El Gobierno negociará ya cambios en leyes sanitarias para vigilar el virus tras la alarma

El Ejecutivo de Pedro Sánchez prepara ya la salida del estado de alarma y el marco jurídico que pretende que esté listo para cuando arranque la 'nueva normalidad'. Pretende comenzar de inmediato la negociación con los grupos parlamentarios para disponer de un instrumento legal que permita controlar eventuales rebrotes de la pandemia de coronavirus, partiendo de reformas de las vigentes leyes sanitarias, y sin necesidad de tirar de nuevo de la alarma. El Gobierno considera que la legislación ordinaria, que invoca el PP como una alternativa a la "excepcionalidad constitucional", no es suficiente, tal y como está ahora mismo, para acompañar la desescalada, pero una vez culminada la transición sí cree que necesitará un nuevo campo de juego para poder combatir futuras ondas epidémicas.

La Moncloa ya está en conversación con los grupos desde este lunes. La interlocutora con ellos, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ya repuesta de su contagio por covid-19 —la enfermedad la llevó a ser ingresada y a permanecer convaleciente, y grave por neumonía, durante semanas—. La número dos retomó los contactos con las fuerzas parlamentarias con un doble propósito. Uno, sondearles para una nueva prórroga del estado de alarma, en este caso por un mes, hasta finales de junio, como adelantó este periódico. Y dos, avanzarles que el Ejecutivo trabaja ya en el diseño del día después.

Para la cuarta extensión de la alarma, que se votó el pasado día 6 y se prolongará hasta las 00:00 del 24 de mayo, el Gobierno tuvo que emplearse a fondo. El PP pegó la espantada, igual que hizo ERC, y el apoyo del PNV, muy molesto con Pedro Sánchez porque sentía que no quería compartir el proceso de salida con las comunidades autónomas —Iñigo Urkullu está en precampaña, recordaban en el PSOE—, se tambaleaba. Calvo entonces se fajó con algunos barones del PP, singularmente con el gallego Alberto Núñez Feijóo, con los nacionalistas vascos y con ERC. Mientras, Sánchez y sus colaboradores más próximos —en la sombra, trabajó el secretario general de la Presidencia, Félix Bolaños— se fueron atrayendo a Inés Arrimadas. El voto a favor de Cs y de PNV dio un oxígeno imprescindible al presidente, que superó la votación con 178 votos a favor.

El Ejecutivo ha cambiado de estrategia y ha comenzado la negociación más de una semana antes de la votación de la prórroga en el Congreso

No obstante, tanto Arrimadas como el portavoz peneuvista, Aitor Esteban, advirtieron de que la alarma debía acabar más pronto que tarde, y conminaron a Sánchez a pintar otro marco legal. Ese aviso y la prueba de estrés pasada la semana pasada, en un momento muy crítico, convencieron al Gobierno de que debía rectificar su estrategia. Por completo. Había que aparcar negociaciones al límite, cada dos semanas —que acarreaban un mayor desgaste, sobre todo con el PP en contra—, empezar el diálogo mucho antes y buscar un espacio jurídico más 'amable' que el estado de alarma, útil para la siguiente etapa.

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Herramienta "garantista"

Calvo comenzó las llamadas este mismo lunes, mucho antes de lo que solía hacer el Ejecutivo, porque la solicitud de prórroga no será aprobada por el Consejo de Ministros hasta el martes próximo, 19 de mayo. De hecho, el PP confirmó que su líder, Pablo Casado, había conversado con la vicepresidenta primera el lunes y que le ratificó que votará en contra de todas las extensiones de la alarma que el Gobierno lleve a la Cámara. Algunos portavoces consultados por este periódico señalaron que la número dos había sido taxativa a la hora de advertir de que el propósito de Sánchez es demandar una prórroga de un mes, y otros, que fue menos precisa respecto a la duración. Fuentes del entorno del presidente, en cualquier caso, indicaron que el plan es que la siguiente ampliación de la alarma, la quinta y última, cubra todo el proceso de desescalada, y esté viva hasta finales de junio. 'A priori', hay un pequeño contratiempo con los plazos, porque Madrid, si finalmente pasara a fase 1 el 25 de mayo, aterrizaría en la nueva normalidad el 5 de julio.

Según ha avanzado Calvo a los grupos, se trata de "cubrir los agujeros" del actual marco, que para el Gobierno no sirve, tal como está, de "alternativa"

La vicepresidenta sí detalló, en su conversación con algunos grupos, que para esta ocasión se reforzarán los mecanismos de cogobernanza, para que las comunidades autónomas se sientan más protagonistas en el itinerario de salida. Ya se fortalecieron tras la enmienda que el Gobierno aceptó al PNV la semana pasada, pero eso no evitó que surgieran tensiones con las CCAA que se sintieron agraviadas respecto a Euskadi: la Comunidad Valenciana, Andalucía y, en menor medida, Madrid. El procedimiento es muy distinto al empleado hasta ahora: el presidente anunciaba su intención de extender la alarma, el Consejo de Ministros aprobaba la solicitud y se buscaban los apoyos. Ahora, el sentido es inverso: el Ejecutivo quiere conocer primero la disposición de los grupos.

La oferta a los grupos se completa con esa reforma de las leyes sanitarias. Según explicó Calvo a algunos portavoces, tal y como relataron fuentes de distintos grupos a El Confidencial, se trataría de "cubrir los agujeros" del actual marco jurídico. La tesis del Ejecutivo es que la legislación vigente no basta, "por mucho que lo crea el PP". Sánchez y sus ministros han insistido en que es el "único" instrumento constitucional que permite restringir los derechos de libertad de movimientos y de reunión, limitaciones que son básicas para contener la propagación de la pandemia. Además, la alarma se ha probado como una herramienta "garantista", ha recalcado la Moncloa, ya que obliga a dar cuentas al Gobierno ante el Parlamento.

En conclusión: para el Ejecutivo, es "fundamental" prorrogar el estado de alarma para acompañar el proceso de desescalada, ya que en él la libertad de circulación o los contactos físicos están limitados. Pero cuando esté "controlada" la pandemia y España se sitúe en la nueva normalidad, el escenario habrá cambiado y se puede empezar a pensar en fórmulas menos severas, que permitan controlar futuros rebrotes sin necesidad de recurrir de nuevo al estado de alarma. Se dotaría además a Sanidad de poderes de coordinación y un mando reforzado, dado que, sin el manto de la alarma, es un ministerio prácticamente sin competencias, ya que la asistencia médica está transferida a las CCAA. Mando que serviría para tomar decisiones, obligar a los territorios a proporcionar información actualizada, comprar suministros...

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Cuatro leyes "dispersas"

Aún no hay muchos detalles técnicos de cómo será la reforma legislativa, pero Sánchez y Calvo sí han lanzado señales. El pasado domingo, el presidente respondió a Feijóo que planteará a los grupos "una nueva fórmula de gobernanza que llevará implícita la modificación de leyes" ordinarias y que supondrá un "acuerdo" entre el Ejecutivo central y las CCAA. Ese mismo día, en una entrevista en 'El País', la vicepresidenta primera ya anticipaba la voluntad del Gobierno de "revisar la legislación sanitaria" en el seno de la Comisión de Reconstrucción abierta en el Congreso. "No queremos recentralizar competencias, pero hay cuatro leyes estatales dispersas, algunas con más de 30 años, y queremos hacer una revisión", apuntó.

Algunas fuerzas aprecian un giro del Ejecutivo y la vuelta de Calvo, tras superar el covid, a la mesa de negociación. Los votos aún no están asegurados

Las cuatro normas a las que se refería Calvo son la Ley General de Sanidad (1986), la Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública (1986), la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (2003) y la Ley General de Salud Pública (2011). La idea es evaluar esas cuatro normas (solo una, la de 2003, es del PP) y prepararlas para afrontar una emergencia sanitaria. "Es lógico que haya que hablar de qué hacer después de la alarma, porque la crisis sanitaria seguirá. Hay que analizar despacio qué textos se tocan y en qué sentido", indican fuentes del Ejecutivo.

Un alto cargo de anteriores gobiernos socialistas, que conoce bien la legislación, señala que la fórmula que se alumbre debería servir para abordar específicamente las emergencias sanitarias pero que, en síntesis, permitan la actuación de la alarma: con control del Congreso, que el Gobierno vaya adaptando la respuesta a la pandemia a través de textos de rango legal menor, porque la crisis es cambiante y se necesita "flexibilidad". Ahora mismo, la alarma es el paraguas bajo el que se amparan decenas de órdenes ministeriales, dictadas en su mayoría por el ministro de Sanidad, Salvador Illa.

Abiertos a las "aportaciones" de los grupos

Calvo trasladó a algunos portavoces que el Gabinete de coalición quiere contar con "las aportaciones de los grupos" para alumbrar esta reforma de la legislación. Pero el trámite ha de ser ligero si se quiere que esté a punto para julio, cuando ya haya decaído el estado de alarma. Las fuerzas consultadas aprecian el cambio de rumbo de la Moncloa. "Se nota que vuelve a estar Carmen encima", valora una portavoz, que incide en que la vicepresidenta es una interlocutora "fiable" y cuya ausencia por la enfermedad "ha sido muy visible". "El Gobierno ahora sí nos llama, nos cuenta, quiere contar con nosotros en la Comisión de Reconstrucción. Se han puesto las pilas", sostienen desde otra pequeña formación.

El Gobierno quiere amarrar al PNV y recuperar a ERC para reconstruir el bloque de la investidura, y aspira a sumar a "ampliar" alianzas, con Cs

Los apoyos no están asegurados ni siquiera para lo más inminente, la quinta prórroga del estado de alarma, que habrá de votarse la semana próxima en el Congreso. El PNV ya había pedido a Sánchez que no fuera "cabezota" y no estirase el periodo excepcional, pero el Ejecutivo confía en convencer a Andoni Ortuzar. También aspira a recuperar a ERC. Y es que la instrucción de la cúpula socialista es "reforzar" el bloque de la investidura, sin renunciar al acercamiento de los naranjas. Así lo repitió este martes la ministra portavoz, María Jesús Montero: "Contamos con quienes habitualmente mantenemos el diálogo y apoyaron la investidura, pero están invitadas todas las formaciones políticas, especialmente las que han manifestado su voluntad de llegar a acuerdos y, en este caso, Ciudadanos". La estrategia es "consolidar" y "ampliar" alianzas, por tanto.

Este martes a mediodía volvieron a conversar Sánchez y la jefa de Cs, Inés Arrimadas, en cumplimiento del pacto alcanzado entre ambos la semana pasada. Sin embargo, según destacaron fuentes del partido, el presidente no le adelantó su voluntad de que la siguiente prórroga sea de un mes y no de 15 días. La dirigente liberal, no obstante, no se cierra a apoyar la nueva ampliación si antes hay una negociación. Coalición Canaria, otro de los socios de última hora, también se abre a apoyar la ampliación, pero siempre que el Gobierno cumpla con lo prometido por boca del ministro José Luis Ábalos: que los ERTE en el sector del turismo de las islas se prolonguen hasta diciembre.