Calvo confirma la reforma legal para actuar ante rebrotes sin recurrir al estado de alarma

El Gobierno prevé impulsar cambios legislativos para prescindir del estado de alarma cuando culmine la desescalada y no tener que recurrir de nuevo al artículo 116 de la Constitución en caso de que haya un rebrote de la pandemia del coronavirus en otoño.

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha anunciado en el Senado este miércoles la intención del Ejecutivo de acometer estas reformas y ha pedido a los partidos disposición al consenso para conseguir llevarlas a cabo.

Calvo, que lleva días sondeando a los partidos para aprobar una próxima prórroga del estado de alarma que sea de un mes en lugar de 15 días, ha confirmado en su comparecencia en la Cámara Alta que esa es la intención del Gobierno, tal y como adelantó El Confidencial.

Y ha explicado que están hablando con los grupos para conseguir el apoyo para que esta quinta prórroga se prolongue hasta el final del desconfinamiento, "lo que significa más o menos un mes". Antes ha recordado que el Ejecutivo calcula que la desescalada acabará a finales de junio o principios de julio.

El Ejecutivo quiere prolongar el estado de alarma, con una quinta prórroga, hasta el final de la desescalada, "lo que significa más o menos un mes"

Ese nuevo decreto del estado de alarma, que tendrá que pasar por convalidación en el Congreso, también supondrá "aminorar mucho" las condiciones actuales. Y que tendrá "más asimetría que ahora" ya que se va a considerar aún más cuáles son las condiciones de desescalada y el ritmo de cada territorio, para ahondar también en la "cogobernanza" con las comunidades autónomas en las próximas fases.

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No está "contemplada" en la legislación actual

Calvo ha insistido en la necesidad de seguir manteniendo el estado de alarma durante este proceso hacia la "nueva normalidad", como lo ha denominado el Gobierno, para no "caer en la irresponsabilidad" de que pueda producirse un rebrote y no tener instrumentos para poder frenar la movilidad ante ese foco.

Calvo apunta que la quinta extensión será distinta porque introducirá "más asimetría que ahora" y profundizará en la "cogobernanza" con las CCAA

Pero a la vez el Gobierno ya piensa en el día después, cuando ya la alarma haya decaído. El Ejecutivo quiere acometer "con rapidez" la reforma legislativa que ha adelantado la vicepresidenta primera, con el objetivo de "pertrecharse" para pasar el verano y el otoño, si hay algún repunte, en unas condiciones que permitan que ya no haya que recurrir al estado de alarma.

Ha insistido en que la legislación ordinaria no permite adoptar las "medidas precisas" ante una pandemia como la del coronavirus, porque era "inimaginable" cuando se legisló hace treinta años y "no está contemplada".

Calvo ha avanzado la intención reformista del Gobierno horas después de que el presidente, Pedro Sánchez, defendiera en el Congreso el mantenimiento del estado de alarma, aunque "un estado de alarma distinto" hasta culminar la desescalada y alcanzar la "nueva normalidad".

También Calvo, en el Senado, ha reiterado la postura del Gobierno contraria a facilitar el nombre de los expertos que han asesorado sobre las fases para la desescalada porque "ningún responsable político tiene que dar el nombre de funcionarios que están trabajando". Ha distinguido entre los expertos externos que asesoraron sobre cómo tenía que ser la desescalada, cuyos nombres se han conocido, y los que han trabajado para establecer las fases, que son del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) —al mando del cual está el doctor Fernando Simón—, técnicos y funcionarios que fueron nombrados por el Ejecutivo anterior de Mariano Rajoy.

Sobre la posibilidad de establecer algún sistema de rastreo para controlar la expansión de la enfermedad, la vicepresidenta ha advertido de que hay un debate "muy complicado" respecto a este tipo de herramientas de control y ve "complicado que pueda ser una salida fácil o incluso la mejor" porque requeriría incluso "reformas legales".

Asimismo, Calvo ha instado a la oposición a negociar la renovación de órganos como el Tribunal Constitucional y el Consejo General del Poder Judicial, porque tienen miembros con el mandato ya caducado, y ha asegurado que es necesario hacerlo pese a la situación creada por la pandemia. "No hay excusas. Incumplimos la Constitución cuando no los renovamos", ha advertido.