Los españoles que no pueden calentar su hogar se duplican con el Gobierno de coalición

El número de familias españolas que no pueden calentar su hogar se ha duplicado desde la llegada al Gobierno de la coalición formada por el PSOE y Unidas Podemos (ahora Sumar). Así lo corrobora el tercer Informe de indicadores de pobreza energética en España, elaborado por la Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad de Comillas, correspondiente a 2022. El año pasado, el peor de la crisis energética, supuso un duro impacto para muchos hogares, debido a los récords de los precios de la luz y el gas, que las políticas de apoyo a las familias —el llamado escudo social— solo ha podido amortiguar en parte. Pero el empeoramiento de los principales indicadores no es un hecho aislado: ya viene de los años anteriores, marcados por la pandemia de coronavirus (2020) y el inicio de la espiral de precios (2021).

Llueve sobre mojado, y el Gobierno de coalición, que prometió acabar con la lacra de la pobreza energética, no ha sido capaz de hacer frente a este contexto complicado. Tanto, que en 2022 el porcentaje de familias con una "incapacidad declarada" para mantener una temperatura adecuada en su vivienda durante los meses de invierno ascendió al 17,1%, 2,8 puntos más que el año anterior y su máximo de la reducida serie histórica, que empieza en 2019. Entonces, antes de la irrupción del coronavirus y la guerra en Ucrania, esta cifra se situaba en el 7,6%. En otras palabras: en solo tres años, los primeros de la pasada legislatura, el número de españoles que no pueden calentar su casa se disparó un 125%.

"El año 2022 ofrece una perspectiva de la pobreza energética que no puede verse con optimismo", afirman José Carlos Romero Mora, Roberto Barrella y Efraim Centeno Hernáez, los autores del informe. Esto es debido a que todos los indicadores se han estabilizado o han empeorado respecto al año pasado, salvo uno: el del gasto desproporcionado basado en un ingreso mínimo estándar. En 2021, el 14,6% de las familias españolas tenía unos desembolsos excesivos en energía conforme a este parámetro, 1,5 puntos menos que el año pasado. Según se apunta en el informe, la mejoría se debe al incremento de los ingresos de las familias con menor renta. Con toda seguridad, esta es debida a las revalorizaciones del salario mínimo o las pensiones no contributivas.

Pero se trata de un espejismo. Otras políticas del Gobierno no han sido tan efectivas en un contexto de gran dificultad. "El incremento extremo de los precios ha consolidado tendencias de reducción del gasto, que, por otro lado, parecen haber sido compensadas solo parcialmente por el escudo social", aseguran los expertos. Un ejemplo es el indicador del gasto desproporcionado, que recoge el porcentaje de familias con un desembolso energético dos veces superior a la mediana nacional (la distribución que deja por abajo y por encima el mismo número de hogares): se incrementó 1,6 puntos en 2022, hasta el 16,8%. En 2019, apenas superaba el 15%.

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La otra cara de la moneda, el gasto insuficiente —quienes desembolsan menos de la mitad de la mediana nacional—, empeoró 1,7 puntos, hasta alcanzar el 11,8%, ligeramente por encima de los registros previos a la pandemia. Y los niveles de morosidad también continuaron elevados, pese a experimentar un leve retroceso en 2022, hasta el 9,2%. En 2019, solo el 6,6% de las familias declaraba retrasos en los pagos.

"El aumento en los costos de la energía no solo afectó el presupuesto de los hogares, sino que también limitó la capacidad de las personas para mantener su acceso a servicios energéticos asequibles", concluye el informe. A la espera de conocer las estadísticas oficiales del Gobierno, que se publicarán antes de final de año, los investigadores de Comillas muestran una realidad muy complicada para muchas familias. Pese a sus promesas, el Ejecutivo no ha sido capaz de hacer frente a las peores circunstancias desde los años setenta del siglo pasado.