El BdE calcula que sin recortes las pensiones costarán un 2% más del PIB en 2030

Antes de ser gobernador del Banco de España (BdE), Pablo Hernández de Cos avisó en el Congreso de que hay que tomar una decisión para asegurar la sostenibilidad de las pensiones: o baja el gasto, o suben los ingresos de la Seguridad Social. Su sucesor como responsable del servicio de estudios, Óscar Arce, va por el mismo camino, y avisa en una presentación de que el gasto público se disparará hasta el 13% del PIB en 2030, el 14% en 2035 y el 16% en 2050. Es decir, muy por encima del 10,8% de 2018.

Esta proyección coincide con el consenso de previsiones de los últimos años. "La viabilidad social y financiera del sistema público de pensiones requiere reformas de calado", asegura el director general de economía y estadística del BdE, que añade que "previsiblemente, puede requerir ajustes tanto por el lado de los ingresos como de los gastos". Después de años de riesgo estructural por la caída de la tasa de empleo como consecuencia de la crisis, el desafío ahora es demográfico. Por lo pronto, el déficit de la Seguridad Social ha estado en torno al 1,5% del PIB en los últimos años, frente al superávit medio del 1,2% previo a la crisis.

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Estos números llevaron a las reformas de 2011 y 2013. La primera se aprobó con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, alargando la edad de referencia para la jubilación hasta los 67 años, y la segunda fue bajo el mandato de Mariano Rajoy, que aprovechó su mayoría absoluta para sacarla adelante sin consenso. En ella incluyó el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización, que dejaban de vincular el aumento de las pensiones a la inflación para hacerlo depender de la salud financiera de la Seguridad Social, con un mínimo del 0,25% que es el que se aplicó los primeros años. Pero con el retorno de inflación y el nuevo escenario de fragmentación en el Congreso, quedó en suspenso para recuperar la revalorización con el IPC.

En esencia, las dos reformas supusieron "un avance muy considerable en la sostenibilidad financiera dle sistema de pensiones", indica Arce, aunque "basado en una caída de la tasa de sustitución sustancial", que compara la pensión con el último salario. El descenso proyectado a futuro, por una caída del poder adquisitivo (la inflación se esperaba mayor que el índice de revalorización) era del 57,7% en 2016 hasta el 37,7% en 2050, frente a una caída prevista en la Unión Europea en el mismo periodo del 43,5% al 34,7%.

Finalmente, las pensiones mínimas y no contributivas se revalorizaron un 3% en 2018 y 2019, y el resto de pensiones contributivas un 1,7% en 2018 y un 1,6% en 2019. Si continúa esta tendencia, en ausencia de medidas adicionales, el Banco de España avisa de que "se estima que vincular nuevamente las pensiones al IPC aumentaría el gasto en, aproximadamente, 2 puntos porcentuales del PIB en 2030 y en más de 3 puntos porcentuales en 2050".

El problema radica en el aumento de la tasa de dependencia -personas que no están en activo frente a los activos- con el incremento de la esperanza de vida y la futura jubilación de la generación del 'baby boom'. La población mayor de 65 años como porcentaje de la población en edad de trabajar aumentará desde el 30% hasta una horquilla de entre el 50% y el 70% en 2050 según distintas proyecciones, que van desde la AIReF, que prevé un crecimiento de la población total hasta los 55 millones en 2048 por la atracción de inmigración neta, hasta cifras en torno a los 50 millones en esa fecha previstas por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y Eurostat.

El BdE, además, ve difícil que la tasa de empleo supere el 70% -actualmente está en el 64%-. Por lo tanto, el BdE cree necesaria una reforma de pensiones que incorpore en primer lugar las preferencias sociales sobre el grado de suficiencia (generosidad) del sistema para, después, "contar con mecanismos automáticos que garanticen el equilibrio financiero del sistema". Por otro lado, debe basarse en información clara y detallada de las obligaciones y derechos de los beneficiarios para poder planificar con suficiente anticipación.

Entre los ajustes que ve posibles el Banco de España, Arce cita tocar la edad efectiva de jubilación -64 años en la actualidad-, con ejemplos como Italia o Dinamarca, que la han ligado a la esperanza de vida. Por otro lado, eliminar el tope máximo de cotización tendría un potencial recaudatorio alto, señala Arce, pero también podría afectar negativamente a la demanda de trabajo y disparar el gasto en pensiones en el futuro, a no ser que se mantengan los límites actuales. Otra opción es incrementar la imposición, pero las cotizaciones sociales ya están por encima de la media europea y si se aplica a toda la población afectaría al carácter contributivo del sistema.

En cuanto al ahorro privado, el peso sobre el PIB de los fondos de pensiones alcanzó el 13,6% en 2017, lejos del 50% de media en la OCDE, debido a que en muchos países hay sistemas de capitalización o mixtos, incorporando parte de capitalización y parte de reparto. "Un cambio en la composición del ahorro, desde activos inmobiliarios a activos financieros (más líquidos) podría contribuir", arguye Arce, aunque los incentivos fiscales tienen una capacidad limitada en generar nuevo ahorro y se favorecen sólo a las clases más altas.