Las cifras del fracaso de España en la innovación y la urgencia de los fondos europeos

España se la juega con los fondos europeos para la reconstrucción. Para el país, no son solo una vía para estimular la recuperación, son también una oportunidad para empezar a superar el déficit inversor histórico que arrastra. Este es uno de los grandes problemas económicos del país, ya que ante la falta de I+D, el país vive de servicios de bajo valor añadido, competencia en precios y una gran precariedad laboral. Los malos datos de inversión de España son compartidos por el sector público y el privado. El resultado es que los indicadores de I+D del país son recurrentemente peores que los de los socios europeos, con independencia del sector analizado.

Lo que muestran estos datos es que los bajos niveles de inversión no son solo consecuencia de la ‘falta de dinero’, sino que existe una mala cultura de gestión de los recursos que se canalizan hacia las vías más sencillas (tradicionales) sin aspirar a grandes mejoras. Eso significa que los fondos europeos podrán estimular la inversión de forma temporal, pero el país necesita importantes avances para que esto fructifique en una cultura inversora, especialmente en el sector empresarial.

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Un análisis en profundidad realizado por Rubén Veiga Duarte, investigador de BBVA Research, muestra la magnitud del problema. Entre los años 2000 y 2008, los niveles de inversión en I+D de España crecieron rápidamente al calor de la burbuja inmobiliaria. Sin embargo, ese avance fue un espejismo y desde entonces no ha vuelto a experimentarse ningún avance, al contrario, se ha producido un leve retroceso. En el sector empresarial, la inversión se ha reducido del 0,73% del PIB en 2008 al 0,70% en 2019 (último dato disponible), en un periodo en el que la I+D en Europa avanzó de forma significativa, pasando del 1,16% del PIB al 1,42%. En el sector público, la inversión se ha contraído en cinco décimas del PIB, mientras que en el conjunto de la UE, ha pasado del 0,66% al 0,70%.

“La última década ha supuesto un deterioro de la ya débil posición de España en el campo de la investigación y el desarrollo”, escribe Veiga Duarte, “esta diferencia se explica principalmente por el gasto en I+D en el sector privado, donde la brecha con la UE ha aumentado un 65% desde 2008”. Realmente, la convergencia hacia los niveles europeos durante la burbuja fue irreal y con el tiempo se ha vuelto a ampliar la distancia entre la empresa española y la de los países líderes del continente.

La última década ha supuesto un deterioro de la ya débil posición de España en la I+D

Los fondos europeos del Next Generation EU serán una gran ayuda para estimular la inversión privada desde el sector público a través de diferentes mecanismos de colaboración. Sin embargo, este impulso no conseguirá un gran objetivo de forma aislada. El problema es que las empresas españolas innovan menos que sus competidoras europeas. Y no es solo una cuestión del elevado peso de las pymes en el tejido productivo español, ni de la especialización en sectores de bajo valor añadido: hay una cuestión de mala gestión empresarial que realiza un uso ineficiente de los recursos. En España, hay más competencia en el recorte de costes que en las patentes, de ahí los pobres resultados en innovación y la precariedad en el empleo.

En el caso de la abundancia de pymes, sin duda es un problema para la inversión, ya que este tipo de negocios no cuenta con una gestión profesional y tiene una gran reticencia a la innovación. En España, casi el 95% de las empresas tiene menos de 10 trabajadores, cinco puntos por encima de la media de la Unión Europea. Por el contrario, el peso de las grandes (mayores de 50 trabajadores) es un punto inferior. Esta diferencia es importante, porque aunque el porcentaje sobre el total de empresas sea reducido, las grandes generan mucho empleo y mucha innovación, de modo que su peso en estos dos indicadores se multiplica.

Pero el problema no es solo cuestión de tamaño. En España, todas las empresas invierten menos que sus competidoras europeas, desde las pymes hasta las más grandes. Por ejemplo, entre las muy grandes (de más de 250 trabajadores), en la UE, más del 50% hace inversión en I+D, mientras que las españolas apenas superan el 40%. Si se retrocede hasta las medianas (entre 10 y 50 trabajadores), el porcentaje de empresas inversoras en la UE se sitúa en el 17%, mientras que en España no llega al 10%.

“La I+D+i en el sector privado se encuentra significativamente infradesarrollada en España con respecto a los países de nuestro entorno”, señala Veiga Duarte, y no es solo cuestión de la orientación sectorial del tejido productivo o su tamaño. Hay otros factores que lastran la innovación de las empresas españolas, como son “la escasa colaboración entre empresas, el diseño de las ayudas públicas, la financiación excesivamente concentrada en préstamos hipotecarios y la baja formación de los trabajadores”, escribe el investigador de BBVA Research.

La I+D en el sector privado se encuentra infradesarrollada en España

El problema de la baja inversión no está en la escasa rentabilidad de las innovaciones logradas por las empresas, al contrario, los retornos generados en España superan ampliamente los de Europa. En total, los ingresos generados por un producto nuevo o significativamente mejorado superan el 15% para las empresas en España, mientras que la media europea se sitúa en el 13%. Y eso a pesar de que en Europa el porcentaje de empresas que introducen productos nuevos duplica al de España, alcanzando el 30%. En otras palabras: las empresas españolas innovan menos, pero la rentabilidad que obtienen es muy superior. El investigador apunta como hipótesis de estos resultados un “bajo nivel de competencia” en España que hace que las empresas puedan elevar precios de los productos innovadores que introducen.

Lo que es evidente es que el mercado español remunera ampliamente las innovaciones introducidas por las empresas. Pero ni aun así se consiguen niveles de inversión similares a los europeos. “Otro reflejo de la baja capacidad de innovación de nuestra economía es el bajo número de aplicaciones de patentes por millón de habitantes: 35 en 2017, frente a 106 de media en la UE”, señala Veiga Duarte.

De ahí que los fondos europeos vayan a ser una ayuda para estimular la I+D y podrían generar efectos permanentes sobre la voluntad inversora de las empresas. Sin embargo, son necesarias reformas adicionales para estimular esta situación. Dos de los pasos fundamentales deben ser aumentar el tamaño de las empresas, especialmente de las pymes, y enfocarlas hacia sectores más productivos e innovadores, relacionados con la industria y los servicios de alto valor añadido. Si España tuviese una composición del tejido productivo y un tamaño empresarial similar al de Alemania, podría recortar la brecha de inversión con la locomotora europea. Según las estimaciones de BBVA Research, si la empresa española tuviese el tamaño de la alemana, la inversión se duplicaría del 0,67% del PIB hasta superar el 1,35%. Por el contrario, si se lograse la distribución sectorial de Alemania, el aumento de inversión sería algo más modesto, hasta el 0,93% del PIB.

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Esto son solo estimaciones sobre el comportamiento de la inversión, pero lo que está claro es que el déficit que arrastra España durante los últimos años no se solucionará solo con tres años de una elevada inversión pública. Al mismo tiempo, es necesario abordar reformas que mejoren la formación de los trabajadores y la gestión de las empresas, favorezcan su integración y colaboración y generen incentivos fiscales para las empresas innovadoras.

Esta última palanca, la de los incentivos fiscales a la inversión, tampoco ha funcionado. El presupuesto público destinado a la I+D lleva algo más de una década estancado, pero es generoso. El problema es que los niveles de ejecución son muy bajos, solo el 30% de las deducciones devengadas se ha hecho efectivo, según los datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF). Eso significa que las empresas no utilizan deducciones habilitadas cada año, lo que muestra que existen otras trabas que retraen a las empresas de utilizar estos incentivos. “Algunos aspectos del diseño de la deducción por inversión, como los topes máximos o el mantenimiento de plantilla, limitan su efecto potencial”, señala el estudio.

El sector público también tiene que realizar un proceso de reflexión y analizar las ineficiencias que genera su normativa a la hora de estimular la innovación en el tejido productivo. Como se ha visto, no es solo una cuestión de dinero, sino de un correcto diseño de los incentivos.