El PSOE asume el grueso de la reforma laboral del PP tras firmar con Bildu derogarla

La política del Gobierno, lejos de ser meditada y relajada, responde a improvisaciones y giros inesperados, como bien quedó de manifiesto el miércoles. En un solo día, el Ejecutivo pactó la prórroga del estado de alarma con PNV y Ciudadanos rompiendo el bloque de la investidura, acordó con Bildu derogar íntegramente la reforma laboral de espaldas a los agentes sociales y, finalmente, rompió el pacto con Bildu y obligó a la formación vasca a aceptar un nuevo pacto que contempla solo cambios parciales en la reforma laboral. Un día de locos donde los haya.

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El acuerdo inicial del Grupo Socialista con Bildu, firmado por la portavoz socialista, Adriana Lastra, contemplaba la derogación total de la reforma laboral. Bildu celebró el acuerdo y sus líderes, como Arnaldo Otegi, celebraron públicamente el logro arrancado por la formación al Ejecutivo. "Cuando Bildu es decisivo, mejora la vida de la gente", tuiteó Otegi. La alegría duró bien poco, apenas tres horas, cuando el PSOE envió un comunicado de rectificación en el que modificaba íntegramente el texto del acuerdo y lo sustituía por el pacto de gobierno de Sánchez e Iglesias.

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El nuevo acuerdo con Bildu, a la espera de la reacción de la formación vasca, es una copia, palabra por palabra, del acuerdo de investidura firmado hace unos meses por el PSOE y Unidas Podemos. En concreto, se trata del punto 1.3 de dicho acuerdo. Hasta tal punto es el mismo acuerdo, que incorpora el compromiso de derogar el despido por absentismo justificado, una medida que ya aprobó el Gobierno el pasado 18 de febrero. En otras palabras, el PSOE obliga a una claudicación total a Bildu en el punto de la reforma laboral, y también desautoriza públicamente a Lastra.

El nuevo acuerdo también lleva la palabra 'derogación', pero es mero maquillaje. La realidad es que solo contempla tres cambios parciales en la reforma laboral de Mariano Rajoy del año 2012. El primero es el ya mencionado de los despidos por absentismo, medida que además no se introdujo con la reforma de 2012 sino que ya existía desde hacía décadas. El segundo es la recuperación de la ultraactividad de los convenios colectivos (que no caduquen a su vencimiento hasta que no sean reemplazados) y, por último, la eliminación de la prevalencia del convenio de empresa sobre el sectorial.

Estos dos últimos cambios forman parte de lo que el Gobierno de Pedro Sánchez bautizó como "los aspectos más lesivos de la reforma laboral". El objetivo es dar más poder de negociación a los sindicatos, rebalanceando su peso en la negociación colectiva. Pero el resto de puntos de la reforma laboral, los más importantes, se mantendrían sin cambios. No se modificarían la rebaja en las indemnizaciones, la flexibilidad interna para adaptar la plantilla a las realidades económicas, los expedientes de regulación o los descuelgues de convenios.

El Gobierno de Pedro Sánchez se aferra así a la reforma laboral de Rajoy. Ya torció el brazo a Iglesias, que terminó aceptando cambios puntuales en la misma, y ahora es Bildu quien tiene que pasar por el aro. Sánchez se mantiene como firme defensor del grueso de la reforma laboral y de la postura de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. Durante su etapa como alta funcionaria de Bruselas, esta tuvo tiempo de analizar en detalle los cambios regulatorios introducidos por el Gobierno del PP y la conclusión es que las medidas de flexibilidad ayudaron a reducir el paro estructural.

Más que centrarnos en derogar reformas del pasado, queremos mirar al futuro para acordar un estatuto de los trabajadores del siglo XXI

Es por este motivo que Calviño se ha resistido a hablar de derogación de la reforma laboral desde que accedió al cargo. En una entrevista concedida a este periódico lo explicaba claramente: "Más que centrarnos en derogar reformas del pasado, queremos mirar al futuro para acordar, con la mayor base social posible, un estatuto de los trabajadores del siglo XXI que responda a la realidad actual, a las nuevas formas de trabajo, que son muy distintas de las que existían en los años ochenta". Calviño no quiere volver a 1980, pero tampoco a 2010.

El PSOE no solo forzó a Bildu a aceptar la reforma laboral con cambios parciales, también obligó a retirar del acuerdo los plazos pactados. Inicialmente, acordaron que la derogación de la reforma laboral se completaría antes de que se levantaran todas las ayudas aprobadas como consecuencia de la crisis del coronavirus. Esto significa que, como muy tarde, la derogación tendría que estar completada antes de final de año. El nuevo pacto contempla que los cambios parciales se harán "con carácter urgente", pero sin acotar más fechas. En política, ya se sabe que un cambio urgente puede prolongarse durante décadas. Por ejemplo, España lleva años con la reforma de las pensiones pendiente. Y ni está ni se la espera.

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La rectificación del PSOE también sirve de disculpa hacia los agentes sociales. El Gobierno no había comunicado a los sindicatos y la patronal del acuerdo con Bildu y se enteraron por la prensa de que había pactado la derogación de la reforma laboral. Solo unas horas antes, los agentes sociales se habían reunido con el Ministerio de Trabajo en la primera reunión tripartita para la negociación de la prórroga de los ERTE más allá del 30 de junio. En esa reunión, Trabajo no informó de la negociación abierta con Bildu.

Si finalmente hubiesen cerrado un pacto para derogar la reforma laboral a espaldas de los agentes sociales, su reacción habría sido iracunda. Y no solo por parte de la patronal, quien habría rechazado el acuerdo, también de los sindicatos, por excluirlos de las conversaciones. El nuevo pacto forzado por el PSOE sí incluye que los cambios normativos en la reforma laboral se impulsarán desde el diálogo social.

Un déficit propio

Bildu se tendrá que tragar sus palabras y aceptar el nuevo acuerdo ofrecido por el PSOE. Eso sí, no será gratis, como suele ocurrir cuando los partidos vascos apoyan una medida en Madrid. En este caso, el Gobierno cede conceder al País Vasco y Navarra objetivos de déficit propios, negociados bilateralmente con el Gobierno de España y diferentes al del resto de comunidades autónomas.

De esta forma, EH Bildu lograría un objetivo que ha perseguido el PNV durante años y que daría más margen de gasto a las administraciones vasca y navarra. Las dos comunidades conseguirían así desvincularse del Consejo de Política Fiscal y Financiera en el que están representadas todas las autonomías. En concreto, el pacto contempla que "la capacidad de endeudamiento de la comunidad autónoma vasca y la Comunidad Foral de Navarra se establecerá exclusivamente en función de sus respectivas situaciones financieras".

Esto significa que lograrán desvincularse de los objetivos horizontales de déficit, que establecen que cada subsector de las administraciones públicas tendrá el mismo nivel de déficit. Como la situación financiera del País Vasco y Navarra es más favorable que la del resto de regiones, básicamente gracias a sus sistemas forales privilegiados, su capacidad real de gasto es superior a la del resto de territorios. Ahora podrán disponer de ese margen para sus presupuestos.

Además, el gasto en políticas sociales derivado del coronavirus que realicen los ayuntamientos de las dos autonomías se excluirá del cálculo de la regla de gasto. Esto significa que tendrán libre disposición de fondos y deuda para combatir las consecuencias del coronavirus, algo que también está negociando la Federación de Municipios y Provincias de España (FEMP) con el Ministerio de Hacienda.