Sánchez ofrece bilateralidad y recursos, pero Urkullu, Torra y Feijóo se oponen a la alarma
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FONDO DE 16.000 M € Y DÉFICIT DEL 0,2%

Sánchez ofrece bilateralidad y recursos, pero Urkullu, Torra y Feijóo se oponen a la alarma

El presidente busca aplacar los reproches de los territorios y les explica la "cogobernanza de la desescalada". Tropieza con las críticas de los líderes del PP y de los nacionalistas por la prórroga

Foto: Pedro Sánchez, durante la octava conferencia de presidentes, con Teresa Ribera, Salvador Illa y Carolina Darias, este 3 de mayo. (JM Cuadrado | Pool Moncloa)
Pedro Sánchez, durante la octava conferencia de presidentes, con Teresa Ribera, Salvador Illa y Carolina Darias, este 3 de mayo. (JM Cuadrado | Pool Moncloa)

Pedro Sánchez es consciente de que cada semana España va bajando la pendiente, para ir acercándose a la "nueva normalidad" pero él en cambio sube otra montaña. Las críticas por su gestión de la crisis del coronavirus van en aumento y las halla en la oposición y también en las comunidades autónomas, más ahora que arranca la desescalada. Los territorios pidieron más protagonismo y el Gobierno, finalmente, se lo dará, pero la última palabra la seguirá teniendo el Ejecutivo central. Es la idea de "cogobernanza" patrocinada por el líder socialista que este sábado avanzó en su comparecencia y que este 3 de mayo expuso a los mandatarios autonómicos en la octava conferencia de presidentes, que arrancó con el buen dato de evolución de la pandemia de coronavirus: menos de mil contagios y 164 fallecidos, la cifra más baja en mes y medio.

El jefe del Ejecutivo intentó atraerse a las CCAA a través de tres anuncios: ese procedimiento de "cogobernanza para la desescalada", el fondo de reconstrucción de 16.000 millones de euros para el conjunto de las regiones, que será no reembolsable, y un déficit para este 2020 del 0,2%. Es el mismo que estaba previsto para este año. La idea que quiere trasladar el Ejecutivo es que será él el que asuma el coste económico de la pandemia, sin deteriorar las cuentas de las comunidades. Sin embargo, no por ello Sánchez se ahorró las críticas de los mandatarios regionales. Los presidentes siguen quejándose de que no se les tiene en cuenta. Quim Torra incluso reclamó que se deje Cataluña fuera del estado de alarma o bien se nombre al Govern autoridad competente en la comunidad. El malestar también se extiende por el hecho de que se vaya a tomar por defecto, como unidad para la desescalada, la provincia. El cuestionamiento de la alarma también va en aumento, no solo por Torra o el 'lehendakari', Iñigo Urkullu, sino también por los presidentes del PP. Singularmente, Alberto Núñez Feijóo (Galicia) e Isabel Díaz Ayuso (Madrid).

[Consulte aquí en PDF las cinco órdenes ministeriales que regulan las fases 0 y 1 de desescalada]

Sánchez explicó a los presidentes que el proceso de transición, en el que todos los territorios habrán de recorrer las cuatro fases hasta la nueva normalidad, se hará "bajo la coordinación del Ministerio de Sanidad, pero en un diálogo bilateral" con todas y cada una de las CCAA, tal y como ha quedado plasmado expresamente en la orden ministerial publicada en el BOE ya por la tarde. El Gobierno defiende, de entrada, que la unidad de actuación territorial sea la provincia o isla, porque tiene fronteras conocidas por los ciudadanos y es una medida eficaz en caso de que haya un rebrote, ya que es más fácilmente aislable. No obstante, como ya expusiera el sábado en su comparecencia a los medios, se abre a discutir con cada comunidad qué unidad es más razonable, siempre que se garantice su estanqueidad. Además, el salto de una fase a otra también se debatirá bilateralmente entre cada autonomía y Sanidad, aunque si hay discrepancia, tal y como avisaron fuentes del Ejecutivo, decidirá el ministro Salvador Illa, que es quien irá firmando las órdenes que certificarán el cambio de nivel de cada territorio.

El fondo de 16.000 M € se dividirá en tres tramos. Uno inmediato, de 6.000 M, y los otros dos, de 5.000 M cada uno, en la segunda mitad del año


"Nuestro planteamiento es cogobernar esta transición, pero necesitamos del instrumento jurídico-constitucional del estado de alarma para poder plantear estas restricciones de movilidad y confinamiento que vamos a necesitar en estas próximas semanas para poder transitar de una fase a otra. Pero con independencia de que usemos este instrumento, el ánimo del Gobierno de España están cogobernar toda esta fase de desescalada", les argumentó. Ahí estaba otra de las claves de su intervención: la defensa del estado de alarma como una "necesidad" para ir levantando de manera gradual las medidas de confinamiento. Lo advirtió él mismo el sábado, tanto a la oposición como a las CCAA que cada vez ven con más recelos la ampliación del periodo excepcional que otorga de más poderes al Ejecutivo de coalición. Y después lo recalcaron en rueda de prensa posterior Illa y la titular de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero.

Foto: Pedro Sánchez, este 2 de mayo durante su comparecencia en la Moncloa. (Borja Puig | Moncloa)

Tercer tramo de avales ICO

El fondo de 16.000 millones de euros no reembolsable responde, explicó Sánchez, a la "necesidad de una liquidez adicional" a las CCAA para "hacer frente a gastos vinculados con el esfuerzo financiero principalmente en el ámbito sanitario". El Gobierno defiende que con esta solución busca que ninguna comunidad "quede atrás". El fondo estará constituido en tres tramos. Uno primero, de 6.000 millones de euros. Los otros dos, de hasta un máximo de 5.000 millones cada uno en la segunda mitad del año. Esos 16.000 millones, sostuvo, "cubrirían un impacto de 10.000 millones de euros de gasto sanitario, mil millones de euros en gasto social", que se distribuirían por población, "y una disminución de los ingresos de las comunidades de aproximadamente 5.000 millones por el parón de la actividad económica".

El objetivo de déficit para las CCAA ya era del 0,2%. Se les mantiene porque el Estado asume el coste sanitario, económico y social del covid-19

Sánchez anunció a los presidentes que será el Gobierno el que "asuma el coste de la pandemia". Por eso, en el próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera se asignará "un objetivo de estabilidad individual equivalente a un déficit del 0,2% del PIB" que se estima en torno a los 2.200 millones de euros. Ese objetivo de déficit es el mismo que aprobó el Ejecutivo bipartito en febrero, antes de que sobreviniera la crisis del covid-19, y que validaron Congreso y Senado. En definitiva, el mensaje es que el Estado asume el coste sanitario, económico y social del covid y la posible pérdida de ingresos derivada del parón de la actividad. Según añadían fuentes de Hacienda, las CCAA recibirán del sistema de financiación 7.907 millones más porque "no se ha tenido en cuenta el impacto del covid sobre los ingresos a la hora de calcular los recursos".

Sánchez se reúne con los presidentes autonómicos horas antes de entrar en la fase 0 de la desescalada

Además, el Consejo de Ministros del próximo martes movilizará el tercer tramo de la línea ICO de avales. Un total de 24.500 millones para créditos a empresas al 50/50. 10.000 millones estarán destinados a pymes y autónomos, otros 10.000 para grandes empresas, 4.000 para el mercado alternativo de renta fija y los últimos 500 para la Compañía Española de Reafianzamiento (CERSA), que "está siendo la verdad que bastante bien acogida por el sector económico".

Foto: Dos mayores pasean por Zaragoza, durante la franja horaria que les permite salir. (EFE)

A vueltas con la unidad territorial

Varios presidentes insistieron en que esa voluntad de cogobernanza que proclama Sánchez no es tal. Así, Torra lamentó que ni siquiera le contestara a una carta del pasado miércoles en la que le pedía una reunión bilateral. El jefe del Govern apuntó que "la mejor manera de iniciar la desescalada" —que cree que se está precipitando— es echar mano de la legislación ordinaria. Volvió a pedir que se saque a Cataluña del estado de alarma o, si se mantiene en él, se nombre a la Generalitat como autoridad competente. Algo en lo que no está dispuesto a ceder el Ejecutivo, que defiende que es necesaria una visión "agregada", de conjunto, ya que el virus no entiende de lindes administrativas. Torra cifró el coste de la crisis del covid-19 en 4.000 millones de euros y preguntó si esta cantidad estará incluida en los 16.000 millones del fondo anunciado.

Torra vuelve a reclamar la gestión exclusiva de la transición. Feijóo critica el "uso desproporcionado del estado de alarma" y pide dividir Galicia por áreas

Urkullu acumula semanas expresando su malestar con el Ejecutivo. Este domingo pidió a Sánchez que reformule "el modelo de gestión de esta crisis" y "que se replantee la aplicación de la legislación de excepcionalidad" (el estado de alarma) para pasar a una legislación ordinaria capaz de "garantizar la salud pública y el retorno paulatino a la normalidad institucional". El 'lehendakari' reclamó el "respeto al autogobierno" de Euskadi y consideró "imprescindible articular un marco bilateral estable de diálogo para la gobernanza compartida", basada en "la codecisión".

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, también reprochó a Sánchez su actitud unilateral: la cogobernanza, dijo, "hasta el momento no se ha producido". También criticó el "uso desproporcionado del estado de alarma" e instó a que se recurra a la legislación ordinaria (como la Ley de Salud Pública) para actuar. Para el dirigente conservador, uno de los más duros, ha llegado el momento de "cogobernar" y poner fin a un estado de alarma que se parece más "a un estado de excepción". Para Galicia, el PP sigue defendiendo que la unidad territorial sea el área sanitaria y no la provincia y demandó una atención específica del rural. Celebró los 16.000 millones y felicitó al Gobierno por la decisión, pero solicitó más información sobre el fondo. Feijóo también dijo echar en falta una estrategia para afrontar un posible rebrote y una estrategia tecnológica.

Juanma Moreno, jefe de la Junta, también reclamó más participación de las CCAA y de los sectores afectados en las decisiones y volvió a demandar que las videoconferencias de presidentes se trasladen a los sábados, antes de que anuncie los siguientes pasos Sánchez, algo que ya había exigido Torra y que este domingo, de hecho, reiteró. Moreno fue otro de los presidentes que más pegas puso a la extensión de la excepcionalidad. A su juicio, la alarma debiera levantarse a finales de mayo. Algo que el Gobierno no contempla porque cree que todo el proceso de salida ha de estar cubierto por la alerta porque se ha probado un "instrumento eficaz" para contener la pandemia y porque la necesita para controlar la movilidad, como defendió en rueda de prensa posterior Illa.

Foto: El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. (EFE)

Andalucía cree estar preparada para pasar en su conjunto a la fase 1 de desescalada a partir del 11 de mayo, y así lo solicitará a Sanidad el próximo jueves. La Junta entiende que ha de permitirse la movilidad entre provincias y comunidades —sin embargo, no será posible hasta que llegue la nueva normalidad— porque corre riesgo el turismo, y que ha de modificarse el horario de salida de los niños porque ya acucia el calor en su comunidad. Moreno reclama 2.880 millones de los 16.000 anunciados por el Ejecutivo, que corresponden al 18%, peso de su población en el conjunto del Estado.

El reparto del fondo

El cuestionamiento de la alarma, en grado diferente, fue común entre los presidentes del PP. Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León) lanzó duras críticas por el modo en que se aplica la alarma, pidió "criterios claros" y un cambio de rumbo "rotundo" y "en profundidad". Fernando López Miras (Murcia) no se opone a la prórroga, siempre que Sánchez no quiera mantener el "poder absoluto" o para imponer "hojas de ruta ideológicas", informa Europa Press. E Isabel Díaz Ayuso (Madrid) tampoco se opuso a la extensión de la alarma, si bien demandó una estrategia más clara por parte del Ejecutivo. Sin duda la reflexión más singular de la presidenta madrileña fue su previsión a futuro: si se toman “medidas arbitrarias” a la hora de poner en funcionamiento la hostelería, bares, restaurantes, puede haber a final de año más de un millón de parados en la región. “Más de un millón de parados en la Comunidad de Madrid supondría disturbios, directamente un problema de orden público, y por supuesto social, que va mucho más allá de lo económico”, alertó. Ayuso pidió concreciones sobre el fondo de 16.000 millones. A su juicio, la condición que hay que poner para que este funcione es que se debería dedicar a pagar gastos directos e indirectos del covid-19.

Los presidentes del PP reprochan a Sánchez la forma de gestionar la alarma. Ayuso alerta de que un millón de parados puede provocar "disturbios"

Los presidentes socialistas, sin embargo, sí apoyaron a Sánchez en su decisión de ampliar la alarma, igual que hizo el líder cántabro, el regionalista Miguel Ángel Revilla, quien sin embargo se había reconocido muy enfadado en los últimos días con el inquilino de la Moncloa por su actitud poco cooperadora con las CCAA. Cada barón del PSOE introdujo su matiz respecto a las palabras del jefe del Ejecutivo. Así, el socialista Emiliano García-Page cree que el criterio de reparto de ese fondo se ajuste al impacto del covid-19 en cada territorio, como de hecho se hace en la Unión Europea. Es decir, que los recursos vayan para "compensar" a los que han tenido "más problemas". Porque si es "un ensayo del nuevo modelo de financiación autonómica", que ha sido imposible de pactar en siete años, "entonces habrá que hablarlo con más detenimiento".

El presidente de Castilla-La Mancha sí apoya el mantenimiento del estado de alarma y la "unidad de acción". Es más, es de los que cree que en la transición la autoridad debe seguir siendo la del Estado y que el propio Estado sea la unidad de medida, como lo fue para el confinamiento. La razón es que para la región es "crítico" lo que se haga con Madrid, porque teme que una apertura demasiado rápida de la comunidad que ha sido foco de la pandemia acabe afectándole, ya que en condiciones normales se mueven a diario entre las dos autonomías 200.000 personas. Y, aunque Page le ve problemas a la provincia, porque algunas son muy desiguales en España, aceptará esa decisión del Ejecutivo. "Algún criterio hay que elegir. El del área de salud yo lo comparto, pero no voy a polemizar", apuntó. El dirigente socialista sí cree conveniente que las decisiones que se vayan adoptando se hablen con "algo de anticipación".

Foto: Entrada a una UCI del hospital San Pedro de Logroño, en La Rioja, el pasado 30 de abril. (EFE)

Lambán avisa: no cumplirá el -0,2%

Tampoco Javier Lambán, presidente de Aragón, comparte que la provincia no es la mejor unidad de medida. En las últimas semanas ha venido defendiendo que la desescalada ha de comenzar por el rural, donde las posibilidades de aglomeraciones son muy bajas. En su comunidad, además, hay una enorme diferencia entre Zaragoza capital, de 700.000 habitantes, y el resto de la región, muy despoblado y disperso, por lo que entiende que la mayor parte de su territorio podría empezar directamente en la fase 2. Aragón, pues, propone zonas básicas de salud (hasta 123).

Los presidentes del PSOE sí respaldan la extensión de la alarma. Puig pide aprovechar la crisis para cambiar el parque de coches y un plan de turismo

Lambán celebró el fondo de 16.000 millones, pero reclamó que los criterios para su distribución tengan también en cuenta a la España despoblada. Anticipó que tendrá que haber más para favorecer la liquidez de las CCAA, pero también avisó de que ese déficit del 0,2% será superado por creces en su región: "No voy a estar en disposición de cumplirlo porque no estoy dispuesto a recortar en sanidad, dducación y servicios sociales. Es más importante atender a los ciudadanos que cumplir con las normas financieras". También la navarra María Chivite (PSOE) entiende necesario flexibilizar el objetivo de déficit, porque aumentará el gasto y los ingresos se han hundido.

Cataluña, País Vasco y Galicia contra una nueva ampliación del estado de alarma

El valenciano Ximo Puig pidió al Gobierno dos acciones estratégicas. Sobre movilidad, propuso lanzar un plan de renovación del parque automovilístico de España y rebajar el IVA al 10% de patinetes y bicicletas para impulsar la transición ecológica ("es una doble oportunidad"). Sobre turismo, planteó diseñar un plan integral para revitalizar el sector y que la UE valide la seguridad de los destinos europeos. Puig aplaudió el fondo de 16.000 millones aunque pidió que se prime, para el reparto, la población, como cree que ha de aplicarse el déficit del 0,2% de manera asimétrica, porque hay comunidades, como la suya, que están infrafinanciadas. Puig no pone pegas a que la alarma continúe, aunque sí considera pertinente que se levante la suspensión de plazos administrativos para que se desbloqueen contrataciones y obra pública. Y defendió poner en valor lo hecho en la lucha contra el covid: se remitió a lo que publican medios internacionales sobre la reacción de España, con un total de 684 iniciativas adoptadas para luchar contra la pandemia.

El extremeño Guillermo Fernández Vara juzga que su comunidad está lista para pasar a la fase 1 a partir del día 11 y cree compatible tanto el criterio de provincias como el de áreas de salud. En su caso, no obstante, quiere que Cáceres y Badajoz vayan de la mano. La balear Francina Armengol, por su parte, solicitó a Sánchez que acelere las reuniones con la Unión Europea porque las islas dependen de las decisiones de los países europeos. El Govern es favorable a la apertura "cuanto antes" de puertos y aeropuertos, pero "de forma segura".

El Gobierno apela a los partidos para mantener alarma, que ha funcionado

Al término de la conferencia de presidentes, dura en algunos momentos en el fondo, aunque contenida en las formas, comparecieron Illa y Montero, y reforzaron el mensaje de que la alarma ha de proseguir. No hay un plan b. Es un "instrumento eficaz", dijo Illa, que "ha funcionado" en estas siete semanas y que es necesario para controlar la movilidad. No se puede tirar por la boda, alegó la portavoz, todo el sacrificio de los ciudadanos en estos casi dos meses.

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