El Gobierno copia ahora las tarjetas monedero que el PSOE calificó de "caridad"

El Gobierno ha aprobado en el Consejo de Ministros la puesta en marcha de un sistema de tarjetas monedero, canjeables en supermercados, para ayudar a las familias vulnerables con hijos a sufragar sus gastos cotidianos. La medida se articula como un real decreto que desemboca en una subvención directa a Cruz Roja, que será la organización que gestione esta iniciativa, con un presupuesto para 2024 de 100 millones de euros. Las ayudas beneficiarán a 70.000 familias, según estiman desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que dirige Pablo Bustinduy, y van desde los 130 a los 220 euros al mes en función del tamaño del hogar.

Esta nueva fórmula, según ha defendido el dirigente de Sumar, servirá "para que las familias dejen de ir a las colas del hambre". Supone un cambio respecto al modelo de cestas de alimentos, que estaban en manos de los bancos de alimentos, entidades que ya han puesto reparos al cambio. Pero resulta llamativo que el Ejecutivo de coalición opte ahora por un sistema que los partidos que lo forman criticaron en el pasado. El modelo de tarjetas monedero ya lo pusieron en marcha administraciones locales y regionales, algunas en manos del PP, como el Ayuntamiento de Madrid o la Junta de Andalucía.

Hace casi cuatro años, cuando el Gobierno de Juanma Moreno activó este modelo, también con la Cruz Roja como intermediaria, los socialistas se mostraron muy críticos. El presidente de la Diputación de Jaén y líder provincial del PSOE, Francisco Reyes, aseguró que el Ejecutivo popular prefería "desmontar el sistema público de atención social y devolvernos a las épocas de la caridad y la beneficencia" al aplicar este sistema de tarjetas monedero. La crítica del dirigente socialista también iba encaminada al "antimunicipalismo" del PP, ya que consideraban los socialistas que el modelo dejaba fuera del sistema de servicios sociales de los ayuntamientos la atención a las familias más vulnerables.

En el Ayuntamiento de Madrid, los socialistas también criticaron el papel en el que quedaban las entidades sociales al activarse esta fórmula que ahora abraza el Ejecutivo. Una tesis que también manejaron en el PSOE andaluz quienes acusaron al Gobierno de Juanma Moreno de atacar "las responsabilidades que tienen los ayuntamientos en esta materia y a los propios profesionales de los Servicios Sociales".

TE PUEDE INTERESAR

Chocar con el muro del IMV: "¿Dónde voy yo sola con mi niña y una ayuda de 85 euros?"

Carlos Rocha. Sevilla Fotografía: Aníbal González

La idea es ofrecer alimentos y otros productos básicos de primera necesidad que podrán comprar con las tarjetas monedero en los establecimientos que se adhieran al programa. La financiación llega de Bruselas, desde el Fondo Social Europeo Plus, y corresponderá al tramo que depende de la Administración General del Estado. En 2025, la gestión quedará en manos de las comunidades autónomas, aunque los fondos seguirán siendo aportados desde el Gobierno central con su parte de las ayudas europeas.

La gestión transitoria del Gobierno es calcada a la de la Junta de Andalucía incluso en la cesión de la gestión en 2024 a Cruz Roja Española, "una entidad con implantación territorial y experiencia suficiente", según indican en la nota remitida desde el Ministerio de Derechos Sociales. Esta medida es la segunda en poco tiempo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez anuncia y que tiene precedentes en gobiernos populares. El propio presidente, en la convención socialista celebrada en A Coruña entre el 19 y el 21 de enero, avanzó un plan de 500 millones para mejorar la enseñanza de las matemáticas y la comprensión lectora.

Juanma Moreno, el lunes en Onda Cero, criticó al mandatario socialista por llegar "tarde y mal" y acusó a Sánchez de tomar esta decisión como respuesta a los malos datos del informe PISA. El barón popular aludió también a la Lomloe, la ley aprobada por el actual Gobierno bajo el mandato de Isabel Celaá en el Ministerio de Educación. Con el margen que tienen las comunidades autónomas, el Ejecutivo andaluz aprobó un aumento de las horas lectivas de matemáticas, que crecieron en 105, y también en lectura obligatoria, una asignatura que se incluyó en el currículo con 2,5 horas semanales. Estas medidas se aplican tanto en Primaria como en Secundaria, las etapas obligatorias del sistema público de educación.

El plan de Sánchez tiene tres objetivos que van desde reducir las ratios de las clases para mejorar la atención que se presta al alumnado, algo que pasa por la contratación de más docentes a pesar de que la Educación es una competencia transferida a las comunidades autónomas. Los profesores de refuerzo se centrarán en los alumnos con dificultades y podrán prestar apoyo incluso fuera del horario escolar. También habrá planes de formación para el profesorado en materia de matemáticas, una medida que también está ya entre las que ha tomado la Junta de Andalucía.