos acreditados en inversión sanitaria. También demanda subir el déficit al 1%, frente al 0% fijado, lo que supondría un incremento de 2.500 M.

Por el reparto también protestó Feijóo y los presidentes de las dos Castillas, Emiliano García-Page (PSOE) y Alfonso Fernández Mañueco (PP). "No me parece que el cambio de criterio sea justo, no lo puedo compartir —protestó Page—. Este es un fondo extraordinario que tiene que ver con el grado objetivo de la afectación de la enfermedad, no con otros criterios. La Rioja, Castilla y León y nosotros hemos tenido porcentualmente más impacto y hemos tenido que dejarnos la piel en gasto de material, contrataciones y en titulares y medios de comunicación".

Torra acusa a Sánchez de "asfixiar" Cataluña, y Page y Mañueco consideran "injusto" el nuevo reparto, porque no paga la factura del covid en sus CCAA

Castilla-La Mancha, pues, pide que se vuelva al reparto inicial del pastel, que beneficiaba a las CCAA más castigadas pero que sin embargo era fuente de queja para el resto, que juzgaban que no se premiaba a quienes habían hecho un esfuerzo muy importante para sostener la sanidad frente a las que, como Madrid, habían recortado gasto. Además, Page cree que ese bloque de 2.000 millones computa igual a las regiones con una red pública muy desarrollada que a las que han primado la enseñanza privada. Dicho de otro modo, "perjudica" a las que han garantizado la educación pública. "No termino de entender el gasto vinculado a educación cuando hay otros servicios afectados con el covid y sus repercusiones, como el transporte público. Hay que reflexionarlo y darle una vuelta", remachó.

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Para Mañueco, "el cambio de reparto del fondo no paga la factura del covid, los sobrecostes reales de la pandemia en sanidad y servicios sociales". Este reparto, en opinión del barón popular, "es injusto y deja en la estacada a las CCAA que han sufrido más el coronavirus". Otro presidente no satisfecho es el socialista Javier Lambán, presidente de Aragón, porque cree que hay que reconsiderar la disminución de mil millones de euros para políticas sociales y porque el fondo educativo ha de tener en cuenta el coste de los servicios en el medio rural, donde las plazas cuestan de media tres o cuatro veces más que en el entorno urbano.

La madrileña Isabel Díaz Ayuso (PP) exigió una mesa de diálogo específica con el Ministerio de Hacienda para el reparto del fondo. "Tenemos unas circunstancias muy concretas que nos hace preocuparnos y necesitamos que estos fondos lleguen de una manera significativa a Madrid", apuntó. Y aunque reconoció la interlocución de su consejero Javier Fernández-Lasquetty con María Jesús Montero, cree que esa mesa es necesaria porque hay que tener en cuenta "la cercanía", ya que la región ha sido la más castigada por el covid y "la más golpeada en su sistema sanitario y económico". Madrid no debería ser de las CCAA más perjudicadas, ya que le beneficia el criterio poblacional y esa reserva de 800 millones para el gasto de transporte.

Para el murciano Fernando López Miras (PP), los 200 millones de euros que recibirá la Región serán "migajas que ahondan en un nuevo maltrato". El cántabro Miguel Ángel Revilla (PRC) considera que el reparto "no es justo" porque no tiene en cuenta el coste de los servicios. Estima que su comunidad cobrará 120 millones de los 11.000 que se distribuirán para gasto sanitario y educativo, 58 menos de los que cree que le corresponderían.

Urkullu y Feijóo piden que no se abandone la industria. El 'lehendakari' confía en que se abra la movilidad con las CCAA vecinas en una semana

Frente a las CCAA que se sienten castigadas ahora, las que están satisfechas con el nuevo modelo. Entre ellas, Comunidad Valenciana y Andalucía. El socialista Ximo Puig subrayó que la nueva propuesta "va en la dirección de una mayor justicia en la distribución de los recursos. "Nunca todos vamos a estar de acuerdo, pero sí hay que avanzar en una mayor realidad del gasto que ha habido y de las repercusiones de la pandemia". Eso sí, el 'president' valenciano insistió en que hay que abrir un debate "serio" sobre la fiscalidad en España, con la exigencia de "corresponsabilidad de las CCAA". Su crítica se lanza contra el 'dumping fiscal', contra las CCAA que piden dinero al Estado y luego bajan impuestos, dañando a otras regiones. De nuevo, demandó una salida para el problema de infrafinanciación que sufren comunidades como la suya.

El jefe de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se centró de hecho en otras cuestiones: por ejemplo, se mostró partidario de no hacer este año la Operación Paso del Estrecho (OPE) y señaló su preocupación por la inmigración irregular que llega a través de pateras a sus costas, que aumenta con el buen tiempo. Y es un "riesgo de contagio". También confirmó que la movilidad en toda la comunidad será posible desde mañana, cuando todas las provincias progresan a fase 3. Sánchez, en rueda de prensa, apuntó que el Gobierno está estudiando medidas por si se produce la OPE, que moviliza a tres millones de personas cada año, de las que el 80% cruza por el puerto de Algeciras. Un grupo de trabajo formado por distintos ministerios analiza la situación y se está en contacto con los gobiernos de distintos países, y también con el de Marruecos, informó. Los presidentes de Ceuta y Melilla, por su parte, agradecieron la participación de ambas ciudades en el fondo, por el que cada una recibirá 25 millones de euros.

Industria y automóvil

Feijóo, por su parte, además de manifestar su queja por el reparto del fondo, pidió aclaraciones sobre las competencias exactas de los mandatarios regionales que tengan a sus comunidades, a partir de este lunes, en la última etapa de desescalada, y defendió trabajar en un plan de rebrote nacional para tener "criterios comunes". Solicitó la bajada del IVA del turismo y eliminar la tasa de reposición en las ofertas públicas de empleo para personal sanitario y de servicios sociales. El barón gallego, el cántabro y el asturiano iniciarán conversaciones para poder activar la movilidad entre sus tres comunidades a partir del 15 de junio, lo que requerirá el pase a la nueva normalidad de las tres y el levantamiento de la alarma.

Puig, en cambio, celebra la nueva propuesta, porque camina en una dirección de "mayor justicia" y avanza en "una mayor realidad del gasto"

El jefe de la Xunta hizo referencia al sector de la industria —"No podemos permitirnos perder ningún puesto de trabajo"—, asunto que también tocó el 'lehendakari'. "Es un motor para el conjunto de la economía. Una apuesta firme por la industria contribuirá al fortalecimiento de los sectores vinculados". Iñigo Urkullu reclamó una estrategia "decidida" para generar un contexto de desarrollo en todo el Estado en relación la tecnología y la inversión, especialmente en la automoción. "No podemos abandonar al sector a su suerte", apuntó. También manifestó su confianza en que en una semana pueda abrirse la movilidad de Euskadi con las CCAA vecinas que están en fase 3: Cantabria, Navarra y La Rioja. El jefe del Ejecutivo vasco lo vincula a la apertura transfronteriza, que puede ayudar a relanzar la actividad económica. La riojana Concha Andreu (PSOE) sí cree posible abrir fronteras entre regiones limítrofes. Y la navarra María Chivite (PSOE) defendió una mesa de la automoción para dinamizar el sector.

Puig, por su parte, se mostró de acuerdo con la necesidad de reindustrializar el país y de volcar esfuerzos en el sector del automóvil, y pidió planes compartidos entre el Gobierno y las CCAA en materia de infraestructuras, vivienda y turismo. Y recalcó que hace falta un Centro Estatal de Salud Pública potente y con participación de las autonomías.

El asturiano Adrián Barbón (PSOE) aplaudió que en el reparto del fondo se tenga en cuenta la población protegida equivalente, por lo que se ponderan factores como el envejecimiento, y que se puntúe por el número de PCR realizadas, y no solo las positivas, porque el Principado ha hecho un esfuerzo para la detección de casos. Su compañero de partido Guillermo Fernández Vara, presidente de Extremadura, enfatizó la necesidad de reforzar el sistema educativo y si su región precisa contratar a más docentes por las condiciones de distanciamiento que impone el covid, se hará.

Las conferencias telemáticas se acabarán cuando se levante la alarma en todo el país, el 21 de junio. Sánchez espera una presencial pasado el 12-J

La de este domingo no será la última videoconferencia de presidentes. Sánchez dejó claro en rueda de prensa posterior que las mantendrá hasta que se levante la alarma en todo el país, el 21 de junio. La siguiente cumbre con los mandatarios regionales espera que se pueda celebrar de manera presencial, aunque tendrá lugar, indicó, tras las elecciones vascas y gallegas del 12 de julio.

Apertura de fronteras, finalmente para el 1 de julio y con liderazgo de la UE

Una de las polémicas que ha recorrido la semana ha sido la apertura de fronteras. La ministra de Industria, Reyes Maroto, afirmó primero que con Portugal y Francia se levantarían los controles el 22 de junio, afirmación que tuvo que ser corregida al cabo de pocas horas. Pedro Sánchez aseguró este domingo a los presidentes, sobre todo a los que han pedido mayor "flexibilidad" con los países vecinos, que la situación es "complicada". Recordó que el jueves el primer ministro italiano, Giuseppe Conte, y él mismo, pidieron a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, una "mayor coordinación" en la apertura de fronteras en base a "criterios epidemiológicos comunes, claros y transparentes". 

Conte y Sánchez también reclamaron que el Centro Europeo de Prevención y Control de las Enfermedades (ECDC) tenga un papel de "liderazgo". Que sea la agencia comunitaria la que defina los criterios, para que sean uniformes. El líder socialista explicó que ha de establecerse asimismo un proceso sobre umbrales de influencia del covid en terceros países. O se hace a nivel UE (no bilateralmente, país con país) o habrá "poca o ninguna eficacia". "Si abrimos Schengen y te pueden entrar de terceros países en los que la incidencia acumulada es superior a la que se ha definido por otro de ellos, de los países de la UE, pues es ineficaz", apuntó, según fuentes presentes en la videoconferencia de este domingo. 

En definitiva, señaló, España quiere que la UE defina los criterios comunes que permitan abrir fronteras de manera gradual, y hay que hacerlo en "tiempo récord". "El planteamiento es tener la apertura a principios de julio. Es nuestro compromiso y nuestra realidad epidemiológica, pero necesitamos esas normas comunes, porque si no vamos a tener muchas dificultades para controlar lo que nos llega de fuera", expresó. El "riesgo" mayor que afronta España, pues, viene de los brotes importados, de ahí que para el Gobierno sea clave la "aproximación común de la UE".