El Gobierno, dividido por las citas en casas

Movido estreno vasco de la fase 1: rechazo a la vuelta a clase y fisuras por el veto a reuniones

La decisión de dar ahora libertad a cada centro para el regreso a las aulas no cambia el fuerte rechazo del ámbito educativo al plan, lo que deja en el aire la vuelta de 90.000 alumnos desde el lunes

Foto: Varios clientes, en una terraza de Vitoria, este martes. (EFE)
Varios clientes, en una terraza de Vitoria, este martes. (EFE)

La única comunidad dentro de las que han accedido a la fase 1 de desescalada que ha impuesto fuertes restricciones a la movilidad es, paradójicamente, la que está teniendo el inicio de etapa más movido. Los primeros pasos del País Vasco en esta flexibilización del estado de alarma están marcados por el malestar, la sorpresa y la confusión que están provocando en la ciudadanía algunas de las medidas adoptadas por el Ejecutivo de Iñigo Urkullu dentro de las limitaciones establecidas en este inicial proceso encaminado a la vuelta a la 'nueva normalidad' tras la crisis sanitaria provocada por el coronavirus.

Hay dudas sobre la legalidad y efectividad del veto a las reuniones de hasta 10 personas en las casas particulares, sociedades o en espacios al aire libre como jardines y plazas —solamente están permitidas en las terrazas de bares y cafeterías frente a la ausencia de limitaciones en el resto de comunidades que han avanzado a la fase 1—, y muchas dudas e incertidumbre sobre la vuelta a las aulas desde este próximo lunes que planea el Departamento de Educación dentro del muy discutido proceso de regreso escalonado a la actividad presencial que llevará a 90.000 alumnos a las clases en los últimos coletazos del curso escolar.

Las últimas decisiones y las explicaciones dadas no han hecho sino alimentar más si cabe la confusión en torno a las medidas del plan de desescalada en la fase 1 que ha aplicado el Gobierno vasco. Enorme desconcierto y controversia está generando el plan de vuelta a la actividad docente presencial diseñado por el Gobierno vasco, que ya ha comenzado a dar marcha atrás en su planteamiento inicial ante el rechazo mayoritario del ámbito educativo. Lo que el pasado jueves era un proceso gradual de reincorporación a las clases de los alumnos de 4º de la ESO, 1º y 2º de Bachiller y casi toda la FP a partir del día 18 y con carácter obligatorio por tratarse de los cursos “más sensibles” ha pasado ahora a ser un planteamiento en el que cada centro podrá decidir cómo y cuándo se acomete esta vuelta a las aulas en base a su “autonomía” y en el que se abre la puerta incluso a que la decisión esté en manos de las familias.

Pero este cambio de criterio a menos de una semana del anunciado regreso a las clases no ha hecho sino encender aún más los ánimos de los sectores críticos en el ámbito educativo. Los cinco sindicatos —ELA, LAB, CCOO, UGT y Steilas—, que han decidido ir de la mano en el contundente rechazo al plan del Departamento de Educación, han denunciado que es “aún más irresponsable” dejar el retorno a las aulas a decisión de cada centro. Las centrales ya se habían revelado contra el planteamiento del Gobierno vasco ante “la falta de garantías para la salud de los profesores y los alumnos” afectados, amenazando con un plante de los trabajadores ante esta ausencia de planificación, y ahora han redoblado su órdago al Departamento de Educación, lo que deja en el aire la vuelta a las aulas en apenas seis días.

El regreso a las aulas en apenas seis días está en el aire: "Hoy por hoy, no hay condiciones para la vuelta con garantías para la salud", alertan los sindicatos

“Los agentes educativos hemos llegado a una conclusión común, que, hoy por hoy, no hay condiciones para poner en marcha el retorno a partir del próximo 18 de mayo garantizando la salud de trabajadores y alumnos”, han aseverado en un comunicado conjunto tras una reunión celebrada este martes y que, de momento, pone en cuestión la viabilidad del plan de regreso a las aulas que también ha sido rechazado por asociaciones de estudiantes y de familias, la Federación de Ikastolas y la principal patronal de la escuela concertada, Kristau Estola.

La flexibilización del planteamiento inicial a raíz de la tormenta de críticas recibidas no ha dado los frutos deseados. Que sean ahora los centros educativos los que determinen con “criterios educativos y pedagógicos” cómo se lleva a cabo el regreso a las aulas “dentro de su autonomía y su conocimiento de la realidad” educativa propia, ha tenido el efecto contrario. Los sindicatos, que dicen contar con el respaldo de “toda la comunidad educativa”, exigen al Departamento que lidera la consejera Cristina Uriarte que “asuma sus responsabilidades para posibilitar las condiciones que garanticen la salud” y “negocie las medidas” a aplicar para el retorno de la actividad presencial en lugar de actuar desde la “improvisación, la precipitación y la indeterminación” y “a espaldas de los agentes educativos”.

Es la respuesta sindical al planteamiento que ahora pone Educación sobre la mesa y que da autonomía de decisión a los centros en base a que “quien mejor conoce la realidad de cada centro es el propio centro” —aunque siempre "justificando" las decisiones adoptadas—. De este modo, en virtud de esta propuesta, es el colegio el que debería decidir si opta por clases presenciales de cara al final de curso o por continuar con el modelo 'online' establecido desde que a mediados de marzo se detuvo la actividad educativa presencial por el avance del coronavirus. Incluso, el centro escolar podría determinar que acudiera de forma presencial únicamente una parte del alumnado, la que requiera de mayores necesidades educativas para avanzar en su puesta a punto pedagógica.

El regreso a las aulas se anunció obligatorio el jueves, pero ahora el Ejecutivo abre la puerta a que las familias rechacen la vuelta a clase de sus hijos

El regreso a las aulas, según expuso Uriarte el pasado jueves, se ha planteado de forma “no voluntaria” y bajo limitaciones y estrictas normas a cumplir, como la obligatoriedad del uso de las mascarillas para todo el personal, ya sean estudiantes, profesores y demás trabajadores de los recintos escolares. No obstante, anunció que, dentro de esta obligatoriedad de acudir a las clases, se analizarán situaciones “excepcionales” que se den por motivos sanitarios en las unidades familiares para exigir a algunos alumnos de la obligatoriedad de retomar las clases presenciales.

Sin embargo, este martes, el Ejecutivo vasco ha abierto la puerta a que las familias puedan oponerse a este regreso en la comparecencia ante los medios de comunicación tras la celebración del Consejo de Gobierno. El portavoz, Josu Erkoreka, ha afirmado que “cada familia puede decidir cómo actuar”, mientras que la consejera de Sanidad, Nekane Murga, ha asegurado que es responsabilidad de las familias “valorar individualmente si tienen algún motivo por el que creen que su hijo no debe acudir a clase”.

Josu Erkoreka urge al Estado a dotar a Euskadi del "espacio autónomo" acordado en materia educativa

Además, en esta misma comparecencia, Erkoreka, ha admitido que aún no se cuenta con la base jurídica para posibilitar el regreso a las aulas, ya que esta posibilidad no está contemplada dentro de las actividades que se pueden realizar en la fase 1 del proceso de desescalada elaborado por el Gobierno de España con los ritmos para la vuelta a la nueva normalidad para el conjunto del país —la orden del Ministerio de Sanidad publicada el sábado en el BOE solo posibilita la apertura de los colegios para las labores de desinfección o sanitaria, entre otras actividades—. Esta cuestión deja todavía más en el aire que el lunes se retome la actividad docente presencial en Euskadi, ya que, si bien el Gobierno vasco se ampara en que la “cogobernanza” pactada con el Estado para la prórroga del estado de alarma les permite adoptar decisiones en el ámbito de la educación durante la vigencia de la emergencia sanitaria, es preciso que el Estado faculte la arquitectura jurídica precisa. Por ello, Erkoreka ha urgido al Ejecutivo de Sánchez a dotar al País Vasco del "espacio autónomo" acordado en materia educativa.

Dudas jurídicas ha suscitado igualmente la decisión por sorpresa del Gobierno vasco de prohibir las reuniones de hasta un máximo de 10 personas en los domicilios particulares y limitar estos encuentros a las terrazas de bares y restaurantes, ya que este veto no se recoge en el decreto firmado en la noche del domingo por el lendakari que se publicó al día siguiente en el Boletín Oficial del País Vasco (BOPV). La imposibilidad de reunirse bajo el mismo techo se ha ‘oficializado’ este lunes a través de una hoja informativa sobre los criterios de aplicación de la Ertzaintza y las Policías locales como motivo de la fase 1 del plan de desescalada en Euskadi, donde se prohíbe el “contacto social en grupos reducidos en domicilios”. Además, la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, ha ampliado en diversas entrevistas radiofónicas el veto a las sociedades, txokos y en cualquier espacio al aire libre que no sea una terraza de un bar o restaurante.

El Gobierno vasco admite "discrepancias" dentro del Ejecutivo por el veto a las reuniones en las casas particulares y que Sanidad justifica por "seguridad"

Existe sorpresa entra la ciudadanía por esta medida, que contrasta con lo que ocurre en el resto de comunidades que han pasado a la fase 1, que sí permiten estas reuniones amparadas por el Gobierno español para esta etapa, y también división en el seno del Ejecutivo del PNV y PSE-EE. Erkoreka ha admitido que ha habido “discrepancias” dentro del Ejecutivo vasco en torno a esta medida, y que la consejera de Sanidad ha justificado por la “seguridad”.

Movido estreno vasco de la fase 1: rechazo a la vuelta a clase y fisuras por el veto a reuniones

Para ello se ha amparado que en la terraza existe “visibilidad” a ojos del resto, pero no en las casas particulares dentro de una curiosa argumentación. “Si las personas empiezan a estar con 10 personas diferentes a lo largo del día en el hogar —puedes quedar para desayunar, comer y cenar cada día con 10 personas diferentes—, esto puede hacer que a lo largo de los días contactes con cientos de personas diferentes. No podemos permitirnos este lujo. Es cierto que lo permitimos en las terrazas, pero en los espacios públicos al aire libre y siempre con visibilidad”, ha expuesto para defender la que es probablemente la interpretación “más restrictiva” del artículo 7.2 de la orden del Ministerio de Sanidad sobre la libertad de circulación en esta fase 1.

"Si se desayuna, come y cena cada día en casa con 10 personas diferentes, esto puede hacer que se contacte en días con cientos de personas distintas"

En todo caso, esta visibilidad en la calle no ha impedido que este pasado lunes mucha gente se echara en Euskadi a las terrazas incumpliendo las normas y las medidas de distancia entre las personas, lo que llevó a algunos bares a tener que cerrar sus locales al no poder garantizar las condiciones de salud establecidas. De hecho, a la vista de estampas que han corrido como la pólvora por las redes sociales, con terrazas repletas de personas sentadas y de pie sin guardar ninguna distancia, y con la capacidad de las mismas por encima del 50% permitido, muchos ayuntamientos vascos han advertido este martes de que reforzarán la vigilancia policial en torno a estas infraestructuras para evitar estos “excesos” visualizados el primer día de apertura de estos espacios.

País Vasco

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