UNDÉCIMA CONFERENCIA DE PRESIDENTES

Urkullu reprocha a Sánchez su pacto con Bildu para la alarma: es "desconcertante"

La entente con los 'abertzales' suscita protestas de barones del PP y alusiones de los del PSOE. El presidente prevé que todo el país recupere la movilidad entre finales de junio y principios de julio

Foto: El 'lehendakari', Iñigo Urkullu, el pasado 18 de mayo en Vitoria. (EFE)
El 'lehendakari', Iñigo Urkullu, el pasado 18 de mayo en Vitoria. (EFE)

El pacto del PSOE con Bildu sobre la derogación de la reforma laboral no solo ha generado tensiones en la coalición de gobierno, incomprensión en el partido, irritación de la patronal. También ha molestado sobremanera al socio más leal que tenía el Gobierno. Lo advirtió el viernes el líder del PNV, Andoni Ortuzar, y lo pudo escuchar este domingo Pedro Sánchez por boca del propio 'lehendakari', Iñigo Urkullu: "Hemos vivido los acuerdos de esta semana de manera desconcertante". Un reproche más que contundente del jefe del Ejecutivo vasco, con quien hasta ahora la relación era fluida y a quien seguirá necesitando si el bipartito demanda una sexta prórroga de la alarma al Congreso para el combate contra el covid-19, algo que la Moncloa aún no ha decidido.

El presidente pudo escuchar la queja de Urkullu muy al comienzo de la undécima conferencia de presidentes, este domingo. Un encuentro de "perfil bajo", según lo definían algunos de los asistentes, porque la crispación territorial se ha rebajado en los últimos días, especialmente con Madrid, que ya estrena este lunes la fase 1 de desescalada, y porque tampoco el Ejecutivo ha anticipado qué hará con la alarma. Por eso el aviso del 'lehendakari' es elocuente a las puertas de una nueva negociación.

Sánchez no había hecho referencia al pacto con Bildu rubricado este miércoles en su intervención inicial, en la que no se reservó novedades, más allá de su previsión, que cuadra con la planificación que el Gobierno había hecho de la transición, de que todo el país recupere la movilidad entre finales de junio y principios de julio. Parte de su mensaje, de hecho, se centró en la reactivación del turismo —que ayer sábado anunció ante los medios en su comparecencia semanal— y en la preparación de la temporada, que la ministra de Industria, Reyes Maroto, buscará consensuar con las comunidades autónomas en un consejo interterritorial. "Si nada se tuerce", agregó Sánchez, "evidentemente muchas CCAA estarán fuera del estado de alarma a lo largo de los próximos días y la totalidad del país estamos convencidos de que podrá estarlo a fínales de junio y principios de julio". Sus palabras casaban con lo que después admitió el titular de Sanidad, Salvador Illa: que se está estudiando recortar el tiempo que cada territorio pasa en cada fase, de dos semanas a una.

"Si nada se tuerce", dice, la mayor parte del país estará fuera de la alarma a finales de junio. Pero el Gobierno no ha decidido si pedirá nueva prórroga


Pero la salida de la alarma a finales de junio sucederá si hay nueva solicitud de prórroga al Congreso. Y, antes, el Ejecutivo deberá afanarse en reconstruir los puentes con los agraviados por su pacto con Bildu. El presidente explicaba este sábado, en la línea en que lo ha hecho su partido, que no tenía "garantizada" la mayoría en la votación del pasado miércoles, por lo que tuvo que abrir interlocución a varias bandas, ejercicio que se podía haber "evitado" si el PP se hubiera abstenido o votado a favor, señaló. Al final la abstención de la izquierda 'abertzale' no se hizo necesaria por el sí de Ciudadanos y del PNV, pero en el PSOE argumentan que pesó el temor a que cualquier imprevisto diera al traste con la votación, lo que habría sido demoledor para el Gobierno y sobre todo peligroso para el país, pues la alarma habría decaído este domingo y se habría "puesto en riesgo" lo conseguido en estas diez semanas de confinamiento.

"Impulsar la cogobernanza"

Aunque el acuerdo con Bildu fue corregido a las tres horas y media por el PSOE tras la decisiva intervención de la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, el daño ya estaba hecho. Sánchez se acababa de abrir una zanja ante el PNV. El líder de la formación 'jeltzale', Andoni Ortuzar, lo manifestó el viernes: el "depósito de confianza" en él ya está en la reserva, y en la política ha de primar "la coherencia" y no un "totum revolutum" de pactos. En el ambiente pesa que ya están convocadas las elecciones vascas para el 12 de julio, en las que Urkullu aspira a revalidar su posición hegemónica y reeditar el acuerdo con los socialistas.

Varios presidentes, como Urkullu, Feijóo o Moreno, vuelven a quejarse del formato de las conferencias. Tras la desescalada, serán cada 15 días o cada mes

La actual prórroga vence a las 00:00 del 7 de junio, a horas de que parte de España migre, previsiblemente, a la fase 3 de desescalada. Si la Moncloa quiere una nueva ampliación hasta finales de mes, deberá volver a atraerse a un irritado PNV, afianzar a Ciudadanos y volver a negociar con ERC para que pase del no a la abstención. Otros socios de investidura también se han alejado, como Compromís (que pasó al no) o Nueva Canarias.

Urkullu reprocha a Sánchez su pacto con Bildu para la alarma: es "desconcertante"

El 'lehendakari' lanzó ese segundo contundente aviso de los nacionalistas vascos a Sánchez, a través de una fórmula indirecta ("acuerdos desconcertantes" con Bildu), pero diáfana para todos. No fue su único lamento / petición en la conferencia de presidentes. Así, solicitó plena colaboración del Estado para que las elecciones del 12-J se desarrollen con seguridad y plenas garantías.

Urkullu también pidió "impulsar la cogobernanza" y cambiar el formato de estas reuniones dominicales. Ya son varias las semanas en las que el líder socialista escucha las protestas de los mandatarios autonómicos, porque no se genera un verdadero debate y porque las decisiones ya han sido anunciadas la víspera por el jefe del Ejecutivo ante los medios. Sánchez le contestó que su intención es mantener estas conferencias hasta finales de junio, cuando concluya la desescalada, para luego espaciarlas aunque con una cadencia regular. Serán cada 15 días o cada mes. El Gobierno, mientras, no deja de mimar al PNV, reiterando que es su socio "estable", con el que tiene firmado un acuerdo de investidura, como recordó la portavoz, María Jesús Montero.

Andalucía se queja de que Málaga o Granada no pasen a la fase 2. Feijóo pide que Galicia salga de la alarma en 15 días, cuando concluya su etapa 2

También se quejaron del formato de las reuniones el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, y el de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Este reclamó una "metodología más útil". "No tiene sentido que nos enteremos de las decisiones por televisión 15, 10 u ocho horas antes de mantener estas reuniones”. El líder andaluz, como era previsible, demandó al Ejecutivo que reconsidere su decisión, "difícil de entender", de "dejar atrás" las provincias de Málaga y Granada, que habrán de esperar una semana para pasar a la fase 2 (al contrario que el resto de la comunidad), porque cumplen con los criterios epidemiológicos. Se envía, a su juicio, "un mensaje innecesario e irreal sobre destinos turísticos que son internacionales" y cuya imagen se está viendo "dañada". Respecto al ingreso mínimo vital, que aprobará el Consejo de Ministros este martes, Moreno apoyó la iniciativa, pero exigió que se cuente con las CCAA, porque son ellas las que tienen competencia en materia de servicios sociales.

Apoyo a la alarma de los barones del PSOE

Feijóo pidió asimismo información sobre la renta mínima, igual que volvió a exigir la definición de los criterios de reparto del fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros. El jefe de la Xunta, en respuesta a la afirmación del presidente de que varias CCAA podrán abandonar la alarma próximamente, trasladó que Galicia quiere ser una de ellas en cuanto concluya la fase 2, el próximo 7 de junio. Él es uno de los barones del PP que desde el principio se opuso a la prórroga de este mecanismo jurídico. Feijóo reiteró su demanda de que se permita la movilidad interprovincial dentro de su comunidad. La madrileña Isabel Díaz Ayuso (PP) también solicitó agilidad, celeridad en el proceso de desescalada: quiere que en Madrid se puedan aplicar medidas de las fases 2 y 3, como abrir centros comerciales al 40%, la vuelta progresiva a las empresas y flexibilizar los horarios de los paseos para evitar aglomeraciones y el efecto del calor.

Page pide que la siguiente prórroga, si la hay, sea "incondicional": que los grupos no aprovechen para pedir a Sánchez cuestiones ajenas a la alarma

Sánchez lleva escuchando el rechazo a la alarma, en mayor o menor medida, desde el 3 de mayo, sobre todo por boca del catalán Quim Torra —este domingo lo reiteró—, y de los líderes autonómicos del PP. El presidente, en cambio, sí encuentra el respaldo de sus propios barones socialistas. Se lo dijo de nuevo el castellanomanchego Emiliano García-Page, con el argumento que da el Gobierno: es el único instrumento jurídico que permite restringir la libertad de circulación en todo el territorio. "Hay que anteponer la situación sanitaria a todas las demás [...]. La inmensa mayoría estamos de acuerdo con el estado de alarma. Cuando empezó esto todos sabíamos que el movimiento es el problema. Muchos tomaron decisiones respecto de pueblos y urbanizaciones". Pero aquí Page insertó una matización clara: si ha de prorrogarse este mecanismo, que sea de manera "incondicional". Una referencia implícita al pacto con Bildu, contra el que ha protestado incluso en público. Lo que cree el barón socialista es que si se trata de "salvar vidas", lo "dramático" es que "se pongan condiciones o circunstancias que no tienen nada que ver" con la alarma.

Page se sumó a los presidentes que piden flexibilizar la movilidad entre provincias. Desea que produzca ya en junio. "Sabiendo que la provincia ha sido un elemento de aproximación al problema, no pasaría nada por estudiar la relativa conectividad de las provincias", sostuvo. El extremeño Guillermo Fernández Vara repitió su petición de que se autoricen los desplazamientos entre Cáceres y Badajoz (ambas pasarán a fase 2 este lunes), y cree que no habría problema en que se posibilite la movilidad entre provincias que compartan la misma etapa de desescalada. De una opinión similar es el aragonés Javier Lambán, quien avanzó que apurará el margen que le da Sanidad para que bares, restaurantes y terrazas estén al 50% de ocupación (la horquilla es del 30% al 50%), tope al que se acogerá el murciano Fernando López Miras (PP).

Centro Nacional de Salud Pública

El pacto con Bildu fue denunciado enérgicamente por algunos barones del PP. "Es inadmisible e injustificable", clamó el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. "Esto entraña planes ocultos de anexión y profunda desigualdad territorial. Somos un único país. Y no es bueno para la economía y el empleo actual y además va a generar desigualdades entre CCAA", advirtió la madrileña Isabel Díaz Ayuso. Fuera de la reunión, en rueda de prensa, Vara sí reconoció que esa alianza le produjo "desolación", pero añadió que se ponía en el lugar del Gobierno ante la hipótesis de que la alarma hubiera decaído.

Ayuso pide que se apliquen en Madrid medidas de las fases 2 y 3, y Revilla que se acelere la desescalada, guante que luego recoge el ministro

En la conferencia emergieron otras cuestiones, como el precio de las mascarillas, obligatorias en el espacio público desde el pasado jueves. Moreno cree conveniente rebajar su IVA, considerándolas un producto de primera necesidad, mientras que el presidente valenciano, el socialista Ximo Puig, defiende que se estudie garantizar la igualdad de las familias en el acceso a esta prenda facial, ya que se generará un gasto difícil de asumir para muchas de ellas. Puig también planteó crear un Centro Nacional de Salud Pública, con participación de todas las CCAA, que se convertiría en un "instrumento muy potente" de cara a futuras pandemias. Y reclamó que las autonomías puedan regular cuestiones como el senderismo o las playas o que se analice el riesgo de los aires acondicionados. En su turno, el jefe del Consell defendió asimismo la utilidad de la alarma mientras no haya un mecanismo para restringir un derecho constitucional como la movilidad y adelantó que la comunidad quiere saltar a la fase 2 a partir del 1 de junio tras el pequeño freno al que se acogió esta semana.

Urkullu reprocha a Sánchez su pacto con Bildu para la alarma: es "desconcertante"

El socialista asturiano Adrián Barbón también defendió la alarma "como mínimo" hasta finales de junio para evitar los desplazamientos entre comunidades. Miguel Ángel Revilla (PRC), presidente de Cantabria, defendió mientras acortar los plazos —lo que luego confirmó Illa— porque la pandemia económica "puede ser más grave" que la sanitaria. Los presidentes de las islas, ambos socialistas, mostraron su inquietud por el sector turístico, básico para la economía de las islas. La balear Francina Armengol solicitó recursos estatales para reducir el precio de los billetes de avión e impulsar así los viajes de nacionales al archipiélago y el canario Ángel Víctor Torres remarcó que hace falta que la reactivación del turismo necesita que se haga con "todas las garantías".

Urkullu reprocha a Sánchez su pacto con Bildu para la alarma: es "desconcertante"

Torra hizo bandera en esta ocasión de demandas económicas. Como ya desgranara este sábado, exige 9.000 millones de euros por deuda histórica acumulada y 4.000 por gastos extraordinarios generados por la crisis del covid-19. De nuevo, eso sí, reiteró su oposición a una nueva prórroga mientras no se devuelvan las competencias a la Generalitat. El 'president' no quiere mesa de diálogo, como demanda ERC, sino derecho de autodeterminación.

Aún a vueltas con el fondo no reembolsable

Aún queda por perfilar el fondo no reembolsable de 16.000 millones de euros para las CCAA. Este domingo, Pedro Sánchez confirmó que el primer pago será en julio, y luego los pagos adicionales se harán en meses alternos: septiembre y noviembre y finalmente diciembre. "Es importante que lo resolvamos cuanto antes para transferir los fondos a las comunidades", les indicó. 

Esta semana, según anunció en rueda de prensa posterior la ministra portavoz, María Jesús Montero, se comenzará a negociar con los grupos parlamentarios en el Congreso. "Esperamos encontrar una buena predisposición para poder repartir estos fondos de forma justa y equitativa", señaló. La intención del Gobierno es que 10.000 millones se repartan según el gasto sanitario generado por el covid-19, otros 1.000 millones según población y los últimos 5.000 por caída de los ingresos tributarios. 

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