Valencia y Andalucía presionan a Montero para que corrija el reparto del fondo covid

Las disensiones sobre la fórmula planteada por el Gobierno para repartir el fondo extraordinario no reembolsable de 16.000 millones de euros entre las autonomías para paliar los efectos del covid van camino de cronificarse. La Comunidad Valenciana, Andalucía y Murcia, gobernadas por partidos de distinto signo pero con similares problemas de suficiencia financiera, se han posicionado, con distinta intensidad, en contra de la propuesta de distribución de fondos que puso encima de la mesa la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la videoconferencia mantenida el lunes por la tarde con los consejeros autonómicos.

En ella, la responsable de las cuentas estatales planteó dividir la aportación extraordinaria en un primer desembolso de 6.000 millones destinado a paliar los efectos sobre el gasto sanitario de la pandemia y otro de 4.000 con el mismo objetivo en octubre. A estas entregas se sumará otra de 1.000 millones para cubrir costes sociales y de otros 5.000 millones para compensar la caída de ingresos tributos propios de las autonomías, cuyos criterios de distribución no se han definido todavía.

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Las discrepancias se han concentrado por ahora en el reparto del primer tramo de 6.000 millones. Montero ha propuesto que se pondere teniendo en cuenta en un 80% el impacto del coronavirus por los ingresos hospitalarios (25%), ingresos en UCI (35%) y positivos confirmados por PCR (20%). La población ajustada (término que incluye factores correctores como dispersión, envejecimiento o extensión territorial) solamente computará al 20% en este tramo, porcentaje que se elevará al 40% en la segunda entrega de 4.000 millones prevista para después del tercer trimestre.

Con los porcentajes propuestos, territorios como Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha o País Vasco serán los más beneficiados del reparto. Es algo que no gusta a las regiones que sufren problemas de financiación para cubrir sus competencias sanitarias, principalmente la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía. En las tres se da además la circunstancia de que pueden presumir de haber contenido mejor la enfermedad, y de hecho prevén pasar a la fase 1 de contención el próximo 11 de mayo. "Es absolutamente injusto porque penaliza a las comunidades que mejor hemos gestionado la crisis sanitaria", añadía el consejero de Presidencia y Hacienda de la Región de Murcia, Javier Celdrán, en declaraciones recogidas por Europa Press.

Con los porcentajes propuestos, territorios como Madrid, Cataluña, Castilla-La Mancha o País Vasco serán los más beneficiados del reparto

"He defendido en la reunión que la clave para su reparto debe ser la población, ya que debe vincularse a las personas, a los pacientes, aunque podríamos entender que pueda matizarse ese reparto en virtud del impacto de la pandemia en los diferentes territorios y, en ese sentido hay que tener en cuenta la población protegida equivalente y a los mayores de 60 años, el grupo más vulnerable al covid", indicó el 'conseller' valenciano de Hacienda, Vicent Soler.

La Conselleria de Hacienda confía en que se corrijan algunos de los criterios o, al menos, se compense en el reparto del resto de tramos del fondo, tanto en la parte sanitaria, como social o de caída de tributos. La posición de Soler es incómoda, porque es militante del PSOE, pero tiene como socio a una formación como Compromís, que aprieta para que se eleve el tono y la presión en este tipo de negociaciones.

Criterios "políticos"

Andalucía también se ha levantado en armas contra el reparto propuesto primando a las comunidades con más incidencia del covid-19. El consejero de Hacienda, Juan Bravo, pidió a la ministra que cambie ese reparto, que consideró “un agravio” para los andaluces. En una entrevista en Canal Sur Radio, Bravo deslizó que había criterios políticos y que el Gobierno beneficiaba siempre a las comunidades que más necesita políticamente, señalando a Cataluña.

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El Gobierno andaluz está muy molesto porque aseguran que el Ministerio de Hacienda cambió unilateralmente los criterios que la mayoría de las comunidades habían puesto sobre la mesa. Bravo sostuvo que los consejeros de Sanidad defendieron un reparto de esos fondos basado en un criterio de población al 80 % y un 20 % en el gasto sanitario y lamentó que la ministra "ha cambiado los criterios" y que Andalucía sale perjudicada.

Bravo reclamó que se vuelva a la idea inicial planteada por los consejeros, que tienen, en relación con el gasto sanitario, "una mayor capacidad de criterio" y reclamó "una segunda reflexión" sobre este asunto, ya que "es más importante que nunca ese fondo no reembolsable, pero es importante que sea por unos criterios compartidos, y nos habría gustado que no fuese por un criterio unilateral, que por lo menos hubiese una capacidad de diálogo.

No solo pacientes

Sobre el gasto sanitario por el covid-19, Andalucía defiende que no solo sirve el número de pacientes para medir la incidencia. "En Andalucía hemos levantado hospitales de campaña como el de Málaga, que no se usó pero que hubo que prepararlo. Hemos medicalizado residencias y también hoteles con el objetivo de estar preparados por si el número de contagios se disparaba, y también hemos bloqueado camas en la sanidad privada; todos esos costes los hemos afrontado a pulmón y se deberían tener en cuenta a la hora de distribuir los fondos si el criterio va a ser, en un 80%, con base en el número de infectados", se quejó el titular andaluz de Hacienda.

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En realidad, hace meses que la clave partidista está perdiendo peso en las relaciones Gobierno-CCAA cuando se trata pelear por el dinero. El 'president' valenciano, Ximo Puig, y su homólogo andaluz, Juanma Moreno Bonilla, han establecido contactos telefónicos para sumar fuerzas y buscar puntos de encuentro de cara a una futura reforma del sistema de financiación que no parece llegar nunca y que ahora puede que se demore todavía más como consecuencia de la pandemia.

En la misma línea de Andalucía, con esa queja de que primen criterios políticos, fuentes del entorno del departamento de la Generalitat valenciana entienden que tengan que compensarse a las regiones que han sufrido en mayor medida la presión de la enfermedad en su sistema asistencial, pero no ocultan que ven en la fórmula elegida finalmente por el Gobierno una forma de apuntarse un tanto frente a la actitud de constante oposición de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, o el victimismo de ERC y Junts en Cataluña y el PNV en Euskadi. Tampoco se ha clarificado por qué el ministerio remitió un cuestionario a las autonomías para que los respectivos servicios de Intervención trasladasen al detalle el gasto imputable a la gestión de la crisis sanitaria en las áreas sociosanitarias y ahora no quede claro si servirá como referencia. En el caso de la Comunidad Valenciana, por ejemplo, se han realizado inversiones preventivas en hospitales de campaña que no han llegado a usarse todavía y compra de material de protección que suman más de 60 millones de euros y que se desconoce si podrán compensarse con el fondo.