LA PORTAVOZ PIDE APARCAR "FALSOS AGRAVIOS"

Puig, Moreno y Ayuso protestan por no ir a la fase 1 y denuncian favoritismo hacia el PNV

El barón socialista se queja por la falta de transparencia de los criterios usados para frenar a Valencia. El presidente ofrece otra herramienta distinta a la alarma cuando la pandemia esté controlada

Foto: Pedro Sánchez, con Teresa Ribera, María Jesús Montero, Salvador Illa y Carolina Darias, en la 9ª conferencia de presidentes, este 10 de mayo. (JM Cuadrado | Pool Moncloa)
Pedro Sánchez, con Teresa Ribera, María Jesús Montero, Salvador Illa y Carolina Darias, en la 9ª conferencia de presidentes, este 10 de mayo. (JM Cuadrado | Pool Moncloa)

El agravio que expresaron en las últimas horas las comunidades que han visto cómo sus territorios no aprobaron el examen de Sanidad y se quedaban retenidas en la fase 0 saltó en la novena conferencia de presidentes por el covid-19. Era lo esperable. Las que se sienten más perjudicadas son Andalucía y Madrid, ambas gobernadas por el PP, y la Comunidad Valenciana, liderada por el PSOE. De hecho, por vez primera, el jefe de la Generalitat, Ximo Puig, protestó enérgicamente, aunque sin acritud, contra Pedro Sánchez, por no entender por qué la mayor parte de las tres provincias no han progresado de nivel, contra todo pronóstico. "La cogobernanza no ha funcionado bien", lamentó el barón socialista. La presidenta madrileña cargó contra Sánchez y el PSOE por encabezar una "campaña" para criminalizar a la Comunidad de Madrid, y el andaluz le culpó del "daño reputacional" infligido a parte de su comunidad. Frente a las quejas de las CCAA perjudicadas por la evaluación, y las denuncias de cierto favoritismo hacia el PNV, la satisfacción del 'lehendakari', Iñigo Urkullu, quien a través de la negociación con el Gobierno logró una desescalada a la carta.

Sánchez agradeció a los presidentes la actitud "constructiva" y "propositiva" mantenida por los ejecutivos regionales en estos días de discusión intensa con ellas, y que desembocó en la orden ministerial que ayer sábado publicó el BOE y qué recoge que son 11 las CCAA que pasan completas a la fase 1 a partir de este 11 de mayo, y junto a ellas, parcialmente, Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Madrid queda totalmente fuera.

El presidente se escudó en criterios técnicos y el consejo de los expertos. Es mejor no "correr", ni asumir riesgos, conviene no trasladar una imagen de "falsos agravios", reprodujo después en rueda de prensa la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero. Sí hizo el líder socialista una promesa a futuro, en línea con lo que venía ya apuntando en los últimos días, y en concreto este sábado: propondrá, cuando se haya controlado la pandemia por coronavirus, una "fórmula de gobernanza que llevará implícita la modificación de leyes ordinarias", como la de salud pública de 2011 o la de sanidad, y que implicará un acuerdo en el que estén Gobierno central y gobiernos autonómicos. "Pero ahora el instrumento que tenemos es el que tenemos", que es el estado de alarma, defendió, que le confiere poderes extraordinarios y herramienta que le han pedido desactivar pronto Ciudadanos y PNV, los socios parlamentarios que le salieron al rescate el pasado miércoles, en la votación de la cuarta prórroga.

Puig pide "rigor" y "reglas objetivas" en la toma de decisiones y se queja de que a su plan de 232 páginas la respuesta ha sido ni "un papel"


Puig, durante su intervención, argumentó por qué no considera justo que la Comunidad Valenciana no evolucione hasta la fase 1, como demandó: progresa bien en número de curados, su tasa de incidencia es "la tercera parte de la media de España" (y por eso ocupa el puesto 14 de las 17 CCAA y el puesto 12 en mortalidad). "Sin triunfalismo alguno, la Comunidad Valenciana está aportando a combatir la pandemia, gracias, entre otras cuestiones, a que es la que más ha aumentado la inversión en los últimos años en sanidad y servicios sociales". Una reivindicación de su gestión frente a otros territorios, se podía leer entre líneas, que han recortado en esta materia.

"Indicadores que la sociedad conozca"

El jefe de la Generalitat defendió el "espacio de corresponsabilidad" de la conferencia de presidentes agradeció a Sánchez y al conjunto de mandatarios autonómicos "la voluntad de actuar desde la cogobernanza". Pero "esa cogobernanza requiere transparencia, reciprocidad y reglas objetivas", advirtió. Entonces trasladó al líder socialista que se alegra de que la bilateralidad haya funcionado bien con otras CCAA. "Desgraciadamente, no es el caso de la Comunidad Valencia, donde la cogobernanza no ha funcionado tan bien", protestó. Puig pidió "rigor" en la toma de decisiones y esgrimió que, frente al plan de desescalada presentado por el Consell, de 232 páginas —en el que acreditaba el cumplimiento de las condiciones para pasar a la fase 1—, el Ministerio de Sanidad no ha enviado "un papel a la Comunidad Valenciana" para justificar el frenazo. "Las decisiones se toman desde la cultura escrita", insistió. De modo que la decisión de no subir un peldaño la Generalitat "la respeta, pero se debe materializar con indicadores que la sociedad conozca".

El jefe de la Junta también reclama que se revise la decisión y carga contra el Gobierno por el "daño reputacional" infligido a Málaga y Granada

Sanidad, el pasado viernes, explicó los criterios que tiene en cuenta para aprobar la solicitud de cambio de fase: criterios que tienen en cuenta la transmisión del contagio, la gravedad y las capacidades de detección y respuesta. Pero se trata de una evaluación "conjunta", explicó el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, no de una 'checklist', porque un dato sobresaliente en un punto puede compensar las carencias de otro. No hay umbrales numéricos y eso pone más difícil saber cómo se ha calificado a cada comunidad. Este domingo, el doctor Simón apuntó una nueva razón por la que se excluyó a la mayor parte de Valencia: un número "nada desdeñable de casos sospechosos a los que no se les ha hecho un test diagnóstico". La subdirectora general de Epidemiología de la Conselleria de Sanitat, Herme Vanaclocha, mostró su "sorpresa" por este argumento, porque la comunidad ha "cumplido el protocolo a rajatabla" y ha hecho PCR a quienes presentaban "síntomas para hospitalización" y no a personas con síntomas leves porque así lo marcaba el marco nacional. Solo a partir de este lunes, dijo, es cuando Sanidad requiere que se practique la PCR a todos los leves.

Puig, Moreno y Ayuso protestan por no ir a la fase 1 y denuncian favoritismo hacia el PNV

Algunos de los presidentes socialistas presentes en la reunión indicaban que Puig había estado contundente a la hora de pedir explicaciones al Gobierno, dando "argumentos", pero siempre "en buen tono", "sin acritud", sin encararse con Sánchez. Después, en rueda de prensa en Valencia, fue algo más contundente: se quejó de se "han cambiado la reglas de juego a mitad de partido". Y aunque no busca la confrontación, sí defiende que "lealtad no es sumisión", de ahí que solicite que se estudie de nuevo su caso. También desde el Consell se hizo hincapié entre las diferencias de trato de País Vasco y Valencia, informa Europa Press. Con menos casos que Euskadi, la comunidad levantina ha hecho 8.300 PCR más.

El popular Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, se quejó del "diferente trato" a su comunidad respecto a otros territorios. Todo el territorio pasa de pantalla, salvo Granada y Málaga, cuando el Gobierno autonómico reclamó que progresaran 30 de las 33 regiones sanitarias (todas menos dos de Granada y una de Málaga). Alegó que es "difícil de entender" que distritos sanitarios como la Costa del Sol, con pocos positivos, no pueda pasar a la fase 1. Se está causando "un daño reputacional innecesario a marcas como la Costa del Sol o la Costa Tropical de Granada". Moreno también reclamó que el Gobierno le traslade los motivos de la decisión y que se revise para que se aplique "el mismo criterio" que a otras CCAA. En rueda de prensa posterior, acusó al Ejecutivo de favoritismo hacia Euskadi, pues los acuerdos políticos con el PNV conllevan "contraprestaciones".

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, aseguró después que no se evaluará de nuevo la decisión, aunque las CCAA rezagadas tienen opción de volver a remitir sus propuestas para que puedan cambiar de etapa el lunes 18. El jefe de la Junta tampoco entiende que se haya permitido arrancar la desescalada por zonas de salud en otras autonomías —es lo que ha ocurrido en Castilla y León (PP), Valencia (PSOE) o Cataluña (JxCAT y ERC) y no en Andalucía.

No lo haría "nunca" con los consistorios

Isabel Díaz Ayuso (PP), presidenta de Madrid, reclamó también el salto a la fase 1, porque "es evidente" que su región "necesita dar un paso adelante”, porque cuenta "con el 60% de las grandes empresas" y es un “motor económico que es bueno para que todos los demás sigan funcionando”. “Tenemos que empezar a conjugar esa delgada línea a la que todos nos estamos viendo abocados para seguir defendiendo a los más vulnerables frente al covid con la salida económica”, defendió, como recogió su Gobierno en un comunicado.

Ayuso defiende que Sánchez y el PSOE han dirigido una "campaña" contra la Comunidad de Madrid, "ataques desmesurados e injustos"

A continuación, la dirigente popular arremetió contra Sánchez y PSOE por tachar de "ejemplo de gestión eficaz e irresponsable" el trabajo de la Comunidad de Madrid en la lucha contra el coronavirus —Ferraz lo hizo en Twitter—, e interpretó que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, le endosaba la "responsabilidad directa de las muertes en Madrid". Son "ataques desmesurados e injustos que se provocan desde una administración superior a una inferior", algo que ella "no haría nunca jamás" con los ayuntamientos madrileños. Ayuso cree que todo forma parte de una "campaña" del Ejecutivo central contra su territorio.

A las protestas de las autonomías respondió en rueda de prensa telemática la portavoz. Montero les pidió actuar con lealtad y "cautela" y "no trasladar falsos agravios" entre territorios "o especulaciones que no tienen fundamento" durante la desescalada. De nuevo, insistió en que el Gobierno se deja llevar por criterios "sanitarios" y "lo grave" sería alejarse de ellos y "dejarse llevar por consideraciones de tipo político o de cualquier otra índole". Y reiteró que no hay que correr para llegar al final de la transición: "Forzar el ritmo nos puede costar muy caro", tanto en vidas humanas, como desde el punto de vista económico.

También Moreno se quejó por el criterio de reparto de los 16.000 millones de euros del fondo no reembolsable que se destinará a las CCAA. De ellos, 10.000 se repartirán en base al gasto sanitario. La revisión del criterio por población, estimó, puede hacer perder a Andalucía en torno a 561 millones de euros. Puig pidió que se tenga también en cuenta a las CCAA que mayor esfuerzo fiscal hacen.

Puig, Moreno y Ayuso protestan por no ir a la fase 1 y denuncian favoritismo hacia el PNV

Torra pide uso obligatorio de la mascarilla

En esta ocasión, ni el catalán Quim Torra ni el vasco Iñigo Urkullu lideraron un frente crítico. El jefe del Govern demandó el uso obligatorio de mascarillas en el espacio público, dada la sensación de "cierto relajamiento general" por parte de la población. Pidió no poner límites a los ERTE, consideró necesaria una renta básica universal ("no podemos permitirnos una crisis social") y arbitrar, para pymes y autónomos, no una política de créditos sino de transferencias para los sectores más devastados (hostelería, comercio y cultura).

Feijóo cree que hay margen de "mejora" en la coordinación con las CCAA y pide saber con "celeridad" los criterios que harán falta para ir a la 2

Urkullu, por su parte, celebró el acuerdo del Congreso, que modificó la alarma a instancias del PNV, que "canaliza la cogobernanza" que venía demandando su Ejecutivo. El 'lehendakari', que ha negociado con el Gobierno a la baja la implantación de la fase 1 —no se abrirán museos, bibliotecas, gimnasios ni espectáculos culturales, ni volverán los rodajes por ahora—, pidió ser "prudentes y rigurosos" en esta etapa inicial.

Puig, Moreno y Ayuso protestan por no ir a la fase 1 y denuncian favoritismo hacia el PNV

El presidente de la Xunta, el popular Alberto Núñez Feijóo, que la semana pasada había hecho pinza con Urkullu y Torra, bajó el nivel de la crítica. En su caso, influyó la conversación de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, a comienzos de esta semana. El barón conservador cree que aún hay "posibilidad de mejora" en la coordinación de la desescalada. En concreto, pidió "celeridad" para conocer con anticipación qué requisitos sanitarios habrán de cumplir las CCAA para pasar a la fase 2. "Cuanta menos improvisación y más unidad de acción" exista, "mejor podremos avanzar todos juntos", defendió.

Fue Feijóo, quien en la octava conferencia se mostró muy crítico con la continuidad del estado de alarma, quien apuntó este 10 de mayo que España debería dotarse de un sistema sanitario con rango de ley orgánica y tener una legislación específica que le permita al Gobierno central tomar decisiones para limitar la movilidad de los ciudadanos, que es la principal razón que Sánchez esgrime para asegurar que la alarma ha de continuar hasta que concluya la transición. "Si estuvierais en mi lugar querríais cuanto antes levantar el estado de alarma", convino el presidente con él. Y entonces anunció que planteará a los grupos, cuando la epidemia esté "controlada" una nueva "fórmula de gobernanza que llevará implícita la modificación de leyes" ordinarias y que supondrá un "acuerdo" entre el Ejecutivo central y las CCAA. "Pero ahora el instrumento que tenemos es el que tenemos", observó.

En la rueda de prensa posterior, Montero e Illa siguieron defendiendo que el estado de alarma ha funcionado para contener el virus, que no es un "proyecto político" sino una herramienta necesaria para cortar la expansión de la enfermedad. Un mecanismo, subrayó la portavoz, más "garantista", ya que es controlado por el Congreso, y no se trata de una mera aplicación de la ley por parte del Gobierno.

A vueltas con la prórroga

Sin embargo, ese argumento puede ser más que insuficiente de cara a una quinta prórroga —que se extendería hasta el 7 de junio—, porque, entre otros, no gusta al PNV y el PP ya ha adelantado que votará en contra. "No tiene sentido prorrogar más el estado de alarma, espero que Sánchez no sea cabezota", alertó este domingo el jefe de los nacionalistas vascos, Andoni Ortuzar, en una entrevista en el diario 'El Correo'. También el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, que aporta un voto en el Congreso (nada irrelevante, dada la precaria mayoría minoritaria en que se sustenta el Gobierno), advirtió a Sánchez de que su partido, el PRC, dirá no a una nueva extensión de la alarma si no está "absolutamente justificada". Revilla está muy molesto por la falta de información. Él, como Feijóo, pidió que se pueda pescar, algo que no está permitido en la orden ministerial publicada ayer. Illa señaló después que se estudiará si flexibilizar ese punto relativo a la caza y pesca deportiva.

Page demanda una renta básica universal que sirva para "igualar" España. Lambán reclama que se atiendan las zonas rurales y recuerda a Rubalcaba

Otra de las CCAA que no vio atendidas sus peticiones fue Castilla-La Mancha, pero el socialista Emiliano García-Page no plantea guerra en este asunto. De hecho, valoró la posición más "conservadora" de Sanidad, que a su juicio ha de ser "mayor que la suma de 17 posiciones prudentes". Eso sí, constató la evolución favorable de los indicadores sanitarios de la región. El Gobierno autonómico, pues, confía en que pronto Toledo, Ciudad Real y Albacete puedan pasar pronto a la fase 1. El barón socialista, como otros presidentes, también manifestó que el primer tramo del fondo no reembolsable, los 6.000 millones primeros, han de repartirse con el criterio con el que se le ha pedido a Europa. Es decir, que se reparta por la incidencia real del covid-19, no por la incidencia potencial. Es decir, no por población. Page defiende que se aproveche el momento para tomar una decisión "histórica" como la implantación de una "renta básica" universal, del Estado, que "sirva para igualar en toda España". El dirigente regional cree necesario que se abra la mano a la caza y pesca deportiva.

La caza y pesca

El extremeño Guillermo Fernández Vara también demandó que se levante esa prohibición, que se puedan eliminar las franjas en su comunidad —Illa en cambio cree que el sistema de turnos está funcionando bien— y rechazó abiertamente los criterios para el reparto del fondo no reembolsable. Cree en una fórmula justa y de consenso, petición en la que coincidió el líder canario, el socialista Ángel Víctor Torres. La balear Francina Armengol advirtió de que ha de tenerse en cuenta la caída de ingresos, muy profunda en los dos archipiélagos por la caída del turismo. Revilla no está de acuerdo en que el reparto de los 16.000 millones se haga en función de habitantes y hospitalizaciones, y no en base a los costes del servicio. El socialista Adrián Barbón, presidente de Asturias, defendió que el fondo tenga en cuenta el envejecimiento de la población y la dispersión de los territorios, informa EFE.

El reparto de los 16.000 millones de euros se convierte en otra fuente de disputa entre las CCAA, dadas las diferencias entre ellas y de incidencia

Otro barón socialista distanciado de la Moncloa y de Ferraz, Javier Lambán, presidente de Aragón, mostró su satisfacción por el paso de toda su comunidad a la fase 1. Y explicó que si pidió que algunas comarcas migraran directamente a la 2 fue para flexibilizar el confinamiento en las zonas rurales para así reactivar la actividad económica. Sanidad, en cambio, impidió esa opción: hay que ir recorriendo fase a fase, sin saltarse ninguna. Insistió en la necesidad de soluciones específicas para la España rural —Illa se mostró de acuerdo en estudiar un paquete específico para las zonas despobladas— y apuntó que cree posible autorizar la movilidad dentro de una comunidad autónoma que se encuentra ya en conjunto en el mismo estadio.

Lambán defendió que el reparto de los fondos estatales ha de tener en cuenta el coste de prestación de los servicios públicos "en función de la demografía, para no generar mayores desigualdades". El dirigente aragonés arrancó por cierto su intervención con un recuerdo al exvicepresidente del Gobierno y exlíder del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba, de cuya muerte se cumple este 10 de mayo un año: fue "un hombre importante en la historia reciente de España que prestó grandes servicios a su país". El PSOE había previsto reivindicarlo con unos ciclos que culminasen este mes. El covid-19 también arrambló con ese homenaje.

De la preparación del funeral de Estado a las víctimas del covid, presidido por el Rey, se encargarán Calvo y la ministra Carolina Darias

Sí habrá tributo a las víctimas de la pandemia. Sánchez recordó que cuando España entera esté en fase 1 el Gobierno decretará luto nacional y en la "nueva normalidad", hacia julio, se celebrará el funeral de Estado que presidirá el Rey. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, y la ministra de Política Territorial, Carolina Darias, se encargarán de la preparación, para que "todos los territorios" estén representados y se pueda rendir homenaje a los fallecidos por el covid.

¿Cómo se repartirá el fondo de 16.000 millones para las CCAA?

Pedro Sánchez dio algunos detalles más del fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros que anunció hace una semana. Con esta inyección económica para las comunidades autónomas, que se aprobará por real decreto ley, "se cubre un impacto de 10.000 millones de euros de gasto sanitario, 1.000 de gasto social, y 5.000 de compensación por disminución de ingresos".

El presidente anunció a los mandatarios autonómicos que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hará "ronda con los partidos políticos de la Cámara antes de llevarlo al Congreso". Con los consejeros "ya se comprometió a revisar el criterio de población protegida en lugar de ajustada, la posibilidad de ponderar el porcentaje de población", que es una de las demandas de las CCAA, y dar "mayor participación al número de PCR negativas en función de la calidad de los datos disponibles". 

El fondo se distribuirá en cuatro tramos. El primero, de hasta 6.000 millones de euros, será pagado en julio, que se distribuirá en base al gasto sanitario. El segundo, de hasta 4.000 millones, se repartirá en base a los criterios de gasto sanitario de octubre y se pagará en noviembre. El tercero, de hasta 1.000 millones, a pagar en noviembre, que se distribuirá en base a criterios representativos de gasto social. Y el cuarto y último tramo, de hasta 5.000 millones, que se inyectará a las CCAA con criterios relacionados por la disminución de la actividad económica. 

Sánchez explicó que la parte ligada al gasto sanitario, que es la más relevante, se distribuirá en función de indicadores oficiales que reflejen el gasto sanitario por el covid. La parte social, por criterios poblacionales, y el resto por la caída de recaudación.

No obstante, se va a celebrar una reunión en la que se tratará el reparto del fondo y en el que participarán las CCAA, les dijo. El presidente añadió que los 16.000 millones de euros no sustituyen a las transferencias que reciben las comunidades, como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). "Además, las CCAA recibiréis este año 115.887 millones de euros del sistema de financiación autonómica. Es la mayor cifra y supone 7.907 millones más que el año anterior". 

Por último, el jefe del Ejecutivo informó a los presidentes autonómicos que junto al fondo no reembolsable se ha negociado que la parte de los fondos FEDER no consignadas se pueda destinar al gasto sanitario. Serán, dijo, 3.200 millones más para las CCAA para equipamiento sanitario, material de pruebas o para abonar las nóminas del nuevo personal contratado.

 

También Sánchez celebró el acuerdo con patronal y sindicatos, que extenderá los ERTE hasta el 30 de junio. Explicó que hay una "innovación importante": los ERTE totales y los parciales, aunque en cualquiera de los dos casos se exonera el pago de cotizaciones empresariales. 

En los ERTE totales se extienden a las cuotas de mayo y junio, el 100% para empresas de menos 50 trabajadores y el 75% para las de más de 50. Ese 100%, les dijo, es un porcentaje muy elevado de empresas en España. En los ERTE parciales, anunció la exención de los trabajadores que por primera vez se incorporen al trabajo. Será de un 85% en mayo y un 70% en junio. El Estado se está gastando en estos ERTE más de 4.500 millones de euros al mes. 

Además, el presidente adelantó que mañana firmará el acuerdo alcanzado con patronal y sindicatos. El acto tendrá lugar este lunes en Moncloa a las 13:00 horas y asistirán, por parte del Gobierno, él mismo como presidente; el vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias; la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. Por parte de los agentes sociales, acudirán el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi; el jefe de CEPYME, Gerardo Cuerva, y los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y de UGT, Pepe Álvarez.

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