La política española estalla justo cuando tiene que solicitar y ejecutar los fondos europeos

Este no es un momento cualquiera para España. El país está inmerso en una profunda crisis sanitaria y económica, con miles de empresas en una situación límite y más de un millón de personas ansiosas por volver a trabajar. Pero a esta coyuntura, que dura ya un año, se suma ahora otro hito clave: el del reparto de los fondos europeos. Se trata del proyecto europeo más ambicioso desde la creación del euro, ya que supone la emisión de deuda comunitaria y de un fondo de inversión para reactivar las economías devastadas por la pandemia.

Su creación fue complicada, por la oposición de los frugales, y los países del sur tuvieron que activar todos los cauces de presión, incluidos los bancos centrales nacionales. Finalmente, consiguieron vencer las resistencias y ya está todo listo para que los gobiernos envíen sus planes nacionales, que tienen que incluir las partidas de inversión y los compromisos de reformas estructurales. Se abre así el capítulo más importante de todo este proceso, en el que todos los niveles de las administraciones españolas y europeas se tienen que poner de acuerdo para trazar los planes de inversión y reformas.

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Esas semanas coincidirán en España con un periodo de gran inestabilidad política, con los partidos de la derecha en plena batalla. Por el momento, el Gobierno de la nación se mantiene en pie, pero las peleas entre los dos partidos de la coalición, PSOE y Unidas Podemos, están siendo continuas en los últimos días. De hecho, los desencuentros del pasado fin de semana llegaron al punto de impedir la aprobación del paquete de ayudas a las empresas este martes y la convocatoria de un Consejo de Ministros extraordinario el viernes para activar los 11.000 millones.

Ahora se abre un nuevo foco de enfrentamiento en el seno de la coalición, ya que el PSOE ha iniciado un acercamiento a Ciudadanos que abre el abanico de socios de los socialistas para sobrevivir en un Congreso muy dividido. No es descartable que Unidas Podemos reaccione a este movimiento tensando la cuerda con su socio.

En este difícil contexto, el Gobierno tiene que acordar con la Comisión Europea la puesta en marcha de un proceso reformista que lleva bloqueado desde 2015, y no solo eso, también tendrá que poner fecha a cada una de las medidas. Bruselas pasará examen cada seis meses a las reformas acordadas y si no se han cumplido, podrá bloquear el desembolso de las ayudas. El escenario idóneo —e inalcanzable casi en cualquier Parlamento— sería que el plan nacional sea fruto de un gran acuerdo de país, para garantizar la aprobación de las reformas comprometidas y dotarlas de estabilidad.

Si España no cumple las reformas acordadas, se perderá el acceso a los fondos europeos

España llega a este momento en la situación opuesta: las reformas no solo no se están consensuando, sino que las está negociando el Ministerio de Economía con la Comisión Europea en un ambiente de total opacidad y con grandes recelos por parte de los socios de coalición y también de los agentes sociales, tanto patronal como sindicatos. Y, por si fuera poco, la oposición está más dividida que nunca, con ruido de sables. No solo entre los partidos de la derecha, también las formaciones catalanas están en medio de las negociaciones por formar Gobierno y con el caso Puigdemont a vueltas en Bruselas.

El Gobierno consiguió aprobar por la mínima el real decreto-ley de los fondos europeos y lo hizo gracias a la abstención de Vox. Tras los acontecimientos del miércoles, es impensable que Vox vaya a facilitar ninguna votación al Gobierno, en especial si se trata de una tan relevante como fue esa. Todas estas dificultades políticas complicarán la gestión de los fondos europeos, tanto a la hora de solicitarlos como a la de ejecutar los compromisos.

Opinión

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22.000 millones de Madrid

Lo que en el Congreso es tensión política, en Madrid, Castilla y León o Murcia es ya la guerra. Las comunidades autónomas tienen un papel muy relevante en la ejecución de los fondos europeos, ya que son estas quienes tienen transferidas buena parte de las competencias, por ejemplo, la educación, uno de los sectores que quiere potenciar la Comisión Europea. La propia Comunidad de Madrid presentó hace apenas tres semanas su plan para ejecutar el dinero europeo.

El proyecto, bautizado como ‘Reactivamos Madrid’, pretendía movilizar 22.000 millones de euros a partir de la primavera. Estos fondos se orientarían a fomentar los planes de empleo, la inversión en sanidad pública o la ampliación de la red del metro, entre otras cuestiones. Este plan ha quedado ya paralizado con la ruptura del Gobierno del PP y Ciudadanos, y, lo que es peor, el inicio de la ejecución de los fondos europeos amenaza con retrasarse hasta el final de la primavera, o más lejos si se convocan nuevas elecciones.

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El Gobierno central incluyó un adelanto de 27.000 millones de euros para que el Estado y las comunidades autónomas puedan empezar a ejecutar los fondos antes de que llegue el primer adelanto desde Bruselas. El motivo es que estos procesos, tanto de inversión pública directa como de colaboraciones con empresas privadas, tienen unos plazos de tramitación prolongados que obligan a actuar con anticipación. Aunque el real decreto de los fondos europeos ha reducido algunos plazos, es imposible evitar todos los controles previos que marcan las leyes para los contratos públicos, subvenciones o colaboraciones público-privadas.

La escisión de gobiernos autonómicos complicará tanto el diseño de las estrategias de inversión en los órganos interterritoriales como la ejecución. Una vez más, la concesión de las ayudas estará auditada por la Unión Europea para corroborar que se utiliza el dinero entregado y se cumplen los objetivos fijados. Un plan ambicioso para territorios que estén sin Gobierno, o con sus parlamentos totalmente fragmentados.

El Gobierno está planteando dar a las comunidades autónomas un papel clave en el reparto de las ayudas directas

Además de los fondos europeos, el Gobierno está planteando dar a las comunidades autónomas un papel clave en el reparto de las ayudas directas a empresas del plan de 11.000 millones de euros que aprobará el viernes. Para el Ministerio de Economía, la participación de las regiones es clave, ya que son estas quienes conocen la realidad de su tejido productivo y pueden llegar con mayor eficiencia. Eso significa que en las comunidades donde no haya Gobierno se complicará el flujo de estas ayudas, complicando todavía más la supervivencia de las empresas.