Sánchez e Iglesias acuerdan rebajar la tensión interna por el pacto con Bildu

Pedro Sánchez y Pablo Iglesias son conscientes de que no les interesa en absoluto poner fin al Gobierno de coalición. Y ni se lo plantean. Los dos necesitan que la experiencia salga bien, que dure y que la legislatura avance lo más posible para no acabar en esta situación, sino con una cuenta de resultados asumible, pese al horror de la pandemia.

Está por ver también que los partidos de izquierdas, nacionalistas e independentistas prefieran otra opción. Y, aunque aprieten al Gobierno hasta casi dejarlo sin oxígeno en cada votación, no parece que puedan ni quieran sumar sus votos a otras opciones.

De esta forma, el Parlamento no ofrece ninguna otra alternativa, por pura aritmética de sencilla suma de escaños. Solo habría una opción de gran coalición sobre la que no es preciso ni detenerse un segundo por imposibilidad política y de relaciones personales. Entre otras razones.

Y a eso hay que sumar que no es posible legalmente celebrar elecciones generales antes de finales del mes de noviembre, porque según el artículo 115 de la Constitución "no procederá nueva disolución antes de que transcurra un año desde la anterior". Como la anterior fue en septiembre de 2019, solo pueden disolverse las Cortes en septiembre para celebrar elecciones en noviembre de 2020.

Es decir, es remota la posibilidad de que a corto plazo cambie el modelo de Gobierno de coalición. Los que lo piden deberían ir abandonando toda esperanza o guardarse las ganas para más adelante.

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Ese propósito de continuidad ha estado presente en las conversaciones cara a cara entre Sánchez e Iglesias desde que firmaron su acuerdo de Gobierno en diciembre. Y lo han vuelto a renovar este jueves, cuando el Ejecutivo vivió el día más tormentoso y delicado.

Ambos se reúnen al menos una vez por semana y han establecido un modelo de relación en el que dirimen y discuten las diferencias cara a cara, al margen o por encima del resto de ministros. Este jueves quedaron en "desescalar" la tensión interna provocada por el pacto con Bildu que incluía la reforma íntegra y urgente de la reforma laboral que ha irritado a sindicatos y a patronal, a los partidos que como PNV y Ciudadanos le han salvado la vida en las votaciones de la prórroga del estado de alarma y hasta a los silentes barones socialistas, siempre según la versión transmitida por sus equipos, las propias palabras de Sánchez en su rueda de prensa y el argumentario del Ejecutivo.

También hablaron de cómo restañar las heridas causadas en los agentes sociales, para que la ministra Yolanda Díaz pueda mantener su estrategia

Bajar el tono de las declaraciones y evitarlas siempre que sea posible fue parte de la consecuencia del cara a cara de este jueves. Solo se permitió que Nadia Calviño apareciera el mismo jueves por la tarde, poco después de la reunión, para lo que habitualmente se resume en "calmar a los mercados", una de las preocupaciones de la vicepresidenta económica.

De ahí salió el argumentario de la rueda de prensa del Consejo de Ministros y este sábado del presidente del Gobierno: si pactamos con Bildu es porque el PP votó no y había que evitar que se acabaran las medidas sanitarias de protección que solo garantiza el estado de alarma. Y nada de discutir públicamente sobre la conveniencia de la derogación de la reforma laboral.

Por supuesto no hay mención alguna a otros partidos como ERC y Compromís, que ayudaron a la investidura y ahora votan en contra de la prórroga de la alarma. O a que Ciudadanos y PNV le confirmaron el voto afirmativo antes del debate. La negociación previa con Bildu sí fue una decisión de pura supervivencia, para evitar una derrota que hubiera sido trágica, pero el miércoles a las nueve de la mañana, cuando se inició el debate, ya no era necesario.

Hablaron también el presidente y el vicepresidente segundo de cómo restañar las heridas causadas en los agentes sociales, sindicatos y empresarios, para que la ministra Yolanda Díaz pueda mantener su estrategia de concertación que tan buenos resultados ha dado.

Y del ingreso mínimo vital que, según confirmó este sábado Sánchez, se aprobará la próxima semana, después de algunas tensiones del sector de Unidas Podemos con otra parte del Gobierno que prefería ir mucho más despacio todavía. Esas tensiones, por cierto, se resolvieron también en otro encuentro Sánchez/Iglesias.

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Obviamente, tampoco hay posibilidad alguna en este momento de que Calviño salga del Gobierno, a pesar de que siempre que hay un conflicto en el Gobierno se dice que ha amenazado con dimitir. Su salida del Gobierno sería demoledora en este momento, cuando es vital la ayuda desde Europa. Esta, de hecho, era otra de las preocupaciones de la vicepresidenta tercera cuando conoció la literalidad del acuerdo con Bildu.

Además, en esta crisis en el Gobierno se ha echado mano de un estereotipo que en esta ocasión no es cierto, al menos en el origen: el del enfrentamiento entre Calviño e Iglesias. Los dos han asumido casi públicamente otros encontronazos anteriores, pero en esta ocasión quien supervisa, avala desde la tribuna y acepta el pacto con Bildu es el presidente del Gobierno.

Sobre la sexta prórroga, el Ejecutivo maneja dos hipótesis: no volver a pedirla o volver a pactar con Cs y PNV, intentando también recuperar a ERC

Por tanto, Calviño se planta la noche del miércoles ante una decisión de Sánchez y logra doblarle el pulso. A él y no a Iglesias, por más que este, obviamente, defendiera luego el pacto.

Desde la Moncloa se ha querido difundir la versión de que todo fue una gestión autónoma del Grupo Parlamentario Socialista, con Adriana Lastra. Pero basta releer el Diario de sesiones del Congreso para ver cómo Sánchez avaló ese acuerdo y basta saber cómo funciona esa relación. "Adriana es Pedro", explica gráficamente un ministro.

En el Consejo de Ministros del viernes no se habló del pacto con Bildu y de sus consecuencias. Fue una reunión de 20 minutos, casi de trámite para aprobar el decreto de prórroga del estado de alarma. Tampoco luego en la Comisión Delegada de Asuntos Económicos.

En realidad, en las últimas semanas, además de la votación del miércoles del Congreso y, obviamente, la lucha contra la pandemia, lo que más se ha tratado en las reuniones del Gobierno es Europa.

El martes hubo en el Consejo de Ministros un largo intercambio de pareceres y el convencimiento, casi generalizado, de que la UE va demasiado lenta con la distribución de fondos. Y casi se le dio al presidente y a los ministros afectados un mandato para que aprieten en Bruselas y a los estados miembros, porque de ahí vendrá gran parte de las medidas para paliar la grave crisis social y económica que se nos viene encima.

Ahora, el empeño del Gobierno es preparar la siguiente prórroga del estado de alarma, incluso cuando acabe de entrar este domingo en vigor la anterior. 'A priori', el Gobierno maneja dos hipótesis: no pedir otra (Sánchez no lo ha descartado este sábado) o volver a pactar con Ciudadanos y con PNV, con un nuevo intento casi a la desesperada por recuperar a ERC del no a la abstención.

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Pero eso irá sin prisa, como lo que anunció hace semanas el Gobierno de elaborar una alternativa legal al estado de alarma con una modificación de la ley de Salud Pública. No ha pasado de borradores preliminares, pero es bien sabido que este Gobierno prefiere negociar siempre en el último minuto. Y vive más cómodo en la táctica del corto plazo que en la estrategia del medio plazo.

Sánchez ha dado otra dimensión al cholista "partido a partido", porque no solo lo aplica respecto a afrontar los acontecimientos según van llegando, sino, literalmente, a ir sumando a cada partido en cada votación en el último minuto, sin diseño de medio plazo.

El presidente insinúa lo que miembros del Gobierno explican con malestar: los socios aprovechan la prórroga para exigir asuntos ajenos a ella

El presidente ha insinuado este sábado en su alocución semanal algo que miembros del Gobierno explican con profundo malestar: socios del Ejecutivo aprovechan la negociación de la prórroga de la alarma para exigir asuntos que nada tienen que ver con eso como condiciones para su voto.

El cuadro hubiera quedado completo si hubiera añadido que gracias a esas negociaciones y exigencias para pactar votos a la prórroga, un partido (Ciudadanos) logró que se desvincularan los ERTE del estado de alarma y que los grupos políticos huelen la debilidad cuando la emite el Gobierno y la aprovechan en su beneficio en cada votación.

Ahora le queda administrar para futuras negociaciones su credibilidad, maltrecha esta semana. "El depósito de confianza del PNV [en Sánchez] tiene la luz de reserva encendida", le advirtió Andoni Ortuzar el viernes.

El PP sigue al margen de todo. De las decisiones, de las negociaciones y de la trascendencia en las votaciones, esperando a que el Gobierno se equivoque y viendo cómo Vox recoge, sin complejos, en la calle, los frutos del discurso del PP. Y Ciudadanos hace valer sus 10 escaños para conseguir lo que el PP no logra con sus 88.