CCAA y Banco de Alimentos alertan de los fallos de la tarjeta para vulnerables del Gobierno

La tarjeta monedero anunciada por el Gobierno del PSOE y Sumar ha sembrado de dudas el sistema de ayudas a personas vulnerables. Comunidades autónomas de todo signo político y entidades sociales como el Banco de Alimentos alertan de los fallos y lagunas que presenta el modelo previsto por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Critican la falta de información sobre su aplicación y advierten ya de que no será suficiente para cubrir todas las necesidades, con un riesgo real de que miles de personas queden fuera de estas prestaciones. "Vamos a ciegas, no nos han aclarado nada y hay muchas dudas", indican.

Ninguna de las comunidades consultadas sabe nada al respecto. La incertidumbre es total, con independencia del Gobierno de turno. Ni los gobiernos del PP, ni los del PSOE, ni el PNV cuentan con directrices o un protocolo marco para poner en marcha la medida. "Han hecho el anuncio, pero a nosotros nadie nos ha comunicado cómo se va a implantar. Ni quién puede acogerse, ni qué establecimientos, ni nada", señalan a El Confidencial desde la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, en manos del PP.

La consejera del ramo en Madrid, Ana Dávila, envió una carta al ministerio para aclarar todas las dudas sobre la tarjeta. Especialmente qué va a pasar con las familias que, en principio, quedarán sin asistencia. "El Ministerio de Derechos Sociales va dos años tarde, incumpliendo sus propios compromisos, y ahora saca por emergencia un contrato para cubrir el periodo de abril a diciembre con una tarjeta provisional que va a dejar fuera al 70% de las personas vulnerables que ahora acuden a los bancos de alimentos", declaró Dávila esta semana. Es la misma reflexión que hacen en Andalucía, Murcia, Valencia o Castilla-La Mancha.

El departamento que dirige Pablo Bustinduy (Sumar) comunicó esta semana un cambio sustancial en el modelo de ayudas de alimentación, con la intención de acabar con las bautizadas como "colas del hambre". El Ejecutivo aprobó en el Consejo de Ministros un sistema de tarjetas monedero, similar al que ya se implantó en Andalucía o en la ciudad de Madrid, para familias con hijos en situación de pobreza, sustituyendo las cestas de alimentos. La estimación del Gobierno es que en torno a 70.000 familias se beneficien de la medida, con el requisito de que los ingresos por unidad de consumo no superen el 40% de la renta mediana nacional.

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Derechos Sociales plantea la medida a siete años vista, con una partida de 660 millones de euros financiada con fondos europeos. El Gobierno, no obstante, ha activado el proceso por vía de urgencia con una subvención directa a Cruz Roja para cubrir las ayudas entre abril y diciembre de este año. Y es ahí donde empiezan los problemas. Fuentes del ministerio explican que los servicios sociales de las comunidades autónomas serán quienes identifiquen y valoren las familias susceptibles de recibir las tarjetas para comprar en supermercados, que oscilan entre los 130 y los 220 euros al mes. Pero nadie ha recibido ninguna instrucción.

La consejera andaluza de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad, Loles López, cifra en 280.000 las familias vulnerables que quedan en el limbo. "Ha hecho oídos sordos", subrayó López en referencia a las advertencias de la Junta al ministerio. En Murcia, donde tampoco disponen de información, calculan que 16.000 familias de la región quedarían desamparadas. La pregunta que todos se hacen es qué va a pasar con todas las familias sin hijos pero con problemas. "Ha adoptado una medida que limita y expulsa de la asistencia básica de reparto de alimentos a aquellos perfiles que anteriormente sí podían acceder, como por ejemplo personas con discapacidad, en situación de dependencia, con ingresos insuficientes o con hijos e hijas mayores de 18 años a su cargo y en situación de vulnerabilidad", añade la consejera de Servicios Sociales, Igualdad y Vivienda de la Generalitat valenciana, Susana Camarero.

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La crítica de los territorios gobernados por el PP es unánime, pero el rechazo es extensible a las gestionadas por el PSOE. El Ejecutivo de Emiliano García-Page, el barón socialista más crítico con Pedro Sánchez, ahora enfrentados sin disimulo, eleva la misma queja. En Castilla-La Mancha no han recibido ninguna instrucción o documento para la aplicación y gestión de la tarjeta. Ni para el periodo entre abril y diciembre de 2024 ni para los años siguientes. Su principal incertidumbre remite a las personas vulnerables en zonas rurales y de menor población, donde no hay grandes supermercados. "Teniendo en cuenta que es una región rural, con gran dispersión territorial, donde dos millones de habitantes están repartidos en 919 municipios, consideramos que es fundamental que tengan acceso a la tarjeta tanto las personas que viven en una capital como las que lo hacen en pequeños pueblos", explican fuentes del Gobierno autonómico.

En Euskadi, donde gobierna el PNV, aplauden la medida porque ellos mismos implantaron este sistema el año pasado, con una partida de 3,6 millones de euros a Cruz Roja para el mismo propósito. Sin embargo, también reclaman un marco de actuación. "Estamos a la espera de recibir información. Pedimos al Estado español que nos aclare los criterios de a quién y cómo se reparten las ayudas", apuntan.

Críticas de agentes sociales

La realidad es que la preocupación trasciende el juego político. Las entidades sociales hacen la misma lectura y trasladan su preocupación por saber qué pasará con todas las personas que no entran en el marco de familias con hijos menores, desde mayores a parejas en exclusión.

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Carlos Rocha. Sevilla Fotografía: Aníbal González

La Federación Española de Bancos de Alimentos, que queda fuera de la ecuación, cuestiona que este nuevo modelo sea tan efectivo como ha planteado Sumar, al "poner en riesgo" su labor. "Estimamos que este nuevo sistema dejará desprotegidas a más de 350.000 familias que no cumplen con los criterios que determina la ley y a cientos de miles de personas que se ven obligadas a acudir a un centro de distribución de alimentos, personas sin hogar, con ingresos bajos, inmigrantes sin documentación", declaró el presidente de la federación, Pedro Llorca, tras conocer el anuncio.

La tarjeta monedero del Ministerio de Derechos Sociales no es una novedad. La medida ya fue implantada en la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Madrid bajo gobiernos del PP. Como ahora, también fue con polémica. El reproche mayoritario en la capital fue que excluía a los receptores de otras prestaciones como el ingreso mínimo vital, algo que José Luis Martínez-Almeida acabó corrigiendo. En el caso de Andalucía, el PSOE, socio de Sumar en el Gobierno, calificó la iniciativa de "caridad".