Cuatro décimas menos que en 2018

El peso del gasto público cae al 41,3% del PIB con la menor partida de sanidad desde 2007

Los nuevos recursos se están destinando básicamente a pagar pensiones y mejorar el salario de los funcionarios. El Gobierno reconoce que el déficit estructural subirá una décima, hasta el 2,6%

Foto: 'Marea blanca' en Barcelona contra los recortes en Sanidad el pasado mes de diciembre. (EFE)
'Marea blanca' en Barcelona contra los recortes en Sanidad el pasado mes de diciembre. (EFE)

El ajuste del gasto público sigue su curso. Es un ajuste silencioso, porque no se reduce el montante total de gasto, pero sí cae su peso en el PIB. El Ministerio de Hacienda estima que el peso del gasto en el PIB se reducirá este año hasta el 41,3%, el dato más bajo desde 2017 y el segundo más bajo desde el estallido de la crisis económica. Así figura en el Plan Presupuestario que remitió el Gobierno en funciones a la Comisión Europea el martes. Esto significa que España se aleja cada vez más de la media de la eurozona, donde el gasto público supera ampliamente el 46% del PIB.

Este 'ajuste suave' ha sido el resultado de la prórroga presupuestaria obligada por el rechazo del Congreso a los Presupuestos del Gobierno de Pedro Sánchez. Las cuentas de Cristóbal Montoro siguen forzando un ajuste del déficit por la vía del gasto y el Gobierno de Pedro Sánchez no ha querido cambiar esta tendencia. El único margen presupuestario que ha tenido el Ejecutivo este año lo ha destinado a subir las pensiones, el salario de los funcionarios y la protección al desempleo. Estos han sido los colectivos beneficiados y probablemente volverán a serlo en 2020, ya que el Gobierno ha anunciado una subida del gasto en pensiones del 0,9% y del salario de los trabajadores públicos un 2%. Por el momento, nada de mejoras de la educación y la sanidad, rúbricas en las que España sigue muy lejos de la media europea.

Una de las partidas sacrificadas es la de sanidad, que en 2019 reducirá su peso en el PIB hasta el 5,9%. Será la primera vez desde 2007 en que el gasto público sanitario no alcance el 6%, lo que consolida los recortes en esta partida realizados durante la crisis. Esto significa que España sigue a un punto de la media europea en gasto sanitario. El peso de la sanidad sobre el gasto público total también se está reduciendo en 2019, pasando del 14,6% de 2018 al 14,4%.

La mayor parte de las competencias en sanidad están transferidas a las comunidades autónomas, que son quienes han ejecutado una buena parte de los recortes. Las regiones todavía están obligadas a reducir su déficit público, de modo que tienen un margen presupuestario escaso para elevar el gasto en sanidad. Además, la mayor parte de sus nuevos recursos irá destinada a subir el salario de sus trabajadores públicos, lo que elimina cualquier posibilidad de mejorar la financiación sanitaria.

El Gobierno ya anunció en su Programa de Estabilidad 2019-2022 que para mejorar las partidas de sanidad y educación era necesario abordar una reforma de la financiación autonómica que dote de más recursos a las administraciones territoriales. El bloqueo político ha pospuesto 'sine die' esta reforma. La partida de educación se mantiene congelada en el 4% del PIB, según las estimaciones de Hacienda. El esfuerzo destinado a financiar la educación lleva estancado cuatro años y se trata de su cifra más baja desde 2007. Esto significa que el gasto en educación será casi cuatro veces inferior al gasto en pensiones.

[La pifia del FMI con la previsión de crecimiento de España]

Además de la subida de las pensiones y el salario de los funcionarios, el Gobierno ha incorporado al Plan Presupuestario algunas de las medidas propuestas por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) para eliminar bonificaciones a la contratación que no son eficientes. Estas medidas proceden de la revisión del gasto público ('spending review') que está realizando la AIReF para identificar partidas de gasto que son ineficientes. Aunque el Gobierno no detalla esta reorganización de los incentivos a la contratación, si que ha estimado su impacto en 500 millones de euros, que irán directamente a mejorar la recaudación de la Seguridad Social.

Sube el déficit estructural

El Ministerio de Hacienda mantiene su previsión de cerrar el ejercicio con un déficit público del 2%, lo que supondría una reducción equivalente a cinco décimas del PIB. Esta previsión es claramente más optimista de la que mantienen los principales analistas, pero en julio recibió el aval de la AIReF, que, junto con el Gobierno, ES la institución que tienenmás y mejor información sobre la ejecución presupuestaria.

Si se cumple esta previsión, significará que España logrará su primer superávit primario (antes del pago de los intereses de la deuda) desde 2007, con un saldo positivo equivalente al 0,2% del PIB. Sin embargo, el Gobierno reconoce que toda la mejoría se debe al ciclo económico y que, sin esa contribución del crecimiento, el déficit estructural subiría al 2,6% este ejercicio, una décima más que en 2018.

En cualquier caso, esta cifra del saldo estructural no deja de ser una estimación delicada y que está muy influida por el cálculo del crecimiento potencial de la economía. El Ministerio de Economía defiende en el Plan Presupuestario que el crecimiento potencial del PIB está mejorando gracias a la reducción del paro estructural. Una lectura que encajaría con la divergencia entre el PIB y el empleo que se está apreciando en los últimos trimestres, en los que el mercado laboral es más dinámico que la actividad. Economía estima que el crecimiento potencial de la economía española ha alcanzado el 1,3% este ejercicio y avanzará hasta el 1,5% en 2020. Esto significa que podría ser necesario revisar las cifras del déficit estructural.

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