El Gobierno sacrifica la inversión para atajar el déficit: es la segunda más baja de Europa

El gasto corriente se ha convertido en la principal palanca de política económica del Gobierno. La subida de las pensiones, el sueldo de los funcionarios, la contratación de trabajadores públicos o la mejora de la protección a desempleados se ha llevado los escasos recursos disponibles para 2019. Para hacer hueco a estos gastos, la elección del Ejecutivo ha sido subir las cotizaciones sociales y recortar en otras partidas que generan menos resultados electorales, como la inversión. Según los últimos datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) publicados esta semana, en lo que va de año la inversión en capital del Estado se ha recortado un 6,2%, un ahorro de 270 millones de euros.

Si la partida destinada a Formación Bruta de Capital Fijo ya estaba bajo mínimos, con este nuevo golpe, España está condenada a cerrar el año entre los países de Europa con menor inversión pública. Según los datos de Eurostat, el peso de la inversión pública de España en 2018 fue del 2,1% del PIB. Esto significa que España es el segundo país de la eurozona con menor inversión pública, solo por delante de Portugal y empatada con Italia. Muy lejos quedan los años previos a la crisis, cuando el sector público destinaba algo más del 4,5% a la formación de capital. Ahora es menos de la mitad.

La brecha con la eurozona es el reflejo de las dificultades que tendrá el país para converger con los líderes del continente. Sin inversión, los datos de productividad difícilmente podrán mejorar, de hecho, la comparativa de España con el resto de socios europeos cada vez es más complicada. 2018 fue el primer año en el que la productividad del trabajo (PIB por ocupado) de España no fue superior al de la Unión Europea.

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El nivel de inversión pública en la eurozona alcanzó el 2,7% en 2018 y para el conjunto de la Unión Europea ascendió hasta el 2,9%. Una brecha que va camino de ampliarse este año si se tiene en cuenta el recorte de la inversión pública acumulado hasta septiembre. Esto significa que el sector público apenas tiene capacidad para movilizar recursos públicos y orientarlos hacia mejoras de la productividad. Con un déficit estructural anclado en el 2,5% del PIB, una deuda pública próxima al 100% y un gasto creciente en pensiones y salarios de los funcionarios, es complicado que el país encuentre margen fiscal para mejorar la inversión de forma significativa.

Las empresas compensan al Estado

Los pobres datos de inversión del sector público se compensan ligeramente con la inversión empresarial, que está por encima de la media europea. La Formación Bruta de Capital Fijo de las empresas ha crecido significativamente desde los mínimos de la crisis, lo que ha permitido mejorar la capacidad de producción del sector privado. En 2018 el nivel de inversión sobre el PIB alcanzó el 13,9%, el dato más elevado desde 2008.

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Gracias a este avance, el nivel de inversión empresarial española está ya un punto porcentual por encima de la eurozona y de la Unión Europea. Un dato positivo que, sin embargo, no está permitiendo mejoras de la productividad, ¿por qué? La respuesta hay que buscarla en los datos desagregados. La FBCF incluye también inversión en vivienda y construcción, un sector que ha crecido significativamente en los últimos años después de que se hundiera tras la crisis. Las rentabilidades de la inversión inmobiliaria han atraído inversión empresarial, pero eso no genera ganancias de productividad. Esto explica por qué con una inversión empresarial acelerada, la productividad española se mantiene a la baja.

En cuanto a los hogares, su inversión también ha mejorado en los últimos años, pero responde igualmente a la recuperación de la vivienda. En 2018 alcanzó el 3,4% del PIB, dos puntos por debajo del conjunto de la eurozona. Muy lejos quedan los años de la burbuja inmobiliaria, cuando las familias destinaban a la inversión el equivalente al 10% del PIB. Otro dato que evidencia que más inversión no significa mejoras de productividad cuando esta va dirigida a levantar edificios.

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En suma de todos los sectores, la inversión pública de España se situó al cierre de 2018 en el 19,4% del PIB. La brecha respecto a la eurozona es de un punto y medio del PIB. La aportación del sector empresarial permite a España superar a Italia, Chipre, Portugal, Luxemburgo y Eslovenia en formación bruta de capital fijo (y probablemente también a Irlanda, aunque sus datos todavía no están disponibles).