LA NEGOCIACIÓN PARALELA: LA REFORMA SANITARIA

El Gobierno intenta negociar algo más de un mes de prórroga para cubrir la desescalada

El Ejecutivo desea que la alarma se extienda hasta el 5 de julio, aunque asume que es difícil, pero su siguiente objetivo es que los grupos autoricen la ampliación hasta el 28 o el 24 de junio

Foto: Pedro Sánchez y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, el pasado 12 de febrero en el Congreso. (EFE)
Pedro Sánchez y la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, el pasado 12 de febrero en el Congreso. (EFE)

El Ejecutivo pide una prórroga del estado de alarma de "alrededor de un mes". ¿Pero cuánto es "alrededor de un mes"? Definir esa expresión, utilizada por Pedro Sánchez el sábado, será el nudo gordiano de la frenética negociación que afronta el Gobierno para estas 48 horas, antes del pleno del Congreso. En un escenario ideal, la Moncloa aspira a estirar el periodo excepcional hasta el 5 de julio, cuando los territorios a día de hoy más rezagados —la Comunidad de Madrid, Barcelona y su área metropolitana y la mayor parte de Castilla y León—, concluyan la desescalada. Pero asume que quizá sus deseos no se cumplan, de ahí que el segundo objetivo sea llegar hasta el 28 de junio. O sea, algo más de un mes. Todo dependerá del diálogo con los grupos y de sus demandas. Y ya es seguro que el PP se moverá de la abstención al voto en contra, lo que complica las alianzas y la holgura de los movimientos del líder socialista. El tiempo de descuento que otorgue el Parlamento es el plazo de que dispondrá e Gobierno para preparar y aprobar la nueva arquitectura jurídica que sustituya a la alarma, cuando decaiga, y le permita controlar brotes de la pandemia de covid-19 de manera ágil y flexible.

La cuarta extensión de la alarma que autorizó la Cámara Baja hace diez días, tras unos días de máxima tensión en el Gabinete, finalizará a las 00:00 del 24 de mayo. En ese momento, si no hubiera ninguna ampliación más, se levantarían de golpe todas las restricciones aún vigentes en toda España. El Gobierno considera que eso sería una temeridad, arruinar el esfuerzo colectivo que empezó con el confinamiento general que impuso la alerta, el pasado 14 de marzo. Porque la alarma, reitera en cada comparecencia, "ha funcionado", ya el ritmo de incremento del contagio del coronavirus ha pasado del 35% del momento álgido de la pandemia, al 0,18% actual, y si se hubiera perseguido la 'inmunidad de rebaño' —estrategia, recordaba Sánchez el sábado, por la que primero apostaron otros países, caso del Reino Unido—, habría costado 300.000 vidas humanas.

El Gobierno defiende, pues, que hay que alargar la alarma porque actualmente es el "único" instrumento jurídico y constitucional que permite limitar la circulación de personas (o sea, confinar) y limitar la libertad de reunión. Necesita restringir un poco más, subraya, los desplazamientos entre provincias o los contactos personales durante "un tiempo prudencial" para "frenar los contagios, que aún son muy elevados". "Debemos mantener el rumbo que hemos seguido y debemos actuar con la máxima prudencia que nos ha guiado hasta este punto. Debemos seguir, lógicamente, recuperando espacios de movilidad, de libertad, de actividad económica y también social, pero siempre asegurándonos que mantenemos a raya el virus", argumentó el sábado el presidente.

"Las cifras de la epidemia tienen una tendencia positiva, pero aún persisten los riesgos", arguye Montero, que subraya que no hay que tener "prisas"


En otras palabras, el Ejecutivo dice necesitar la alarma hasta acabar la desescalada, el proceso de transición a la "nueva normalidad". "Las cifras de la epidemia tienen una tendencia positiva, pero aún persisten los riesgos", advirtió este domingo la ministra portavoz, María Jesús Montero. "Hemos avanzado muchísimo, pero no hemos llegado al final del camino. Ni las prisas, ni las presiones, ni los discursos que alimentan los agravios son buenos consejeros en esta situación", remachó la titular de Hacienda.

Sin frente de los barones del PP

El Gobierno no para de hacer llamamientos tanto a las comunidades autónomas como a los grupos. El primer frente sí lo tiene más apaciguado, y de hecho este domingo, Sánchez no se encontró con la hostilidad de los dirigentes autonómicos a cuenta de la prórroga. Pablo Casado tiene blindado con sus barones el no a la quinta extensión, pero estos pasaron más que de puntillas por este asunto. La madrileña Isabel Díaz Ayuso, el referente de Génova, se centró en su denuncia del frenazo de fase para la región. Pero la negociación definitiva arranca este lunes, ya que el pleno que dará el visto bueno a esa última ampliación del estado de alarma arranca a las 9:00 del miércoles, 20 de mayo.

Del Consejo de Ministros de este martes 19 han de salir día y hora del término de la alarma, que serán producto de la negociación con los grupos

Antes, incluso, deben estar las cosas claras. El Consejo de Ministros del martes 19 ha de formalizar la solicitud de prórroga al Congreso. Y esa petición debe incorporar, "con toda seguridad", la fecha de término de la extensión, como ha ocurrido con todas las anteriores. Hasta ahora, el presidente y sus ministros han podido responder con cierta vaguedad: se quiere que esta sea la quinta y "última" prórroga, y que dure "alrededor de un mes", pero en el acuerdo que remita a la Cámara Baja ha de figurar un día y una hora de expiración. Fuentes de la Moncloa subrayan que tras el Consejo de Ministros del martes habrá fecha con seguridad, básicamente porque lo impone la ley reguladora de los estados de alarma, excepción y sitio, de 1981: "Solo se podrá prorrogar [la alarma] con autorización expresa del Congreso de los Diputados, que en este caso podrá establecer el alcance y las condiciones vigentes durante la prórroga".

El Gobierno intenta negociar algo más de un mes de prórroga para cubrir la desescalada

Bien, entonces, ¿hasta cuándo la alarma? El Ejecutivo no ha ocultado que quiere cubrir toda la desescalada. "Hasta julio", señaló Sánchez el sábado. Es fácil echar las cuentas. El 11 de mayo, 11 comunidades completas (el 51% de la población de España) entraron en fase 1. Como cada unidad territorial ha de permanecer en cada escalón 14 días para progresar de nivel —es el periodo de incubación del virus—, esas CCAA se espera que salten a la etapa 2 el 25 de mayo, y a la 3 el 8 de junio, de manera que concluirían la transición y entrarían en la nueva normalidad el 22 del mes próximo. Era el horizonte que se había marcado el Ejecutivo.

Sin embargo, hay tres territorios que aún no han llegado a la primera estación: la previsión es que la Comunidad de Madrid, Barcelona y su área metropolitana y la gran parte de Castilla y León alcancen la fase 1 el 25 de mayo. De este modo, si no hay rebrotes, estos tres puntos acabarían su transición en la noche del domingo 5 de julio.

Elementos de flexibilidad

La idea del Ejecutivo, indican fuentes de la Moncloa a este diario, es intentar que los grupos accedan a prorrogar la alarma hasta entonces, hasta el 5 de julio. Pero en el entorno del presidente asumen, como lo hacen varios ministros del Gobierno, que lograr el plácet de los partidos para una extensión de seis semanas, aunque es el escenario idóneo, es "muy complicado". Así que la siguiente fecha que contempla el Ejecutivo es la del 28 de junio. Cinco semanas o, lo que es lo mismo, 35 días. Poco más de un mes natural. El horizonte del 28-J es bien visto por el Ejecutivo, porque a esas alturas ya se habría completado la primera semana de fase 3 de Madrid, Barcelona y Castilla y León y el resto del país se hallaría en nueva normalidad. En ese punto, la necesidad de un paraguas legal no sería tan imperiosa y, en caso extremo, podría confinar un territorio, aunque con ratificación judicial, echando mano de la ley de Salud Pública de 1986.

Si la alarma concluye el 28 de junio, permitiría cubrir la primera semana de fase 3 de Madrid, BCN y CyL. El 24-J se cumpliría un mes exacto

La otra alternativa es que la extensión sea exactamente de un mes. De las 00:00 del 24 de mayo a las 24:00 del 24 de junio (o las 00:00 del día 25). O solo 30 días, hasta las 00:00 del 23. Y la última alternativa es que la prórroga sea de solo cuatro semanas, en cuyo caso se extinguiría a las 00:00 del 21 de junio, algo menos de un mes, en ese caso. En el equipo del presidente no alcanzan a entender por qué los partidos no entienden de la necesidad de la alarma. "Es una irresponsabilidad. Esto no es una cuestión ideológica", insisten. En el Gabinete hay quienes consideran que "es mejor no estirar la cuerda" y no solicitar a la Cámara una ampliación que vaya más allá de 30 días. "Y menos aún si hablamos de seis semanas", apunta un ministro. Todo está en manos del Parlamento.

El Gobierno intenta negociar algo más de un mes de prórroga para cubrir la desescalada

El Ejecutivo quiere seducir a los grupos con una modificación sustancial de la alarma, tal como confirmó Sánchez el sábado. El mando único se condensará en el titular de Sanidad, Salvador Illa, y decaerán todas las facultades extraordinarias que el decreto de 14 de marzo había conferido a los ministros de Defensa, Margarita Robles; Interior, Fernando Grande-Marlaska, y Transportes, José Luis Ábalos. Las CCAA recuperarán así pleno dominio de sus competencias y pintarán más en la cogobernanza de la desescalada. El presidente avanzó otra cuestión importante: a medida que los territorios culminen la fase 3 y entren en nueva normalidad, se levantará en ellos la alarma. Es decir, esta se impuso simétricamente, pero irá desapareciendo de manera asimétrica, como asimétrica es la transición. Todos estos elementos, sin embargo, complican la negociación con los grupos.

El plazo que los partidos otorguen al Gobierno es relevante porque será el tiempo del que disponga para sacar adelante el nuevo marco jurídico de cogobernanza de las emergencias sanitarias. La negociadora principal, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, a quien las fuerzas parlamentarias han agradecido que esté más encima de ellas y en primera línea de frente, busca un doble tanto: amarrar la prórroga y también el apoyo a la reforma de leyes sanitarias que permitan controlar brotes de covid-19 sin tener que recurrir a la alarma. Una especie de 'pack'. Sin embargo, otras fuentes de la Moncloa consideran que es complicado ejecutar esa doble negociación, ya que el Ejecutivo tiene que despachar primero la ampliación, y dispone de 48 horas, mientras que para la modificación legislativa dispone de menos estrecheces y los respaldos no tienen por qué coincidir. La número dos no es la única implicada en las conversaciones: también lo está el equipo de Sánchez, y en especial el secretario general de la Presidencia, Félix Bolaños.

Modificación de la ley orgánica de 1986

En el Gobierno ya se trabaja en borradores de nuevos marcos jurídicos. Se inclina por una modificación de la citada Ley Orgánica 3/1986, de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública. Pero hay otras tres normas sanitarias ordinarias: la Ley General de Sanidad de ese mismo año (1986), la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud (2003) y la Ley General de Salud Pública (2011). El Ejecutivo busca, con la reforma, reforzar el poder de coordinación del Ministerio de Sanidad y los mecanismos de codecisión con las CCAA. Y es que si algo ha demostrado la crisis del covid-19 es que Sanidad es un departamento sin músculo, sin casi competencias, ya que la gestión asistencial se transfirió a las comunidades. Illa solo ha gozado de poder real a raíz de la alarma, gracias a que el decreto le confirió el polémico mando único, que le ha permitido dictar decenas de órdenes.

Se busca una reforma rápida que permita reforzar el poder de coordinación de Sanidad para controlar los brotes de covid sin acudir a la alarma

En la Moncloa creen que es complicado que una ley, aunque sea orgánica, reproduzca esas facultades extraordinarias para el ministerio. Pero sí puede apuntalar su labor de coordinación, que es básica en el combate contra una pandemia. "Se trataría de que permitiese un procedimiento muy ágil y flexible de lucha en las emergencias sanitarias, que hiciera posible intervenir en toda España, y no solo en un territorio, y equilibrar decisiones, de tal manera que no se dé al mismo tiempo que un presidente autonómico impone el confinamiento y otro la libertad total de circulación. Más que de mando único, se trataría de coordinación y de criterios uniformes", resume una fuente de máximo nivel conocedora de las conversaciones. El problema es que todo fortalecimiento de la autoridad del ministerio puede chocar con las CCAA y con los socios nacionalistas del líder del PSOE.

Vista del hemiciclo del Congreso el pasado 15 de abril. (EFE)
Vista del hemiciclo del Congreso el pasado 15 de abril. (EFE)

Una petición vieja de los epidemiólogos es la creación de una agencia nacional de salud pública con capacidad ejecutiva y que trabaje codo con codo con las CCAA. Es, de hecho, una idea que planteó el PP esta pasada semana. Illa recogió el guante y prometió estudiarla. En el Ejecutivo no descartan esa opción, como tantas otras. En suma, la negociación está abierta.

El tiempo de la reforma legal

Toda reforma legislativa requiere de un tiempo. Si es una ley orgánica, el trámite es más lento, sobre todo si se opta por la vía de proyecto del Gobierno, ya que requiere el informe preceptivo de los órganos consultivos. Si es por proposición de ley de los grupos, se ahorra ese paso. Pero obliga a una lectura lo más rápida posible de la norma en Congreso y Senado (con presentación y discusión de enmiendas) a fin de que esté lista para cuando decaiga la alarma. Si, por el contrario, solo se trata de tocar una ley ordinaria, el Ejecutivo puede redactar un real decreto ley que solo necesita la convalidación de la Cámara Baja.

Comienzan 48 horas de negociación exprés en la que no hay nada decidido: "Todo está abierto. Nadie sabe por dónde saltará el acuerdo"

Otra diferencia, no menor: una ley orgánica precisa de la mayoría absoluta del Congreso (176 diputados), umbral que no es tan fácil de conseguir para el bipartito de PSOE y Unidas Podemos, que suman 155 escaños. Sánchez, de hecho, solo obtuvo 167 apoyos en su investidura. La cuarta prórroga de la alarma prosperó, eso sí, por 178 votos. Mayoría absoluta, y gracias al concurso de PNV, Ciudadanos y Coalición Canaria, además de Más País, Compromís, PRC, Nueva Canarias y Teruel Existe.

Inés Arrimadas, líder de Cs, el 6 de mayo en el Congreso, cuando apoyó la cuarta prórroga. (EFE)
Inés Arrimadas, líder de Cs, el 6 de mayo en el Congreso, cuando apoyó la cuarta prórroga. (EFE)

El Gobierno se ha movido, de cara a este último tramo de la alerta, de manera muy distinta, consciente de que los apoyos no están ya seguros y de que no puede fracasar, porque una derrota sería un varapalo mayúsculo para Sánchez. Hace dos semanas esquivó el golpe e hizo que los votos del PP fueran irrelevantes. Ahora Casado y Vox coincidirán en el no. ¿Qué ocurrirá? "Todo está abierto —señalaban este domingo a la noche en la Moncloa—. Nadie sabe por dónde saltará el acuerdo". El objetivo es consolidar al PNV, recuperar a ERC y mantener de su lado a Ciudadanos. Pero cuadrar esa complicada ecuación no será sencillo.

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