Las competencias de las CCAA complican la negociación sobre la "nueva alarma"

"Te llamo porque ya me he incorporado del todo. Voy a coordinar esto, porque vamos a cambiar para dialogar con todos los partidos, mandaros previamente todo lo que se va a aprobar y buscar alternativas al estado de alarma cuando se pueda levantar".

Básicamente, este es el mensaje que la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, transmitió el pasado lunes a los portavoces de todos los partidos, según el testimonio de varios de ellos. Después de un preámbulo personal en el que les contó que pensó que se moría por el coronavirus, la número dos del Gobierno les fue explicando que ella ha asumido ahora esa interlocución. Unas horas antes en la Moncloa, aún con el susto en el cuerpo por la última votación de prórroga, se decidió lanzarse a esa nueva etapa de diálogo estrecho y más ordenado, ejecutado por Calvo.

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Y varios portavoces aseguran que perciben ese cambio de actitud del Gobierno y el cambio que supone que Calvo haya asumido ese papel. Valoran que el Gobierno se ofrezca a informar (ahora sí) de los decretos antes de que se aprueben. A la espera de que se confirme con hechos esa voluntad.

La vicepresidenta explicó también a los portavoces que la idea es tener terminada una reforma de la ley de medidas especiales en Sanidad que permita medidas de confinamiento o restricciones, sin necesidad de decretar de nuevo el estado de alarma, para no quedar inermes ante la pandemia, haya o no rebrotes. También para disipar dudas jurídicas sobre el estado de alarma, planteadas por juristas de diferentes tendencias. La negociación ahora supone un 'pack' con la prórroga y la reforma legal.

Esa reforma debe estar lista en julio y al ser una ley orgánica requiere mayoría absoluta. No se puede hacer con un decreto ley, sino que debe ser un proyecto de ley del Gobierno, con informes preceptivos de Consejo de Estado y Consejo General del Poder Judicial, y con su correspondiente tramitación exprés en Congreso y en Senado. Pero evitando siempre un vacío legal si se levanta el estado de alarma y por eso el plazo de esta nueva prórroga está vinculado a lo que se demore esa reforma legal. También por eso, el presidente del Gobierno no ha cerrado el plazo, sino que ha dicho aproximadamente un mes, desde el 24 de mayo, es decir, llegando casi a julio.

Una tramitación rápida de un proyecto de ley orgánica no baja de tres semanas, según los cálculos parlamentarios

Una tramitación rápida de un proyecto de ley orgánica no baja de tres semanas, según cálculos parlamentarios. Podría acelerarse si se hiciera como proposición de ley de los grupos y eso evitaría el trámite de informes. Eso sí, algunos de los portavoces asegura que no fueron informados de que el Gobierno pretende ahora una prórroga de un mes, en lugar de quince días. Se enteraron el martes cuando lo desveló El Confidencial.

En semanas anteriores, coincidiendo con su baja por enfermedad, el Gobierno salvó varios jaques en el último momento con intervención de varios ministros como José Luis Ábalos y vicepresidentas como Nadia Calviño y Teresa Ribera, además de la portavoz socialista, Adriana Lastra, y el 'fontanero' de la Moncloa, Félix Bolaños. En las primeras prórrogas no hubo negociación, porque apenas se discutió el estado de alarma y en la última hubo negociaciones un poco atropelladas, pero eficaces si se tiene encuentra el resultado final, al menos, a corto plazo.

En la última, Calvo intervino solo en una parte, con conversaciones que incluyeron al propio Pablo Casado y a Alberto Núñez Feijóo y que sirvieron básicamente para constatar que el PP se iba a abstener.

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Por ejemplo, el día antes de la difícil votación de la última prórroga, Ábalos mantuvo contactos telefónicos con la diputada Ana Oramas hasta la madrugada. En ese tira y afloja, el presidente del Gobierno dio el visto bueno para aprobar un decreto sobre ERTE para sectores vinculados a la actividad turística de Canarias que debía aprobarse antes de cualquier votación para que Oramas diera su apoyo. Aún no se ha aprobado, entre otras cosas porque varios ministros y comunidades como Baleares y Valencia protestaron, y por eso el voto de Coalición Canaria tampoco está seguro para la próxima prórroga.

Para la votación del 6 de mayo, que Pedro Sánchez salvó con 178 votos (por encima de la mayoría absoluta), el Gobierno se movilizó con el objetivo obvio de no perder, pero también con el de aislar al PP. Es decir, que logró el voto de PNV y Ciudadanos e intentó hasta el final el de ERC, sin buscar siquiera que el PP abandonara la abstención y volviera al sí.

Ahora, el problema de Sánchez es que el PP votará en contra, que PNV, ERC, Ciudadanos y algún partido pequeño, pero indispensable como Coalición Canaria no han dado aún el visto bueno, por diferentes motivos, entre otros, por la desconfianza. Además, la jugada de Sánchez supone que el paquete de negociación incluye la reforma de una ley orgánica que necesita mayoría absoluta, es decir, 176 votos como mínimo.

La jugada de Sánchez supone que el paquete de negociación incluye la reforma de una ley orgánica que necesita mayoría absoluta, es decir, 176 votos

Su estrategia de hace dos semanas para aislar al PP hace que no pueda contar con sus votos, porque no parece fácil que puedan iniciar una negociación sobre esa reforma legal a juzgar por el clima político de estas semanas. Y eso que esa ley de Sanidad es una de las alternativas que propuso Pablo Casado, pero antes habría que convencerle de que admita la prórroga por un mes del estado de alarma. No parece que el líder del PP esté por ese giro estratégico.

Dicho de otra forma, está cerrada la vía del acuerdo con el PP y al presidente del Gobierno solo le queda la vía de los 178 diputados de la anterior prórroga, más los de ERC si es que consiguiera sacarlos del no. Es una vía suficiente y hasta holgada, pero es la única y no tener alternativas siempre un inconveniente al abordar una negociación.

Ese es su laberinto: ha anunciado la última prórroga de un mes, sin tener apoyos suficientes. El Gobierno sigue explicando que tiene margen de maniobra y que ninguno de esos partidos estaría por la labor de dar una estocada casi mortal a Sánchez, especialmente viendo la alternativa.

El PNV sigue negociando; Ciudadanos dijo que no veía lo del mes, aunque mantiene las conversaciones, y ERC sostiene que está "muy lejos del acuerdo". En la lógica negociadora de ERC influye siempre, según el Gobierno, su lucha con JxCAT por la hegemonía política e institucional del independentismo.

Con todos ellos se mantiene la negociación. Está abierto lo que el portavoz del PNV, Aitor Esteban, llama "tocar el acordeón", expresión con la que describe el momento en el que alguien se pone enfrente de otro para negociar y ambos van cerrando o abriendo los brazos hasta que llegan al punto justo en el que está conseguido el acuerdo. Y en esto de "tocar el acordeón" los del PNV son unos maestros. Ya consiguieron asegurarse las elecciones en el País Vasco para el mes de julio y, de paso, se las aseguraron a Feijóo en Galicia, para antes de que estalle la crisis social por la pandemia.

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En la reforma legal que pretende el Gobierno se presenta un problema añadido para llegar a ese acuerdo. La ley orgánica de Sanidad que se pretende modificar incluye competencias autonómicas y eso siempre es fuente de conflictos con los partidos nacionalistas e independentistas porque supone tocar el nervio de su acción política. Más aún si PNV y ERC están cerca de unas elecciones.

No es lo mismo aceptar un mando único que reste competencias sobre Sanidad a las comunidades en un decreto de estado de alarma con fecha de caducidad que llevarlo a una ley orgánica con permanencia y con dificultades para revertirlo en el futuro. Y, obviamente, el Gobierno no quiere perder la capacidad de decidir o coordinar la desescalada y la respuesta al virus. Necesita instrumentos legales para aplicar restricciones si hay un rebrote o si las fases no funcionan adecuadamente. El punto de equilibrio que busca el Gobierno es cómo establecer mecanismos reales de codecisión entre la Administración central y las autonómicas en esa futura reforma legal.

La prórroga de un mes tiene también otra consecuencia práctica respecto a la actividad parlamentaria. Julio y agosto no son meses hábiles parlamentariamente, por lo que una vez decaída la alarma, el Congreso y el Senado cerrarían sus puertas hasta septiembre, sin más excepciones que reuniones esporádicas de la Diputación Permanente. Hay partidos que han exigido al Gobierno el compromiso de que las Cámaras habilitarán ambos meses para que en verano haya actividad parlamentaria plena.

El circo de tres pistas se amplía y hay que evitar que el león se coma al equilibrista. Y hay que hacerlo durante la semana que viene para que el Consejo de Ministros pida la prórroga el martes, el pleno del Congreso la vote y, finalmente, el Consejo de Ministros la decrete antes de las 00:00 del 24 de mayo, cuando caduca la anterior.

Para la próxima semana y con el fin de cumplir los plazos, el Gobierno debería empezar a tramitar contrarreloj el proyecto de ley que sustituirá al estado de alarma o hacer que los grupos presenten la proposición de ley. Y mientras, todos a "tocar el acordeón".