El Consejo de Estado aprecia falta de control en el plan del Gobierno sobre los fondos UE

El Consejo de Estado denuncia en el dictamen que ha redactado sobre el decreto ley de los fondos de la UE "la eliminación o modulación de mecanismos de control" en cuanto a la contratación administrativa, los convenios o las subvenciones. Así consta en el texto reclamado desde hace un mes por PP y Cs, que acusaron al Gobierno de "ocultarlo" deliberadamente. Este documento debía acompañar al decreto que el Congreso convalidó entonces con un margen escaso y que estuvo cerca de ser derogado.

Es un dictamen duro porque el Consejo de Estado, en su tramo final, llega a expresar su "preocupación" precisamente por "la eliminación o modulación" de dichos mecanismos de control. El órgano que preside María Teresa Fernández de la Vega aprobó este dictamen por unanimidad en la sesión dedicada a ello, el 21 de diciembre pasado. Las conclusiones son un golpe al Gobierno de Pedro Sánchez, que ya vio en el Congreso de los Diputados que hasta sus aliados parlamentarios cuestionaban muchos de los pilares del decreto.

El acento lo pone el Consejo en la necesidad de que haya "un riguroso" control de la "asignación de los fondos y de su vinculación con los fines para los que sean concedidos", lo que el Consejo de Estado considera que es una carencia en el decreto. La seguridad jurídica y económica de las medidas quedan, por tanto, en entredicho. No es baladí esta consideración si se tiene en cuenta que a España llegarán durante los próximos siete años un total de 140.000 millones de euros.

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Fuentes de Moncloa aseguran, sin embargo, que "todas las consideraciones" señaladas en el informe sobre la necesidad de reforzar las "garantías" y "controles" de las ayudas "fueron incorporadas" al decreto antes de aprobarse. Insisten en que el polémico dictamen "no es preceptivo ni vinculante" y que ha merecido "en su conjunto una opinión favorable" por parte del máximo órgano consultivo. "El Consejo apreció el esfuerzo realizado por el Gobierno para articular en tan breve plazo un conjunto de medidas", abundan desde el Ejecutivo, que destaca que las estructuras de gobernanza “no plantean problema alguno”.

Reconoce el Consejo de Estado, cuyos dictámenes no son vinculantes, que la puesta en marcha del Plan de Recuperación y Resiliencia es "una oportunidad histórica para España", lo que exige flexibilización, pero también "riguroso control". La seguridad jurídica debe ser máxima, al igual que la supervisión, y, por ello, enfatiza "la necesidad de recabar todos los informes preceptivos que se determinen legalmente", incluido este mismo dictamen, "antes de resolver los correspondientes procedimientos y de someter a fiscalización previa los expedientes financiados con cargo a los citados fondos".

Control y fiscalización son, por tanto, dos palabras que el órgano consultivo emplea con frecuencia. También palabras relacionadas como "vigilancia". Así, el Consejo recuerda que "la Unión Europea está llamada a ejercer un papel fundamental en la vigilancia de la correcta gestión y ejecución de los fondos incluidos en el Instrumento Europeo de Recuperación". Conlleva esta vigilancia la obligación de "extremar las medidas destinadas a garantizar la correcta aplicación de tales recursos", de manera que "estén debidamente justificadas y ponderadas".

El decreto adolece precisamente de esa exigencia. El Consejo de Estado es rotundo al respecto: "Destaca la ausencia en el expediente consultado de toda exposición motivada y suficiente de las razones que en cada caso justifican la atenuación, o incluso la supresión, de los mecanismos de control". La recomendación es la siguiente: "Es esencial, por tanto, que la memoria del análisis de impacto normativo recoja, para cada una de las previsiones que suponen una flexibilización de los mecanismos de control, una explicación detallada de las razones que la justifican y de los beneficios que a ella se anudan".

Sin mención al impacto presupuestario

La conclusión del dictamen incide en varias ocasiones en la ausencia o relajación de los mecanismos de control y vigilancia. Además de poner el foco en las carencias relativas a la contratación, el Consejo de Estado cita también lagunas en las que se refieren a las "modificaciones contractuales de las nuevas unidades de obra que se incorporen a los contratos" correspondientes, a los sistemas de supervisión de los proyectos y de la responsabilidad de los "proyectistas".

Opinión

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El órgano consultivo, que no suele ser tan tajante en esa clase de dictámenes, como aseguran a El Confidencial fuentes conocedoras de su funcionamiento, aboga por la ejecución de un estudio que detalle el impacto presupuestario de las medidas previstas, "aunque sea aproximativo", y por delimitar plazos "suficientemente amplios para realizar evaluaciones ambientales con todas las garantías".

Tampoco se acompaña por parte del Gobierno una memoria suficiente sobre el impacto normativo. Lo que reseña el Ejecutivo, a través del Ministerio de Presidencia que dirige Carmen Calvo, no basta, en opinión del Consejo. "Es claro que la memoria remitida adolece de graves insuficiencias en su contenido", concluye.

La omisión de la Intervención del Estado

El lenguaje que emplea el órgano consultivo no admite muchas interpretaciones. "De otra parte, debe llamarse la atención sobre la circunstancia de que no se han incorporado al expediente remitido los informes emitidos por la Intervención Delegada de la Intervención General de la Administración del Estado".

Esta alusión resulta llamativa porque revela que el decreto no incluye la visión del órgano administrativo que fiscaliza los movimientos presupuestarios, lo que el Consejo denuncia sin tapujos al subrayar que "se desconoce cuáles han sido las razones de esa falta de remisión, que debe ser objeto de severa crítica".

"Priva a este Consejo de Estado de conocer en detalle los fundamentos de la regulación proyectada y la justificación particular de algunas medidas"

"Priva a este Consejo de Estado de conocer en detalle los fundamentos de la regulación proyectada y la justificación particular de algunas medidas que pueden suscitar dudas en cuanto a su oportunidad, carácter proporcionado y eficacia", añade antes de hacer una referencia al valor del parecer de la Intervención, ya que es el organismo que traza y cumple unos controles que, por lo que consta en el decreto, a interpretación del Consejo, están o suprimidos o debilitados.

La fecha en la que el Consejo aprobó este dictamen fue el 21 de diciembre y el Congreso debatió y convalidó el decreto el 28 de enero, aunque 'in extremis'. Fue gracias a la ayuda inesperada de Vox, que se abstuvo, permitiendo así a Sánchez ahorrarse una dura derrota parlamentaria y evitar también que se proyectara a Europa la debilidad del Ejecutivo a la hora de gestionar las ayudas millonarias. Pero las sombras de duda se mantienen. Los grupos políticos, incluidos los socios del Gobierno, denuncian opacidad en la tramitación de los fondos europeos y temen que el reparto del maná, sometido al control férreo de Moncloa, sea discrecional.

PP y Ciudadanos lanzaron una ofensiva política y judicial para exigir a Sánchez que hiciera público el dictamen del Consejo de Estado sobre el decreto ley de los fondos europeos acusándole de “ocultarlo” por ser “demoledor” contra el procedimiento seguido por Moncloa. El PP ha terminado llevando este asunto ante el Tribunal Constitucional.

Tras conocer el contenido del dictamen, PP y Cs han incrementado la presión contra Sánchez. "El informe del Consejo de Estado es demoledor y constata: discrecionalidad, falta de rigor jurídico y ausencia de controles. Ahora sabemos qué ocultaban", ha escrito en Twitter su portavoz, Cuca Gamarra. También el portavoz adjunto de Cs, Edmundo Bal, ha afirmado que el documento les da la razón en sus críticas al Ejecutivo. "Los fondos europeos, junto con la vacunacion, son la esperanza de millones de familias ante esta terrible crisis. No pueden depender de chapuzas del Gobierno. Cs lo advirtió y el Consejo de Estado lo ratifica: Sánchez-Iglesias no pueden gastar sin control", ha sido su advertencia

El PP ha vuelto a exigir la comparecencia urgente ante el Congreso de la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, así como del jefe de gabinete del presidente, Iván Redondo. Vox ha reclamado que sea la presidenta del Consejo de Estado, María Teresa Fernández de la Vega, quien aclare al Parlamento este asunto.