Los barones del PSOE piden que el fondo del covid penalice CCAA con rebajas fiscales

Los barones territoriales del PSOE y sus consejeros económicos han defendido ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que el fondo de 16.000 millones de euros para las autonomías premie a las que consideran que actúan con "corresponsabilidad fiscal" y penalice aquellos territorios que han realizado rebajas de impuestos propios y cedidos, como es el caso de la Comunidad de Madrid. La posición de los presidentes socialistas es que esta filosofía se aplique especialmente al tramo de 5.000 millones que compensa las caídas de la recaudación fiscal de las regiones por la crisis del coronavirus, de forma que en su cálculo no se tengan en cuenta los menores ingresos derivados de esas rebajas y no se confundan con la inevitable factura recaudatoria de la pandemia. Así, confían en que el reparto tome como referencia el Presupuesto de 2020 y la diferencia sobre las previsiones, y no la recaudación de años anteriores.

El Ministerio de Hacienda sigue negociando los criterios de reparto del fondo no reembolsable de 16.000 millones dirigido a compensar el impacto de la gestión del coronavirus en las arcas de las comunidades autónomas. La partida se entregará sin compromiso de devolución, no generará intereses y se financiará con cargo a deuda del Estado. Lo que aparentemente debería ser recibido como una inyección extrapresupuestaria, capaz de aliviar la tesorería de muchos territorios, se ha convertido, sin embargo, en campo de batalla entre territorios a la hora de definir los criterios de reparto. Es un anticipo de las disputas que llegarán si el Gobierno de Sánchez se decide a abrir el melón de la reforma de la financiación autonómica, cuyo sistema en vigor lleva caducado desde 2014 y se ha demostrado ineficaz a la hora de facilitar la convergencia entre regiones en materia de gasto en sanidad, educación, dependencia y servicios sociales.

El departamento de Montero ha estructurado el fondo en tres tramos. O cuatro, para ser exactos. El primero de ellos, de 10.000 millones de euros, tiene como objetivo paliar el gasto sanitario no presupuestado generado por la gestión del coronavirus. Se ha dividido en otros dos paquetes, uno de 6.000 millones que se desembolsará en julio, según Hacienda, y otro que podría llegar a partir del tercer trimestre de 4.000 millones. La ministra ha propuesto que en el primero los ingresos en UCI, las hospitalizaciones y los test realizados pesen un 80%, mientras que la llamada "población ajustada" o "protegida equivalente" pondere en el 20%. Este porcentaje poblacional se elevaría hasta un 40% en la entrega de otoño.

Esta distribución ha generado conflictos territoriales entre quienes quieren un mayor peso de la población, como Andalucía, la Comunidad Valenciana o Murcia, atendiendo a razones de infrafinanciación estructural, y los que salen más beneficiados por la fórmula: Madrid, Cataluña o Castilla y León, con más casos e impacto aparente en su red hospitalaria. Otros territorios como Extremadura, por ejemplo, opinan que debería haberse tenido en cuenta la labor hecha en atención primaria como primera barrera contra el virus. Si el fondo debe aprovecharse o no para compensar regiones infrafinanciadas ha sido, por ejemplo, la mecha del distanciamiento entre el Ejecutivo y Compromís en el Congreso.

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Alineamiento casi completo

También hay diferencias, aunque menores, en cómo repartir el tramo social de 1.000 millones. Al igual que en el sanitario, a la hora aplicar el concepto de 'población ajustada', los territorios más beneficiados por el actual sistema de financiación, como Cantabria o Galicia, quieren que se reparta con base en las ponderaciones y correcciones en vigor del modelo para factores como dispersión, envejecimiento y extensión territorial.

En la demanda están unidos Puig (Valencia), Armengol (Baleares), Vara (Extremadura), Torres (Canarias), Barbón (Asturias) y Andreu (La Rioja)

Los fondos sanitario y social han generado divergencias que van más allá de los bloques políticos. Pero en lo que se ha producido un alineamiento natural casi completo es en el enfoque del último tramo, el que se ha concebido como mecanismo keynesiano de respuesta del Estado al desplome de la recaudación fiscal de las autonomías como consecuencia del impacto de la pandemia en la economía. Esta inyección busca compensar el descenso de ingresos en figuras tributarias propias de los territorios, como sucesiones y donaciones, impuesto sobre el patrimonio, tasas sobre el juego, tramos autonómicos de IRPF o el porcentaje impositivo sobre las transmisiones patrimoniales.

Los gobiernos de barones socialistas como el valenciano Ximo Puig, la balear Francina Armengol; el asturiano Adrián Barbón, el canario Ángel Víctor Torres, la riojana Concha Andreu y el extremeño Guillermo Fernández Vara han reclamado que este último tramo premie la "corresponsabilidad fiscal" a la hora de establecer su cálculo. Es decir, que favorezca aquellas regiones que han mantenido sus figuras impositivas y no se han lanzado a hacer rebajas fiscales, según ha podido contrastar El Confidencial consultando fuentes muy próximas a todos ellos. "Siempre hemos defendido ante la ministra que a las comunidades autónomas que bajan sus impuestos no se les puede compensar de ninguna manera por los menos ingresos", señala uno de estos presidentes.

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Encargada la propuesta de reparto

El aragonés Javier Lambán no tiene un criterio decidido y fuentes del PSOE castellanomanchego que sustenta el Ejecutivo de Emiliano García-Page consideran que es "lógica" la reclamación de los demás barones socialistas, aunque rehúsan ir por ahora más allá. Navarra (igual que Euskadi) está fuera del régimen común, de modo que estos cálculos no afectan al Gobierno de María Chivite.

La cuestión de la "corresponsabilidad fiscal" no se ha abordado solo en las reuniones de Montero y los consejeros, también de Sánchez con las CCAA

Consejeros de Hacienda de autonomías gobernadas por el PSOE han solicitado que a la hora de hacer el cálculo no se tengan en cuenta los efectos derivados de las bajadas de impuestos aplicadas por algunos territorios, con especial incidencia en la Comunidad de Madrid. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha aplicado reducciones y exenciones para 2020 en tributos como transmisiones patrimoniales y tramo autonómico del IRPF y tiene bonificadas al máximo las figuras de sucesiones y patrimonio. Para muchos presidentes socialistas, Madrid aprovecha sus ventajas como capital del Estado y la presencia de las grandes compañías implantadas en España para hacer 'dumping fiscal', perjudicando a la vez a otros territorios que no pueden permitirse esas rebajas de impuestos. Y precisamente parte de estas bajadas impositivas comenzaron a aplicarse en enero, por lo que es probable que su efecto en la recaudación pueda confundirse con los menores ingresos por el impacto económico del coronavirus.

La reclamación de la "corresponsabiidad fiscal" y su aplicación en el fondo no reembolsable por el covid no solamente es un asunto técnico negociado en las videoconferencias de los consejeros de Hacienda con Montero. Puig o Armengol lo han planteado también abiertamente en las conferencias de presidentes con Sánchez. La solución ofrecida por la ministra en la última reunión celebrada el pasado 4 de mayo con los consejeros autonómicos fue encargar la propuesta de fórmula de reparto al Consejo Superior para la Dirección y Coordinación de la Gestión Tributaria. Se trata de un órgano colegiado, integrado por representantes de la Administración Tributaria del Estado y de las comunidades autónomas y ciudades con Estatuto de Autonomía, que tiene como principal misión coordinar la gestión de los tributos cedidos.