La tarjeta monedero del Gobierno para personas vulnerables arranca entre dudas: "Es un caos"

La tarjeta monedero para personas vulnerables, impulsada por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, arranca entre dudas y con un horizonte difuso. Diferentes comunidades autónomas alertan ya de que su puesta en marcha no será inmediata y que no cumplirá los plazos marcados por el Gobierno, que inicialmente apuntaba al 1 de mayo, porque apenas disponen de tiempo para identificar y seleccionar a los potenciales beneficiarios y porque todavía quedan problemas por resolver. "Es un caos. Va a ser muy difícil que podamos empezar como estaba previsto", apuntan desde uno de los territorios.

El ministerio, que dirige Pablo Bustinduy (Sumar), anunció la semana pasada que el sistema ya está en marcha y que ahora son las comunidades quienes deben hacer un cribado para determinar quién recibe la prestación, que consiste en una tarjeta para gastar en supermercados y evitar así las llamadas 'colas del hambre'. Pero nada más lejos de la realidad. Los gobiernos autonómicos consultados denuncian la falta de organización y el escaso margen de maniobra para desarrollar la medida en colaboración con la Cruz Roja, adjudicataria de este servicio.

El principal problema está en la cobertura territorial. El Gobierno estima que 70.000 familias podrían beneficiarse de la tarjeta monedero, pero su implantación es compleja, especialmente en pequeños municipios. Las fuentes consultadas señalan que muchos ayuntamientos ni siquiera tienen capacidad para hacer este trabajo, sin una orden centralizada, y que la coordinación con las comunidades autónomas está lejos de lo esperado. "Falta orden", añaden, mientras trabajan contra el reloj.

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El propio Bustinduy reconoció este viernes las dificultades para implantar la medida. "Es normal que en una fase de transición como la actual surjan dificultades", declaró en una entrevista en Canal Sur, donde mostró confianza en que los próximos meses sirvan para ajustar el sistema. El Ministerio, no obstante, descarga la responsabilidad en este momento en las comunidades, a quienes insta a cumplir con su parte.

"El Gobierno ya ha cumplido su compromiso de que el sistema de tarjetas estará habilitado para este mes de abril. Ahora son las comunidades autónomas las que tienen la responsabilidad, en el ámbito de sus competencias, de identificar a las familias potenciales beneficiarias para derivarlas a Cruz Roja", dicen en Derechos Sociales, que aseguran que los territorios han sido informados del proceso durante dos años. "Si hay comunidades que empiezan el reparto más tarde, serán esas comunidades las que tendrán que explicar a qué se debe ese retraso", añaden.

Contra el reloj

Los ejecutivos regionales hacen un diagnóstico muy diferente. En primer lugar, porque la falta de previsión es una constante desde hace meses, sin contar con un marco de actuación que determine quién y cómo se reparten las ayudas. Como informó este diario, así lo han advertido gobiernos de todo signo político, como PP, PSOE o el PNV. Y en segundo término, porque todavía no han resuelto las dudas planteadas en las últimas reuniones, tanto con el ministerio como con Cruz Roja.

La consejera del ramo de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, envió este jueves una carta a Pablo Bustinduy para solicitar una reunión extraordinaria del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. "No es casualidad que todavía no se haya puesto en marcha el sistema anunciado, aunque su departamento lo haya publicitado en una nota de prensa. Es más, tras la reunión, el pasado viernes, del grupo de trabajo técnico formado por las CCAA y su ministerio para tratar precisamente este asunto, quedaron patentes las enormes dificultades que impiden dar comienzo a la implantación del nuevo modelo", dice en la misiva, que recuerda cómo la Federación Española de Municipios y Provincias ha puesto de manifiesto las dificultades para implantar la tarjeta en siete de cada ocho municipios.

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En Aragón hacen un análisis similar. El Ejecutivo de Jorge Azcón (PP) señala que, tras las reuniones con Cruz Roja, ven complicado arrancar en el calendario marcado por el ministerio. "Hemos recibido por fin el listado de supermercados, pero la parte de triangular el reparto de tarjetas y seleccionar a las familias no ha podido empezar hasta no haber resuelto todas las dudas que había en torno a la protección de datos y que ya expusimos varias comunidades. Los papeles los hemos tenido esta misma semana y ahora los servicios jurídicos tienen que trabajar la documentación", apuntan en la consejería de Asuntos Sociales aragonesa.

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha hecho el anuncio, pero ninguno de los gobiernos autonómicos ha puesto en marcha todavía la medida. Tampoco los controlados por el PSOE, como Castilla-La Mancha o Navarra, aunque aseguran a este periódico que será "inminente". "No tardaremos en tener todo listo", dicen en el Ejecutivo de María Chivite, aunque no aventuran ninguna fecha concreta.

La polémica rodea a la tarjeta monedero desde su anuncio. La crítica trasciende del juego político y los agentes sociales también han alertado de los fallos en el nuevo sistema, al dejar fuera a buena parte de los posibles beneficiarios. La Federación Española de Bancos de Alimentos, como publicó El Confidencial, calcula que cerca de 350.000 familias en situación de vulnerabilidad se quedarán sin la asistencia que recibían hasta la fecha. La iniciativa, que aspira a cubrir las necesidades básicas y alimenticias de familias con niños o adolescentes a su cargo, recae en Cruz Roja.