EL PNV INCLUYE NUEVAS EXIGENCIAS

El Gobierno valora volver a los 15 días de alarma por la complicación de la negociación

El PNV reclama levantar el estado de alarma antes de la campaña electoral y posponer allí la renta universal. Ciudadanos se opone a una prórroga de un mes

Foto: Aitor Esteban, portavoz del PNV, felicita a Pedro Sánchez tras su investidura, el pasado 7 de enero en el Congreso. (EFE)
Aitor Esteban, portavoz del PNV, felicita a Pedro Sánchez tras su investidura, el pasado 7 de enero en el Congreso. (EFE)

Al Gobierno se le ha complicado sobremanera la negociación sobre la prórroga del estado de alarma que se vota el miércoles en el Congreso. Tanto que tiene prácticamente todos los escenarios abiertos en la negociación a diferentes bandas con PNV, Ciudadanos y ERC. Incluso, según fuentes del Gobierno no se descarta la posibilidad de volver a los 15 días de alarma, en lugar del plazo alrededor de mes que proponía inicialmente Pedro Sánchez para cubrir la desescalada.

Es decir, el Gobierno aceptaría 15 días para que entre Ciudadanos en el acuerdo si ERC no rectifica. Se haría vía enmienda este miércoles. O que Ciudadanos rectifique y acepte un mes. O si ERC sale del no, se mantiene elplazo del mes. Y Ciudadanos quedaría fuera. Todo menos perder la votación que sería una grave derrota política y, sobre todo, una crisis institucional grave.

La semana pasada, el Gobierno cambió su plan de ir pidiendo prórrogas del estado de alarma cada 15 días y planteó la última de "aproximadamente un mes". Anunció que así cubriría el periodo de desescalada. Incluso con un mes faltarían algunos días porque Madrid, Barcelona y parte de Castilla y León no llegarían a lo que el Ejecutivo ha bautizado como "nueva normalidad" hasta el 5 de julio.

Pero esa prórroga, que debe pedir este martes el Consejo de Ministros para que el Congreso la apruebe, se ha topado con escollos. El PNV, el partido que parecía el más probable apoyo para la prórroga, ha planteado dificultades en la negociación y tampoco está cerrado el acuerdo, aunque el Gobierno confía en solucionar los problemas surgidos. Los nacionalistas vascos miran las elecciones autonómicas del 12 de julio en Euskadi y exigen que la alarma esté levantado cuando se inicia la campaña electoral, es decir, hacia el 25 de junio.

El Gobierno ha tenido en cuenta esta petición del PNV y en el borrador, adelantado por la Cadena SER, se fija una prórroga de 34 días que acaba justo a las 00:00 horas del 27 de junio, justo cuando arranca la campaña de las vascas y gallegas.

Además, ha surgido un nuevo problema porque el PNV pide que el Ingreso Mínimo Vital (IMV) que el Gobierno espera sacar adelante a finales de mayo para su aplicación inmediata no empiece a pagarse en el País Vasco hasta después de las elecciones autonómicas. En Euskadi ya hay un sistema similar y el PNV no quiere que ambos se solapen antes de los comicios.

Respecto a Ciudadanos, el principal escollo es el de la duración de la alarma. Los de Inés Arrimadas no aceptan que sea por un mes y, fuentes del Gobierno aseguran que podría estar valorándose volver a los 15 días, aunque suponga dar marcha atrás a sus planes y tener que someterse a una nueva votación de prórroga dentro de dos semanas, con la incertidumbre que provoca. Con Ciudadanos habla también el Gobierno de la reforma de ley de Sanidad para sustituir al estado de alarma.

Con ERC, la negociación se centra en lograr sacarle del no para que pase a la abstención y evitar así la incompatibilidad con Ciudadanos. Los independentistas catalanes quieren margen de maniobra para la Generalitat en las decisiones contra la pandemia. Una de las dificultades es que trasladar a una ley orgánica el decreto de alarma puede suponer, según explican, fosilizar el trasvase de competencias de las comunidades al Estado, abriendo una puerta a que el Gobierno central pueda asumirlas en algún momento.

JxCAT siempre ha votado en contra de la prórroga, pero el Gobierno intenta atraerles hacia la abstención con el argumento que sin instrumentos jurídicos nuevos es imposible decretas confinamientos desde la Generalitat, como ocurrió al inicio de la pandemia respecto a varias localidades catalanas al rededor del foco de Igualada.

Con Coalición Canaria, la negociación se centra en el cumplimiento de un acuerdo alcanzado antes de la anterior prórroga para aprobar un decreto que permita entes en sectores vinculados al turismo de Canarias. Ese decreto aún no se ha aprobado y ha provocado rechazo en los gobiernos de Baleares y Comunidad Valenciana y algunos ministerios.

El Gobierno espera intensificar las conversaciones durante todo el martes para lograr cuadrar las cifras de la votación, una vez que el PP se suma al no esta vez, junto a Vox.

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