Un grupo reducido de ministros fuera del ala económica pactó con Bildu la reforma laboral

La opción de llegar a acuerdos puntuales con Bildu estaba presente en la Moncloa desde hace tiempo. Incluso pensando en los futuros Presupuestos para 2021 que en teoría se tramitarán desde finales de septiembre. Los del partido de Arnaldo Otegi habían lanzado multitud de mensajes al Gobierno ofreciéndose para acuerdos y siempre ha habido vías de interlocución abiertas entre su grupo parlamentario, el socialista y el de Unidas Podemos.

La pasada semana, se planteó la opción firme de Bildu en la reunión de maitines, la que los lunes a las 9:30 mantienen en la Moncloa el núcleo duro del Gobierno, del PSOE y de Podemos. Bajo la presidencia de Pedro Sánchez, están presentes Carmen Calvo, José Luis Ábalos, Adriana Lastra, María Jesús Montero, Salvador Illa, Iván Redondo, Miguel Ángel Oliver, Pablo Iglesias, Irene Montero, Pablo Echenique y Juanma del Olmo.

Esas reuniones, recuperadas recientemente, tienen por objeto coordinar al Ejecutivo con los partidos y preparar la semana. Se completan con otras como las comidas mano a mano de los jueves de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

Obviamente, además de la gestión sanitaria de la pandemia y sus terribles consecuencias económicas, el tema estrella fue la prórroga de la alarma y el apoyo precario en el Congreso para sacarla adelante. Sobre la mesa, se pusieron las opciones y entre ellas la de Bildu. Había que volver a asegurar al PNV, mantener a Ciudadanos, recuperar a ERC, contactar de nuevo con Coalición Canaria e intentar la abstención de Bildu.

Se vio cómo estaba la relación con cada uno, escaño a escaño, con el objetivo de los 178 votos de la anterior prórroga y con la dificultad de que esta vez el PP estaba en el no. Por ejemplo, Coalición Canaria espera un decreto para el sector turístico que bloquean varios ministerios y comunidades como Baleares y Valencia. Y había problemas con Compromís.

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Si todo iba bien, Bildu no era necesario, pero dado que ninguno de los demás estaba absolutamente asegurado, se convino en que habría que contactar con Bildu para lograr su abstención. Era una especie de red que redujera riesgos en el último momento.

De esa reunión salió también la opción de elevar a 30 días la alarma, por entender que era una forma de lograr mayor plazo de tranquilidad parlamentaria y, en todo caso, tener un colchón de negociación con los grupos. Ya es sabido que luego quedó en 34 días a petición del PNV para que el 27 de junio empiece la campaña electoral en Euskadi y en Galicia. Y, posteriormente, volvió a los 15 días por exigencia de Ciudadanos y también de ERC, con quien se negoció casi hasta el final.

En el reparto de interlocuciones, a Lastra y a Echenique les tocó hablar con Bildu. En los contactos, según fuentes parlamentarias, lo que más les interesaba a los diputados de Bildu no era el punto de la reforma legal sino más bien el segundo, que se refiere al déficit diferenciado de los ayuntamientos de País Vasco y Navarra.

La importancia de este asunto, además de la ventaja sobre otras comunidades, es que Bildu le arrebataba al PNV el monopolio de llevar a Euskadi cesiones del Estado que benefician a los vascos. Y nada menos que en vísperas de las elecciones vascas del 12 de julio y con un Gobierno de coalición entre PNV y PSE.

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Por supuesto, el PNV no lo sabía. En la reunión de este lunes del núcleo duro del Gobierno, se habló del estado de las negociaciones, de cómo estaba cerrado el acuerdo con Bildu y de los puntos que contenía, obviamente, sin precisar la redacción concreta.

Con el PNV, había algunas tensiones como consecuencia del ingreso mínimo vital. Según los nacionalistas vascos, se exigía coordinación y control con el Gobierno de Vitoria, ya que allí tienen una renta similar y según el Ejecutivo, el PNV llegó a plantear retrasar su entrada en vigor en Euskadi hasta después de las elecciones del 12 de julio. De esa reunión salió también la decisión de rectificar lo que dijo el propio Pedro Sánchez el sábado anterior y bajar el plazo de estado de alarma de 30 a 15 días, para asegurar el voto de Ciudadanos.

Con todos los partidos, se pactó la forma de hacer públicos los acuerdos. Por ejemplo, con Ciudadanos, con un comunicado común, como se hizo en la anterior prórroga. Con Bildu, se quedó en no hacer nada hasta el debate e incluir un guiño de Sánchez desde la tribuna y escenificar una respuesta posterior de su portavoz, Mertxe Aizpurua. Pero sin anunciar el acuerdo hasta después de la votación, y así se hizo. El PSE no sabía nada, a pesar de que les afecta muy directamente.

La mayoría de los ministros se enteraron a la vez que el resto de ciudadanos de que su Gobierno había firmado un pacto con Bildu. De hecho, hay ministros de evidente peso político que en las últimas semanas no ocultan en privado su malestar por no ser informados de todo tipo de decisiones. Aseguran que hay una especie de Gobierno paralelo que se reúne en maitines y otro que se junta en Consejo de Ministros para aprobar textos que, en algunos casos, no están cerrados y, en otros, son modificados después.

Supieron de los 30 días cuando se publicó; aprobaron en Consejo un texto que, según les dijeron, estaba sujeto a negociación, y luego van enterándose de los acuerdos por los medios. Es decir, hay dos gobiernos como Gobierno de coalición, pero hay otra división transversal en función de si están o no en el grupo de los que deciden. Y lo grave es que en el grupo de los excluidos quede la vicepresidenta económica, Nadia Calviño.

Eso ha provocado, por ejemplo, que la portavoz, María Jesús Montero, en varias ocasiones haya sido desautorizada públicamente sobre asuntos de los que da cuenta en Consejo de Ministros. O que se modifiquen textos aprobados una vez ha acabado el Consejo de Ministros.

A todo eso hay que sumar las diferencias no disimuladas entre el sector del PSOE, especialmente el económico, y el de Unidas Podemos. Ocurrió con el ingreso mínimo vital, con la declaración del estado de alarma, con las ayudas a alquileres, con el impuesto a rentas altas, con la ley de libertad sexual, etcétera.

Cuando el miércoles por la noche se da a conocer públicamente el texto del acuerdo con Bildu, cerrado por Lastra y Echenique, con el visto bueno de Pedro Sánchez, la vicepresidenta Nadia Calviño fue informada y, tras la sorpresa inicial y con visible enfado, contactó con el presidente del Gobierno para expresar su rechazo absoluto. Argumentó que no es el momento (el texto decía que se haría inmediatamente), que afectaría a la negociación con Europa y que ni siquiera es posible hacerlo ahora. Tenía también el efecto colateral de afectar al diálogo social, algo que, por cierto, ha funcionado perfectamente en los últimos meses.

No hay constancia de si la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, uno de los miembros más destacados de este Gobierno por su gestión y su capacidad para dialogar y lograr acuerdos, estaba informada del detalle. Fuentes de Trabajo sí explican que la redacción concreta perjudicaba, precisamente, la buena marcha de ese diálogo social. Si algo estaba funcionando bien en el Gobierno es esa concertación con sindicatos y patronal.

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Al Gobierno le vino muy bien el aval de los empresarios a las diferentes medidas, especialmente las de los ERTE, y por eso montaron hace una semana un acto en la Moncloa para fotografiar la firma del acuerdo.

Sindicatos y empresarios hicieron llegar a la Moncloa su disgusto. En el caso de UGT y CCOO, no porque no quieran la derogación sino porque quieren que siga siendo objeto de acuerdo previo.

Para completar el contexto, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, también se enteró del redactado concreto al mismo tiempo que los españoles que siguieron la noticia. Y además, no compartía tampoco el texto literal. Sánchez aceptó las objeciones, con llamadas cruzadas, y dio orden de buscar una salida. Otros ministros de Unidas Podemos aseguran que sabían que había un acuerdo con Bildu y que incluía la reforma laboral, pero no el texto concreto.

¿Cómo salir del lío? Pues tuvieron la idea de hacer apresuradamente una nota aclaratoria a medianoche en la que se copiaba literalmente el pacto de gobierno de PSOE y Unidas Podemos. No repararon en que el segundo punto, el de las sucesivas bajas como causa de despido, ya ha sido derogado por el actual Gobierno a iniciativa de Yolanda Díaz.

Cerca de la medianoche, llegó el comunicado del PSOE matizando el acuerdo. Y por la mañana, las declaraciones contradictorias de Iglesias y Ábalos.

Fuentes del Grupo Socialista del Congreso muestran su sorpresa por las palabras del ministro José Luis Ábalos que, además, es el número tres del PSOE, en respuesta a Carlos Alsina, en Onda Cero. Aseguran que sonaron a “yo no he sido”, echando toda la responsabilidad a Lastra, número dos del partido y portavoz del Grupo Socialista.

Luego llegó la declaración publica de Calviño, sin cortarse, desautorizando el acuerdo y en gran medida desautorizando al propio presidente del Gobierno que impulsó y supervisó ese acuerdo. La vicepresidenta económica ya se enfrentó al sector Unidas Podemos del Gobierno porque se oponía a decretar el estado de alarma a principios de marzo, habló entonces en un Consejo de Ministros de “histeria” de Italia, se resistió a la hibernación económica y cuestiona el ingreso mínimo vital, entre otros episodios, hasta convertirse en la 'bestia negra' de los de Iglesias. Pero esta vez no sólo es una pelea entre vicepresidentes, sino que el desautorizado por Calviño, es Sánchez, porque él fue quien firmó el pacto.

Opinión

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Antes de esa declaración pública de Calviño, Sánchez e Iglesias comieron solos en la Moncloa. De esos encuentros han salido otras veces el impulso al ingreso mínimo vital y otras decisiones que no han gustado al equipo económico de Calviño. Esta vez la vicepresidenta ha hablado en público abiertamente contra la decisión de Sánchez después de esa reunión. Y Sánchez e Iglesias comparten un convencimiento: no pueden romper el Gobierno de coalición, porque no hay alternativa y porque los dos necesitan que salga bien.

Por la mañana, Sánchez se dedicó a intentar aplacar a sindicatos y empresarios, para acotar el efecto del incendio. La pregunta ahora en el Gobierno es cómo abordar la próxima prórroga del estado de alarma. O, quizá, ni siquiera pedir más prórrogas, como insinúan algunos ministros, pero eso será estudiado el lunes en la reunión del núcleo duro de maitines.

Ahora, el PNV está irritado por el pacto con Bildu. Ciudadanos tiene más presión para no volver a pactar y, además, ya rechazó prolongarlo más de 15 días. ERC no ha logrado el compromiso de reunión de la mesa de diálogo, más allá de una frase inconcreta. Y Bildu, que solo aporta su abstención, sabe las dudas que genera un acuerdo firmado con el Gobierno. La primera norma para iniciar una negociación es la confianza en el otro.

El episodio, continuidad de otros y con largo recorrido político, pone en evidencia los problemas de coordinación, estrategia y comunicación del Gobierno. Hasta acabar en una grave crisis política, en plena catástrofe por una pandemia y sus terribles efectos económicos y sociales.