Ayuda a los hogares en riesgo de exclusión

El Gobierno aprobará la renta mínima la próxima semana y llegará a 850.000 hogares

El ingreso mínimo vital empezará a cobrarse en el mes de junio y llegará a cuatro de cada cinco personas en situación de pobreza severa. Tendrá un coste anual de 3.000 millones de euros

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un Consejo de Ministros. (Efe)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante un Consejo de Ministros. (Efe)

El Gobierno aprobará finalmente el ingreso mínimo vital (IMV) en la próxima semana. Así lo había anunciado el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, y hoy lo ha refrendado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su tradicional comparecencia de los sábados al mediodía. Sánchez ha anunciado que los hogares con ingresos muy bajos podrán solicitar ya en junio esta prestación y también a lo largo de ese mes se realizarán los primeros pagos. El presidente ha catalogado esta medida de "histórica" para "que nadie se quede atrás" como consecuencia de la crisis del coronavirus.

Después de varias semanas de diseño, por parte de la Seguridad Social, el Ministerio de Hacienda y las comunidades autónomas, el Ejecutivo tiene lista ya su renta mínima. Según el anuncio de Sánchez, beneficiará a 850.000 hogares, de los cuales, la mitad tienen niños a cargo. Se trata, por tanto, de una ayuda que irá destinada principalmente a las familias, dado que España es uno de los países desarrollados que menos apoya a las familias. Esta medida tendrá un coste de unos 3.000 millones de euros anuales que contribuirán a agravar la delicada situación de las cuentas públicas de España. Esto significa que la ayuda no cubrirá at los hogares con todos sus miembros en paro, ya que estas familias ascendían a 1.073 .800 millones al inicio de la crisis sanitaria, por lo que es de esperar que actualmente sea muy superior.

El diseño de la renta mínima (la aplicación práctica nunca es igual a la teórica) tiene potencial para beneficiar a cuatro de cada cinco personas en situación de pobreza severa, ha señalado el presidente. Aunque no ha detallado la cuantía de la ayuda, sí que ha reconocido que dependerá del número de progenitores en el hogar y de hijos a cargo.

La renta mínima será compatible con los ingresos del empleo para los hogares más precarios, de modo que no genere desincentivos a la actividad. La ayuda complementará a los ingresos más bajos hasta un determinado umbral, que todavía no se ha hecho público, para que así las familias tengan un incentivo a buscar un empleo. Aunque la crisis sanitaria y económica del coronavirus ha acelerado el diseño de esta medida, su aplicación no será coyuntural, sino que tendrá un "carácter permanente", ha explicado Sánchez. Esto es, se incorpora al abanico de prestaciones de la Seguridad Social y se financiará con cargo a los presupuestos generales del estado.

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El diseño de la renta mínima se ha elaborado cruzando los datos de la Seguridad Social con los de la Agencia Tributaria. El objetivo es doble: garantizar que la ayuda llega a los hogares que realmente no tienen ingresos y combatir la economía sumergida. El ingreso mínimo vital también dependerá del patrimonio de los hogares, aunque excluirá la primera vivienda del cálculo de la prestación.

No derogará la reforma laboral

Sánchez también ha descartado en su intervención una derogación total de la reforma laboral de Mariano Rajoy, rompiendo así el pacto firmado por la portavoz socialista, Adriana Lastra, con EH Bildu y Unidas Podemos. Sánchez ha señalado que su Ejecutivo quiere "corregir" los desequilibrios en la negociación colectiva entre empresas y trabajadores como consecuencia de la reforma laboral. Estos son los puntos que pacto Sánchez con el vicepresidente Pablo Iglesias en el acuerdo de investidura.

No habrá, por tanto, derogación íntegra. "La reforma laboral de 2012 no fue pacífica, fue impuesta por la mayoría abosluta del Partido Popular en el Congreso y en contra del diálogo social", ha explicado Sánchez. Esta reforma "esequilibró el poder de negociación entre trabajadores y empesarios", ha remarcado el presidente, "estos son los cambios que el Gobierno aspira a corregir". Nada de derogación íntegra.

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Esta respuesta de Sánchez coincide con la premisa de 'derogar los aspectos más lesivos' que recurrentemente señalan los diversos miembros del Gobierno. Estos 'aspectos más lesivos' son, principalmente, la prevalencia del convenio colectivo, la recuperación de la ultraactividad del convenio colectivo y la limitación de las causas de descuelgue de convenios. Con estos cambios se recuperará una parte del poder de negociación perdido por los trabajadores en 2012. Eso sí, para los sindicatos esta medida es insuficiente, ya que exigen la derogación íntegra de la reforma.

Sánchez también ha reiterado el mensaje que ha lanzado la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, en los últimos días: cualquer modificación en la normativa laboral se hará en el marco del diálogo social y con el apoyo de sindicatos y patronales. "Queremos mantener el diálogo social", ha señalado Sánchez, quien ha elogiado al presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, por defender "los intereses de España" en el marco del diálogo social. "En los pocos meses que llevamos de legislatura hemos aprobado con consenso la subida del salario mínimo interprofesional y la extensión de los ERTE hasta el 30 de junio", ha explicado el presidente, y el Gobierno no romperá ese diálogo con los agentes sociales.

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