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La pobreza energética se dispara el primer año de PSOE-UP, antes del récord de la luz
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INFORME PUBLICADO EN NOCHEVIEJA

La pobreza energética se dispara el primer año de PSOE-UP, antes del récord de la luz

Los principales indicadores empeoraron un 45% en 2020 y se alejan de los objetivos marcados por el Gobierno. El 11% de las familias no puede calentarse en invierno

Foto: Manifestación contra la pobreza energética, en Madrid. (EFE/Kiko Huesca)
Manifestación contra la pobreza energética, en Madrid. (EFE/Kiko Huesca)
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El Gobierno ya había perdido el control de la pobreza energética incluso antes de que estallase la crisis inflacionista y su sucesión de récords en el precio de la luz. Tras un confinamiento durísimo y a las puertas de un 2021 turbulento en los mercados del gas y la electricidad, los hogares españoles cerraron 2020 con más dificultades para calentar sus casas que en 2017, el punto que toma como referencia la estrategia nacional lanzada por el presidente Pedro Sánchez apenas 10 meses después de llegar al Palacio de la Moncloa.

La revisión anual de los indicadores, publicada el pasado viernes por el Ministerio de Transición Ecológica, cuestiona una de las banderas del Ejecutivo. Durante el primer ejercicio de la coalición gubernamental entre el PSOE y Unidas Podemos, el 10,9% de las familias sufrió el invierno con una temperatura inadecuada en sus casas, tres puntos más que el año anterior, mientras que el 9,6% tuvo que retrasar el pago de facturas de suministros, 3,3 puntos más. Ambos indicadores se disparan un 45% desde 2019, cuando Pablo Iglesias todavía no se sentaba en el Consejo de Ministros y se presentaba a las elecciones con un programa electoral que prometía acabar con esta lacra.

España es el sexto país del club comunitario con mayor pobreza energética

Estas cifras son muy similares a las publicadas el pasado noviembre por Eurostat, la oficina estadística de la Comisión Europea, que sitúa España como el sexto país del club comunitario con mayor pobreza energética. Hungría y Polonia, por ejemplo, afrontan una realidad más llevadera. En el caso de los problemas para abonar recibos, se trata de la peor situación desde que existen estadísticas, por encima del guarismo de 2014 y más del doble que en 2008, en los albores de la Gran Recesión.

Los datos de 2020 corresponden a un momento de grave crisis económica, que contrasta con la reapertura de la actividad de los últimos meses, pero nada hace presagiar que vayan a mejorar al calor de la incipiente recuperación. Más bien al contrario: las familias españolas ya veían aumentar su pobreza energética en un momento en que la inflación estaba en registros negativos, mientras que ahora avanza en máximos de tres décadas, impulsada, precisamente, por los precios de la luz y el gas. Según la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), un hogar medio acogido a la factura regulada pagó 945 euros en 2021, frente a los 675 de 2020. Es decir: un sablazo del 41%.

Más allá de la coyuntura, el panorama resulta desolador si se mira al largo plazo. Los propios objetivos de la estrategia nacional se ven gravemente comprometidos por los datos conocidos este viernes. El plan establece que todos los indicadores deben reducirse en al menos un 25% para 2025 en relación con 2017, aunque el objetivo es que lo hagan en un 50%. Pero el traspié de 2020, tras un 2019 de ligero alivio, supone un paso atrás que las tensiones inflacionistas de 2021 pueden convertir en irreversible.

En vez de mejorar, los dos principales datos empeoran, precisamente alrededor de un 25%, respecto al punto de referencia. Para que el plan de Transición Ecológica llegase al mínimo marcado, en 2025 los hogares con dificultades para calentarse o pagar las facturas tendrían que rebajarse prácticamente a la mitad; para que lograse su objetivo, el descenso debería ser de al menos un punto por año. Pero primero hay que revertir la tendencia. En el contexto energético actual, marcado por los continuos récords del gas y de la luz, esto se antoja una quimera.

Foto: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. (EFE/Juan Carlos Hidalgo)

La pobreza energética de los españoles ha aumentado desde que existe un plan para combatirla y gobierna un Ejecutivo que ha prometido hacerlo. Y antes, incluso, de que estallase la crisis de la electricidad, que puede malograr el esfuerzo de la coalición durante la legislatura, con medidas como el bono social o la extensión de la moratoria del corte de los suministros básicos —en un principio prevista solo durante el primer estado de alarma— hasta el 28 de febrero de 2022. Esta última es la única referencia a la pobreza energética que se recogía en el acuerdo entre Sánchez e Iglesias, por lo que el Ejecutivo ha cumplido su compromiso, pero sin solucionar el problema de fondo.

Lo que hoy es un problema transversal, en 2020 se focalizaba en sectores marginados

La preocupación social, que el Gobierno ha tratado de amortiguar con un paquete fiscal de 4.000 millones de euros y ciertos malabarismos para cuadrar el compromiso de que la factura de 2021 sea más barata que la de 2018, no cesa. La subida de la luz ya es uno de los principales problemas para el 7,2% de los españoles, según el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de noviembre. Pero lo que ahora supone un problema transversal, que ocupa portadas de periódicos y debates parlamentarios, en 2020 se focalizaba en los sectores sociales marginados.

El presupuesto familiar aguanta

La situación deflacionista de la primera fase de la pandemia, marcada por el confinamiento y la recesión económica, explica que los indicadores relacionados con el presupuesto familiar no tuviesen una evolución tan negativa. Así, el porcentaje de hogares con un gasto desproporcionado en energía apenas aumentó una décima respecto a 2019, hasta situarse en el 16,8%. La pobreza energética escondida, que incluye aquellos hogares que pagaron poco tras reducir el consumo por causas económicas, afectó al 10,3% de las familias, tres décimas menos que el año anterior. Ambos guarismos mejoran respecto a 2017, pero aún se encuentran muy lejos de los objetivos marcados por la estrategia nacional.

Foto: Foto: iStock.

La divergencia entre la evolución de unos indicadores y otros también podría deberse a una cuestión técnica. Tanto el porcentaje de hogares que no se pueden calentar como el de los que tienen problemas para pagar las facturas hacen referencia a una percepción de los propios entrevistados, ya que parten de las respuestas subjetivas de la 'Encuesta de condiciones de vida' del Instituto Nacional de Estadística (INE). En cambio, el gasto desproporcionado y la pobreza energética escondida son datos cuantitativos, que proceden de la 'Encuesta de presupuestos familiares' del propio INE.

¿Realmente se está disparando la pobreza energética o hay una situación de psicosis que hace que muchos tengan esa sensación? Cualquier matiz válido para 2020 quedó sepultado en 2021 bajo las toneladas de nieve que dejó Filomena y las pilas de periódicos con titulares sobre los récords de la luz. El Gobierno confía en que a partir de abril empiece a mejorar la situación, pero antes queda otro duro invierno por delante para miles de familias españolas.

Una comunicación poco transparente

El Ejecutivo ha comunicado la última actualización de los indicadores de una forma poco transparente. A diferencia del positivo informe de 2019, que se remitió un jueves y fue recogido por la mayoría de los medios de comunicación, el documento de 2020 se envió a los periodistas la jornada de fin de año a mediodía, festivo según el convenio de la prensa, ya que el 1 de enero no se distribuyen diarios en papel. Además, el lunes la nota todavía no aparecía en la página web de Transición Ecológica, y solo se subió después de que este medio contactase con el ministerio.

Fuentes del departamento de Teresa Ribera han atribuido este hecho a que el 31 de diciembre no había ningún técnico disponible para hacer el volcado en internet, pese a que el lunes ya se podían leer otras publicaciones más recientes. El Confidencial ha pedido por escrito una explicación oficial sobre este hecho que de momento no se ha producido.  

Varios agentes sociales, entre ellos el sindicato UGT, habían reclamado el informe durante las últimas semanas. La estrategia nacional, aprobada en abril de 2019, establece que la actualización debe salir a luz antes del 15 de octubre, por lo que el Gobierno ha llegado con retraso, al igual que el año pasado, cuando se publicó por primera vez.

Pero este no es el único compromiso que incumple el Ejecutivo: ni aporta los datos desde 2014 ni establece la comparativa con otros países europeos. Según Eurostat, El 11,1% de los hogares españoles no pudieron calentar sus casas en 2020, 3,4 puntos más que el año anterior. 

El Gobierno ya había perdido el control de la pobreza energética incluso antes de que estallase la crisis inflacionista y su sucesión de récords en el precio de la luz. Tras un confinamiento durísimo y a las puertas de un 2021 turbulento en los mercados del gas y la electricidad, los hogares españoles cerraron 2020 con más dificultades para calentar sus casas que en 2017, el punto que toma como referencia la estrategia nacional lanzada por el presidente Pedro Sánchez apenas 10 meses después de llegar al Palacio de la Moncloa.

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