Fue quien paró el acuerdo con Bildu

¿Por qué Calviño se resiste a derogar la reforma laboral? Los puntos que no tocará

Calviño criticó que no es el momento de hablar de derogar la reforma laboral porque introduciría una elevada incertidumbre. Pero, además, la vicepresidenta no quiere volver a la rigidez del pasado

Foto: La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, en el Congreso. (EFE)
La vicepresidenta económica, Nadia Calviño, en el Congreso. (EFE)
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La reforma laboral fue uno de los cambios estructurales en la economía española que se incorporaron en el año 2012 cuando España estaba al borde de la quiebra. El diseño institucional de esos años, que incluía la reforma del sistema de pensiones, la subida del IVA y el IRPF y la Ley de Estabilidad Presupuestaria se elaboraron en línea con las recomendaciones de Bruselas y de los principales organismos internacionales. Ahora, menos de una década después, todas, salvo las subidas de impuestos, están en riesgo.

La reforma laboral es la que más debate ha generado, y no solo por el esperpento vivido esta semana por el acuerdo del PSOE, Unidas Podemos y Bildu, firmado y roto en apenas tres horas y que ha hecho saltar por los aires el diálogo social. También por la indefinición que ha tenido el PSOE en los últimos años. ¿Quiere el partido derogar la reforma laboral? ¿Qué son los “aspectos más lesivos” a los que hace referencia en ocasiones?

Si hay algo que ha quedado claro esta semana es que el Gobierno de Pedro Sánchez no quiere derogar la reforma laboral. O, al menos, no quiere hacerlo la vicepresidenta económica Nadia Calviño. En su intervención del jueves en el Cercle d'Economia aseguró que abrir el debate de la reforma laboral es "absurdo y contraproducente", pero también es cierto que la vicepresidenta no contempla una derogación total de la reforma laboral, como explicó en esta entrevista. Si bien es cierto que podría apoyar en un futuro algunos cambios puntuales que permitan mejorar la capacidad de negociación de los sindicatos, Calviño no quiere perder las medidas de flexibilidad introducidas en el año 2012 y que han sido, y siguen siendo, muy aplaudidas desde la Comisión Europea.

Una de las medidas más importantes es precisamente la flexibilidad que permite a las empresas pueda superar episodios de crisis sin tener que cerrar y con la menor destrucción de empleo posible. Con este objetivo se amplió la regulación de los expedientes de regulación de empleo (ERE) y de los expedientes de regulación de empleo temporal (ERTE).

[Los ERTE permitirán salvar más de un millón y medio de empleos]

En primer lugar, se eliminó el requisito de autorización administrativa previa que retrasaba y desincentivaba esta vía, aunque garantizaba un mayor control por parte de las autoridades laborales y estimulaba el acuerdo con los trabajadores. A partir de ese momento, la supervisión de los expedientes se limitó a la fase ‘ex post’, esto es, una vez que ya estaba activo. Las dos vías de supervisión son la Inspección de Trabajo y la propia reclamación de los trabajadores ante los tribunales. De hecho, la eliminación de la autorización administrativa derivó en un aumento de la judicialización de los expedientes colectivos, ya que aumentó el número de casos que se tramitaban sin acuerdo entre empresa y trabajadores.

La reforma también amplió significativamente las causas objetivas por los cuales las empresas pueden presentar un expediente colectivo. El más importante fue la incorporación de la previsión de pérdidas, lo que hace que una empresa ya no tenga que estar en números rojos para despedir. En cuanto a las causas organizativas, productivas y técnicas, se incorporó, como posibilidad de despidos, los cambios en la oferta y la demanda derivados de la innovación o las nuevas fórmulas de consumo.

Estas medidas no solo favorecen que los ajustes de plantilla se hagan por la vía de reducciones de jornada y suspensiones de contratos, sino que suponen un incentivo a utilizar este camino. De lo contrario, los despidos generan más problemas legales e, incluso, pueden resultar más caros para las empresas.

La reforma laboral también abarató el despido, probablemente la medida más controvertida de todas las aprobadas en ese Real Decreto-ley 3/2012. A partir de ese momento, la indemnización por despido improcedente se rebajó de 45 días por año trabajado a 33 días y con un máximo de 24 mensualidades (dos años). Además, se suspendieron los salarios de tramitación, esto es, el salario del trabajador desde que era despedido hasta que una sentencia judicial lo declara improcedente o nulo. Una medida que supone un ahorro inmediato para las empresas cuando realizan despidos que se judicializan.

Calviño ha defendido en el pasado que las indemnizaciones por despido en España no están precisamente entre las más bajas, sino al contrario

Calviño ha defendido en el pasado que las indemnizaciones por despido en España no están precisamente entre las más bajas, sino al contrario. En una entrevista de finales de 2019 en RNE explicaba que “cuando hacemos una comparación internacional, nuestro país no sale particularmente bajo”.

En efecto, las listas que elabora periódicamente la OCDE analizando el mercado laboral de los países sitúa a España en la parte alta de países con mayor indemnización por despido, lo que podría suponer un lastre para la economía nacional. Sin embargo, estos ránking tienen trampas habitualmente, ya que las características propias de cada mercado laboral dificultan la comparativa. En el caso de España, el exceso de temporalidad o los periodos de prueba de los indefinidos, hacen que las indemnizaciones efectivamente abonadas sean reducidas.

Recuperar a los sindicatos

La flexibilidad que introdujo la reforma laboral de 2012 supuso una merma de la capacidad de negociación de los sindicatos, y este es el punto que el Gobierno ve más cercano. Eso sí, en ningún caso se contempla volver a la regulación del año 2010 tras la última reforma del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Una de las medidas más importantes fue la prevalencia del convenio de empresa sobre el del sector. Esto aumenta el poder de negociación de cada empresa y así se evidencia en los resultados mensuales de los convenios colectivos que publica el Ministerio de Trabajo. El mejor ejemplo es la subida salarial pactada, que habitualmente es inferior a nivel de empresa que en los convenios superiores, ya sean sectoriales o territoriales. Calviño aceptó incluir este punto como uno de los considerados “más lesivos” de la reforma laboral del PP y, por tanto, es susceptible de que pueda ser derogado.

La reforma laboral también eliminó el ‘secuestro’ que realizaban los sindicatos de la negociación colectiva en fases de crisis. Cuando estalló la burbuja financiera, la negociación de los convenios se vio congelada por la negativa de los sindicatos a aceptar rebajas de salarios. Esto provocaba que entrara automáticamente la prórroga de los convenios colectivos ya caducados, que incluían importantes subidas salariales firmadas durante los años de fuerte crecimiento económico.

Para evitar estas inercias de los salarios, la reforma laboral eliminó la ultraactividad de los convenios y ahora caducan un año después de su vencimiento. Este cambio se introdujo precisamente para fomentar que empresas y trabajadores tengan un estímulo para renovar sus acuerdos. Los sindicatos quieren recuperar esta ultraactividad y el Gobierno ya lo ha planteado en el pasado.

Otro de los puntos importantes de la reforma laboral es la ampliación de las causas de descuelgue de los convenios colectivos. Se añadieron nuevos motivos de inaplicación más allá de los salarios, incluida la previsión de pérdidas económicas.

Este aspecto podría ser modificado en el futuro, pero en ningún caso derogado, ya que los descuelgues son una herramienta de flexibilidad interna que Economía quiere mantener. El acuerdo de investidura entre el PSOE y Unidas Podemos establece que “revisaremos el mecanismo de inaplicación de los convenios colectivos, orientándolo al descuelgue salarial vinculado a causas económicas graves”. Esto es, puede ser más restrictivo, pero no se eliminará.

La reforma laboral de Rajoy también introdujo cambios significativos en la capacidad de las empresas para aplicar modificaciones sustanciales del contrato de sus trabajadores por causas objetivas. El pacto del PSOE con Unidas Podemos también contempla modificaciones en este punto para “limitar la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte de la empresa”, pero en ningún caso se derogaría.

En definitiva, los cambios en la reforma laboral a los que aspira el Gobierno, impulsados desde la vicepresidencia económica, estarían dirigidos a limitar la capacidad de acción unilateral de las empresas y a dotar de más fuerza negociadora a los sindicatos. Sin embargo, las medidas de flexibilización interna y externa para superar episodios de crisis no se tocarán. De lo contrario, estos cambios afectarían a la creación de empleo, y Calviño ha señalado en numerosas ocasiones que el objetivo prioritario de cualquier futura reforma del mercado de trabajo será "crear empleo y proteger a los trabajadores".

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