Sánchez replica a un Vox en la calle que no va a caer y que hay Gobierno para cuatro años

El Gobierno no va a caer. La afirmación podría salir de boca de cualquier presidente, pero en el caso de Pedro Sánchez la frase adquiere un mayor sentido, porque casi desde que echó a andar la coalición con Unidas Podemos —la fórmula de la que él abjuraba y que le condujo a las segundas generales, de noviembre de 2019—, se ha hablado de la supuesta endeblez del Ejecutivo y de su hipotético final. Con cada crisis, con cada desavenencia entre los socios. Porque el Gabinete se sustenta sobre una difícil convivencia con los de Pablo Iglesias y una frágil minoría parlamentaria cuyos débiles cimientos se evidenciaron esta semana, en la quinta prórroga del estado de alarma. Pero, tras cada tempestad, sucede el cierre de filas del bipartito. Esta vez, tras el para muchos en el PSOE incomprensible acuerdo con Bildu, ocurrió otra vez. Sánchez ratificó la estabilidad de su Gobierno y lanzó el mensaje a la oposición de que no se empeñe en "derrocarlo", porque la legislatura durará cuatro años.

Aviso en medio de una polarización creciente, y en la jornada en que miles de personas en toda España, convocadas por Vox, se movilizaron en coches y motos envueltos con banderas españolas —algunas preconstitucionales— y clamaron a favor de la caída de Sánchez y del Gobierno. La respuesta la dio el presidente desde la Moncloa este sábado durante la rueda de prensa en la que dio luz verde al turismo, LaLiga y el ingreso mínimo vital: no se irá ni se deshará su Ejecutivo. Sánchez buscaba proyectar fortaleza aunque en su larga comparecencia sí podía percibirse un reconocimiento de que los apuros parlamentarios pueden acabar siendo un obstáculo para sus planes: dejó en el aire la posibilidad de demandar al Congreso una sexta prórroga del estado de alarma. Dependerá de la evolución de la pandemia, dijo, y a la postre de la disposición de los grupos.

"Si hay otras formaciones políticas que piensan que el covid-19 puede ser una oportunidad para derrocar al Gobierno, se equivocan políticamente, porque hay cuatro años por delante", advirtió el presidente, dirigiéndose a Vox, pero indirectamente también al PP, a quien acusa de haber abdicado de su "responsabilidad" como principal partido de la oposición, al haberse negado a apoyar —o al menos no obstaculizar— la prolongación de la alarma el pasado miércoles en el Congreso.

Quienes quieren aprovechar la crisis para tumbar al Ejecutivo "no hacen bien al país", dice Sánchez: España necesita "confianza, arrimar el hombro"

El líder socialista recalcó que en 2019 España vivió cinco elecciones (dos generales, más autonómicas, municipales y europeas), y en todas venció su partido, y ahora lo que necesita el país es "estabilidad", "gobernabilidad", "trabajar en Europa", seguir luchando contra la pandemia. "Y en eso está el Gobierno", incidió. Quienes quieren aprovechar la crisis para tumbar al Ejecutivo "no hacen bien al país", a su juicio, porque España necesita ahora "confianza, arrimar el hombro, gestionar y avanzar". No habrá tampoco nuevos comicios, que constitucionalmente no podrían celebrarse antes de noviembre de 2020: "Los españoles siempre aciertan cuando van a las urnas".

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Escraches "inaceptables" a sus ministros

Respecto a las protestas motorizadas de Vox, Sánchez fue escueto: "Poco tengo que decir sobre las manifestaciones de la ultraderecha. Son libres de movilizarse como consideren oportuno", pero siempre respetando los criterios sanitarios. Sí se explayó algo más con los escraches que han sufrido Pablo Iglesias, vicepresidente segundo, y José Luis Ábalos, titular de Transportes. "Me parece inaceptable", reprobó, para añadir que otros ministros han padecido esas mismas protestas en sus domicilios, pese a que no hayan trascendido, solo por defender sus ideas e intentar garantizar la salud pública de los ciudadanos. "Tienen toda mi solidaridad personal y política", les dijo.

"Tengo la mejor de las opiniones de este Gobierno de coalición que trabaja todos a una con distintas sensibilidades", indica, en defensa de su Ejecutivo

El presidente confía en que estas conductas "de odio y de ira" sean "marginales", porque España requiere ahora "concordia", "tolerancia", "convivencia", "unidad de todos", el mensaje que lleva pidiendo a los españoles en estas diez semanas de reclusión aunque a veces sienta, agregó, en una clara crítica a la actitud de la oposición, que realmente "clama en el desierto".

Sánchez, como ayer hiciera la portavoz, María Jesús Montero, quiso lanzar un mensaje de entereza, que en su caso además no es una frase azarosa, ya que ha cimentado buena parte de su carrera política en su resiliencia personal. No en vano, se repuso cuando le defenestró su partido y se alzó con la victoria en unas primarias, hizo el jueves tres años, en las que quien partía como favorita indiscutible era su rival, Susana Díaz.

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Y aunque tras el pacto con Bildu sobre la derogación de la reforma laboral hayan aflorado de nuevo las costuras de la coalición, Sánchez intentó minimizar las disputas internas. Cuando se le recordó el temor que expresó, antes de las generales del 10-N, de que hubiera dos gobiernos y no uno solo, advirtió que la "nueva política" también es sinónimo de "cambiar la cultura política", y de convivir en ejecutivos de coalición que tienen "distintas sensibilidades". "Tengo la mejor de las opiniones de este Gobierno de coalición que trabaja todos a una con distintas sensibilidades, claro que sí, porque es lo que han querido los españoles. Todos a una en una respuesta positiva a esta crisis sanitaria, económica y social", aseguró.

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No son "contradictorios" Calviño e Iglesias

El pacto con Bildu que trascendió el miércoles, tras la votación de la quinta ampliación de la alarma, hablaba de una derogación "íntegra" de la reforma laboral antes de la finalización de las medidas extraordinarias del covid-19. La vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, intervino en cuanto se enteró y forzó la rectificación. El PSOE emitió una "nota aclaratoria" ese mismo día, a las 23:41, en la que se limitaba a copiar los puntos principales recogidos en su acuerdo de gobierno con Unidas Podemos. La formación 'abertzale' se dio por satisfecha, pero Iglesias insistió en que valía lo firmado, la abolición "íntegra" de la legislación del PP. Calviño dijo horas después que sería "absurdo" y "contraproducente" tocar la reforma de 2012.

El presidente señala que la oposición del PP a la prórroga "abrió la espita" para que otros grupos como Bildu plantearan debates ajenos a la alarma

Sánchez apuntó este sábado que no le parecen "contradictorias" las visiones de Calviño e Iglesias, puesto que la reforma del PP "conculcó muchos derechos laborales", desequilibró el poder de negociación hacia las empresas y "precarizó las relaciones" en el mercado de trabajo, así que hay un "malestar" al que hay que dar una "respuesta positiva", pero en el marco del diálogo social y en la Comisión de Reconstrucción del Congreso.

El Gobierno, pues, "aspira a corregir" los "desequilibrios" que contiene la reforma del PP. Para intentar reconstruir los puentes con la patronal, el presidente cubrió de elogios al jefe de la CEOE, Antonio Garamendi: es un "patriota" y una persona con "sentido de Estado" y tiene "buena relación" con él, de manera que confía en que la interlocución con empresarios y sindicatos se retome "cuanto antes". Sánchez ha buscado recomponer las relaciones con los agentes sociales (y el PNV) en los últimos días, consciente de que es uno de los pilares básicos dada la crispación que sí hay en el Congreso y que está empezando a calar en la sociedad.

Durante la comparecencia, se sucedieron muchas preguntas sobre el acuerdo con Bildu. En síntesis, si tuvo que recurrir a los 'abertzales' fue por el anunciado voto en contra del PP. Por su "irresponsabilidad", por situarse en la "España del no", sin dar ninguna "alternativa". "Esa posición del PP hace que otros grupos minoritarios —dijo, en alusión a Bildu— abran la espita a otros debates que nada tienen que ver con la emergencia sanitaria ni con la salud pública. Tienen que ver con compromisos de legislatura, con compromisos de investidura o con planteamientos de financiación o de aprobación o derogación de leyes". Es decir, que el no del PP fue aprovechado por los demás partidos para sacar tajada y poner sobre la mesa cuestiones ajenas a la alarma, como la derogación de leyes o el reparto de fondos territoriales. Y también hay grupos, añadió, que creen que el programa de investidura ha quedado "puesto en cuestión" por la emergencia sanitaria.

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Evolución epidemiológica en estos 15 días

Todo ello explica, según la visión de Sánchez, que se tejiera esa alianza con el partido de Arnaldo Otegi. Y todo "se podría haber evitado", en su opinión, si el PP se hubiera abstenido o votado a favor. Porque el Gobierno "no tenía garantizada la mayoría" con la que sacar adelante la prórroga. Y era obligación del Ejecutivo ganar la votación, porque de lo contrario a partir de este domingo —cuando concluye la vigencia de la cuarta ampliación— habría decaído la alarma y, con ella, la restricción de movimientos entre provincias que hace, por ejemplo, que un madrileño no pueda viajar hasta Murcia o Andalucía. De no haber prosperado la quinta extensión, se habría "puesto en riesgo mucho" de lo conseguido en estas semanas de duro confinamiento, arguyó. No contestó a la pregunta de si considera que ese texto suscrito con la izquierda 'abertzale' sobrevive o no.

El Gobierno recurrió al partido de Otegi porque "no tenía garantizada la mayoría": tenía que ganar la votación para no "poner en riesgo" lo conseguido

¿Y ahora? ¿Qué hacer? La quinta prórroga, autorizada por el Congreso de manera ajustada (177 síes, 162 noes, 11 abstenciones), se extinguirá a las 00:00 del 7 de junio. Sánchez no dio por hecho que pedirá una sexta ampliación, tal y como había adelantado este diario. Apuntó que la decisión no está tomada, y el Gobierno está "estudiando" qué hacer. "Tenemos que ver la evolución epidemiológica durante estos 15 días", indicó. "Lo haremos escuchando a las comunidades y a los partidos, y siendo conscientes de que lo que debe anteponerse, frente a otros debates, es la salud pública". En este añadido estaba el matiz importante: el Ejecutivo actuará en función de los apoyos que reciba.

No obstante, la opinión del Gobierno es, como lo era hasta ahora, favorable a una nueva solicitud al Congreso, porque ya se está "tocando con las yemas de los dedos" la nueva normalidad, la que seguirá a la desescalada, y es conveniente mantener la prudencia. Y advirtió de que, mientras se necesite restringir la movilidad de los ciudadanos y su derecho de reunión, el "único instrumento" posible es el estado de alarma.

"Nada que ver con la política"

El presidente recordó, como hizo en el pleno del miércoles, que la Abogacía del Estado avala los argumentos del Ejecutivo. En su informe de 5 de mayo, y al que tuvo acceso este periódico [aquí en PDF], subraya que si ha de seguir limitándose la libertad deambulatoria en el conjunto de España, "no existe alternativa jurídica al estado de alarma que permita restringir el derecho fundamental del artículo 19 de la Constitución con el referido alcance general". Por tanto, no sirven otras fórmulas que plantea el PP, como la Ley Orgánica 3/1986, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública, puesto que esta no permite confinar a toda la población y en toda España (sí a grupos concretos y en algunos puntos).

Según esgrime el documento de la Abogacía, que firma su titular, Consuelo Castro, tampoco sirven normas de rango menor, porque se está afectando a derechos fundamentales. No valen, pues, la Ley General de Sanidad de 1986 o la Ley General de Salud Pública de 2011. Además, las medidas de privación o restricción de libertad requieren ratificación judicial, mientras que en el caso del estado de alarma, es el Congreso el que "salvaguarda los derechos de todos los ciudadanos" al conceder o denegar la prórroga solicitada por el Ejecutivo.

Sánchez defiende la alarma y esgrime los informes de la Abogacía del Estado. Insiste en que solo es un "asunto de salud pública pura y simplemente"

Sánchez insistió en que la alarma es la única arma que tiene en sus manos para recortar (no suspender) libertades fundamentales, arma que ha funcionado y que "ha beneficiado a todas las CCAA y ciudadanos sin excepción". "Nada tiene que ver con la política", esgrimió, es una figura constitucional "al margen y por encima de la política y de los intereses partidistas". "Nada tiene que ver ni con competencias, ni con transferencias, ni con financiación ni con la promulgación de leyes. Es un asunto de salud pública pura y simplemente", remachó, para llamar a los grupos a la "responsabilidad".

La apelación queda ahí. Pero ya arranca el tiempo de descuento hacia la siguiente prórroga. O tal vez no.