¿Otros 11.000 M para las empresas? Importa el cuánto, el cómo y el cuándo

Las empresas españolas han recibido este miércoles una buena nueva en boca del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Los 11.000 millones de euros en ayudas anunciados por el Ejecutivo representan, al fin, una respuesta a las plegarias que durante meses han lanzando las principales plataformas empresariales, que demandan un salvavidas ante los estragos que sigue ocasionando la crisis del coronavirus.

La conveniencia de nuevas palancas con las que respaldar la solvencia de las empresas españolas resulta indiscutible. La prolongación de la crisis ha transformado lo que en un principio se planteaba como un problema de liquidez en golpe a la solvencia de un sinfín de compañías, a causa de la depresión de la demanda ocasionada por las medidas impuestas para contener el virus.

Pero, en un momento en que el despliegue de las vacunas permite atisbar una salida de la crisis más o menos próxima, un alivio a la situación de estas compañías puede marcar la diferencia entre su supervivencia o su caída. "El coste adicional en términos de déficit de intentar mantener el tejido productivo es mucho menor que el daño que sufriremos por las pérdidas de ese tejido empresarial", apunta Ángel Talavera, responsable de análisis de economía europea en Oxford Economics.

España es uno de los países que menos ayudas ha comprometido, pese al fuerte golpe del virus

España ha sido, hasta la fecha, uno de los países europeos menos generosos a la hora de plantear la puesta en marcha de ayudas públicas a los sectores más golpeados por la crisis, a pesar de que las empresas nacionales han sufrido un daño en sus resultados que duplica la media regional y que en sectores dominantes como la hostelería hasta un 20% de las empresas ve hoy en riesgo su viabilidad.

En esas condiciones cabe plantearse si los 11.000 millones puestos sobre la mesa por Sánchez este miércoles resultan suficientes o serían más apropiados los 50.000 millones reclamados a renglón seguido por el líder de la oposición, Pablo Casado. Pero, cuando las necesidades resultan tan acuciantes y se han pospuesto durante tanto tiempo, no cabe más que recibir con alivio una cantidad como esta y confiar en que su aplicación coadyuve a multiplicar la eficiencia de estas ayudas.

En ese sentido, Ángel de la Fuente, director ejecutivo de Fedea, pone el foco en la que es siempre una de las claves de todo plan de ayudas públicas: asegurarse de que los fondos lleguen a quien realmente los necesita y no se extiendan a grupos que o bien cuenten con los recursos necesarios para proseguir su actividad sin nuevos estímulos o bien carezcan de cualquier posibilidad de volver a ser viables por sí mismas en un escenario pospandemia.

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Esta cuestión entronca con el debate generado en torno a la forma en que deben articularse estas ayudas. A falta de más detalles, desde el Ministerio de Economía se ha dado a entender que los 11.000 millones planteados llegarán a las empresas en forma de ayudas directas. Pero bajo esta idea contemplan también la que parece ser la opción predilecta del Ejecutivo: la aplicación de quitas a los créditos concedidos a través del ICO en la primera parte de la pandemia. Asumen así un debate semántico con quienes solo engloban bajo esa etiqueta la inyección de nuevos fondos a las empresas.

La cuestión no es, ni mucho menos, baladí. Desde el Ejecutivo se entiende que, a la hora de ayudar al entramado empresarial, resulta tan útil aportarle un dinero nuevo como exonerarle de parte de las deudas acumuladas. Al fin y al cabo, se aduce, muchas de estas empresas probablemente se vean obligadas a restructurar sus deudas, por la imposibilidad de hacerles frente, cuando venza la actual moratoria de pagos. Adelantar ese proceso daría mayor certidumbre a los empresarios y facilitaría la reactivación de la inversión en cuanto se pueda recobrar la normalidad.

El problema, sin embargo, es que, en ausencia de soluciones ingeniosas, esta vía implica la participación de la banca, que en su momento asumió entre el 20 y el 30% del riesgo de los créditos del ICO. Para el Gobierno, implicar de este modo a la banca conlleva una ventaja esencial, ya que supone contar con los equipos especializados del sector en la definición de las empresas que requieren un refuerzo de su solvencia.

Es necesario abrir una ventana para ayudar a empresas que no acudieran a los créditos ICO

Pero mediante esta fórmula se corre el riesgo de traspasar parte del riesgo de las corporaciones a la banca, que, al asumir por adelantado este roto —por más que se considere que el mismo se acabaría produciendo más adelante—, podría ver comprometida su situación de solvencia y, con ello, limitada su capacidad para financiar la actividad económica en el momento clave de la reactivación.

Además, como observa De la Fuente, sería necesario desplegar nuevas ventanas que hagan posible que estas ayudas no queden limitadas a quienes ya acudieron a los créditos del ICO. "Lógicamente, puede darse el caso de empresas que hace nueve o 10 meses no acudieron a esta solución, porque no la consideraron necesaria, y que hoy, con la prolongación de la crisis sí tengan la necesidad de un refuerzo de su solvencia", explica el experto de Fedea.

Son muchos los detalles por definir en el plan de ayudas apenas enunciado este miércoles por el presidente del Gobierno. Unas ayudas necesarias y que es positivo que vayan tomando forma cuanto antes. Se podrá discutir si son suficientes y, sin lugar a dudas, señalar que un monto superior elevaría su potencia. Pero lo más importante a estas alturas es hacerlas efectivas cuanto antes y de un modo que garantice la mayor efectividad de su despliegue, sin crear nuevos agujeros para tapar otros. Acertar en esto es mucho más relevante que una simple discusión semántica.